Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Reforma energética, cocinada con el PAN
*El millón de firmas y las 630 mil que faltan

Hasta ahora no parece suscitar en las filas del gobierno federal, del PRI y del PAN, mucho interés ni preocupación la existencia de poco más de un millón de firmas que han sido entregadas por la izquierda al Senado para exigir la realización de una consulta pública sobre la reforma petrolera.
En una democracia vigorosa, sin el exceso de los formulismos que acogotan a la nuestra, sería innecesaria la recolección de las firmas del 2 por ciento de los electores inscritos en el padrón para que el Congreso atienda legalmente la petición de realizar una consulta sobre un tema de interés nacional. Pero el artículo 35 de la Constitución así lo establece, y en una reafirmación del presidencialismo que se niega a morir, también señala en cambio que el presidente de la República puede por sí solo solicitar esa consulta. En otra manifestación de desdén hacia la ciudadanía, también puede solicitar una consulta el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso. Esto significa que un millón de ciudadanos que se dirijan oficialmente al Congreso carecen de la fuerza suficiente para obligarlo a convocar a la consulta. Se necesita un contingente de un millón 630 mil ciudadanos para satisfacer el abusivo requisito constitucional, que actualmente equivalen a 2 por ciento de la lista nominal de electores. Faltan 630 mil firmas para hacer obligatoria la consulta.
Pero el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el PAN apuestan a que la izquierda –Morena y el PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo– no podrá reunir tantísimas firmas, o no lo podrán hacer a tiempo para impedir que el proyecto privatizador sea aprobado en el Congreso con la mayoría priísta y panista. De ahí que se hayan acelerado las negociaciones entre el PRI y el PAN con el objetivo de aprobar la reforma en diciembre, y con un contenido aun más drástico que el originalmente planteado por Peña Nieto mediante los contratos de utilidad compartida con el sector privado, pues el PAN ha informado que está dispuesto a apoyar la iniciativa siempre y cuando en ésta se acepte la repartición de la producción, es decir, del petróleo extraído por Pemex en asociación con empresas privadas. De prosperar los planes del PAN, la privatización del petróleo sería absoluta.
En una entrevista publicada por el diario El Universal, el presidente nacional del PAN Gustavo Madero dio a conocer de forma categórica el acuerdo al que llegó con el gobierno y el PRI: el apoyo de los legisladores panistas a la reforma energética, a cambio del apoyo de los priístas a la reforma político-electoral. “Primero es la político-electoral con reforma constitucional, después es la energética constitucional, después tiene que salir la ley reglamentaria político-electoral, y luego la ley reglamentaria energética”, dijo. (“Amarran reformas política y energética”, El Universal, 13 de noviembre de 2013).
Días atrás, el coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado, había explicado la profundidad de los acuerdos con el gobierno y la posición panista. “Nosotros no vamos a ir con contratos de utilidad compartida –propuestos en la iniciativa de Peña Nieto– porque eso no resuelve el problema. Ese modelo lo tienen Irak, Ecuador y Bolivia, y ya nadie invierte por eso”, dijo. Sin rodeos, planteó que lo que el PAN busca al ofrecer su respaldo al gobierno y al PRI es que las modificaciones a la Constitución establezcan la producción compartida del petróleo y la entrega de concesiones plenas a las empresas privadas, lo que el proyecto de Peña Nieto hace pero de manera simulada. (“Si el PRI quiere cambios, deben ser los que plantea AN, advierte Preciado”, La Jornada, 8 de noviembre de 2013).
Es muy alta la probabilidad de que la propuesta del PAN sea avalada, pues las cosas quedaron acomodadas de tal forma que el PRI necesita los votos panistas en ambas cámaras para que las reformas a la Constitución sean aprobadas. Sin el PAN, los priístas no podrían reunir los votos requeridos. Sin embargo, a pesar de que las diferencias entre el gobierno de Peña Nieto y el PAN son sólo de matiz, en las negociaciones secretas que sostienen parece haber un forcejeo que incluye amenazas de proceder contra panistas corruptos, como es el caso del ex candidato panista a la gubernatura de Campeche, según revela la revista Proceso esta semana.
Con la alianza entre el PRI y el PAN en el Congreso será inevitable la aprobación de la reforma energética en los términos de Peña Nieto. Se consumaría así el retroceso a los tiempos de los vergonzosos acuerdos entre Porfirio Díaz y las petroleras extranjeras, y la cancelación de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Las movilizaciones de Andrés Manuel López Obrador el 27 de octubre y la de Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD ayer, ambas en el zócalo de la ciudad de México, reflejan la existencia de una opinión pública mayoritaria de rechazo a la privatización del petróleo. Por lo demás, las encuestas son igualmente contundentes al documentar la oposición social a ceder el negocio de los hidrocarburos a empresas privadas.
Pero hasta ahora, inexplicablemente la izquierda se ha visto fragmentada en su lucha por la defensa del petróleo y ha sido incapaz de utilizar la fuerza combinada de Cárdenas y López Obrador. Es posible que quede solamente un mes para unificar ambos liderazgos, y para conseguir las 630 mil firmas que faltan. Con el millón 630 mil firmas, el Congreso