Pide la CNDH demanda penal a secretarios del Consejo de Seguridad que no acataron un laudo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador Ángel Aguirre Rivero, en la que le pide su colaboración para la presentación de demandas penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de un ex y el actual secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
También le pide que “colabore ampliamente” para que el mismo organismo nacional presente otra demanda en contra de una institución bancaria y una queja ante la Contraloría del Estado, en contra del ex y el actual secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, por negarse a cumplir un laudo laboral a favor de dos ex trabajadores de esa dependencia.
La recomendación  es la 38/2013 y fue emitida el 15 de octubre, y a partir de esa fecha el organismo nacional dio un plazo de 15 días hábiles, para que dé respuesta  de la aceptación a la recomendación.
La demanda penal ante la Procuraduría de Justicia estatal y la queja ante la Contraloría del Estado, serían en contra del secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Salvador Jiménez Miranda, así como en contra del ex secretario ejecutivo, Víctor Hugues Acosta,  a quienes responsabiliza la CNDH de incumplir con un laudo a favor de dos trabajadores de ese Consejo de Seguridad.
El ex y el actual secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad también rechazaron la recomendación 87/2012 que había emitido en primera instancia la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), que recomendó la ejecución del laudo.
El laudo implica la cantidad de un millón 652 mil 851 pesos, por concepto de indemnización, salarios caídos, salarios devengados, vacaciones, prima vacacional, así como 100 días de salario por cada año de servicio.
Sin embargo el actual secretario ejecutivo, primero incumplió con el pago del laudo, después no aceptó la recomendación de la Codehum y, a la postre, cuando estaba por ejecutarse el embargo, autorizó una transferencia de los recursos del Consejo a otra cuenta para impedirlo.
Los dos ex trabajadores, de quien la CNDH protege su identidad como lo establece la Ley que rige al propio organismo, recurrieron al organismo nacional debido a que en el estado habían agotado todas las instancias.
En el expediente de la CNDH se señala que, incluso, “el Consejo estatal agotó todos los recursos legales para impugnar el laudo y sin embargo a la fecha se niega a cumplirlo; por ello, los afectados solicitaron la intervención de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero”, que emitió la recomendación 87/2012, por la inejecución del laudo, al secretario ejecutivo del mencionado Consejo de Seguridad Pública, “autoridad que no la aceptó”.
Ante ello, los agraviados presentaron recurso de impugnación por la no aceptación de tal pronunciamiento, por lo que la CNDH investigó el caso y determinó que la recomendación de su homóloga estatal está debidamente fundada y motivada, y debió ser cumplida por el Consejo Estatal de Seguridad de Guerrero, “pues lo contrario se debe interpretar como una actitud de desprecio a la cultura de la legalidad  y seguridad jurídica, además de una falta de colaboración en la tarea de la protección no jurisdiccional de los derechos humanos.
Luego de investigar, la CNDH pidió al gobernador que gire instrucciones para que se dé cumplimiento  a la recomendación 87/2012 de la Comisión Estatal.
Solicitó que colabore ampliamente en el inicio, presentación y seguimiento de la queja y denuncia de hechos que este organismo público formule ante la Contraloría del estado de Guerrero y la Procuraduría de Justicia estatal, “para que se investigue la conducta de los servidores públicos involucrados que motivó este pronunciamiento”.