Apela la defensa de Gonzalo Molina; el sistema judicial pone muchos obstáculos, se queja

*El auto de formal prisión carece de sustento porque no acredita los delitos de terrorismo y robo, dice Vidulfo Rosales. La apelación de Nestora Salgado se presentó el 2 de septiembre y aún no ha sido enviado el expediente al Tribunal Superior de Justicia para su trámite, denuncia

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La defensa del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, Gonzalo Molina González, interpuso un juicio de apelación contra el auto de formal prisión que emitió el juez cuarto de distrito, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña  Tlachinollán, Vidulfo Rosales Sierra.
El abogado advirtió que el procedimiento corre el mismo riesgo que el de la coordinadora de la CRAC de Olinalá, Nestora Salgado García, quien ni siquiera ha sido notificada de un recurso legal similar, porque fue enviada ilegalmente a un penal de máxima seguridad fuera de Guerrero, y a la fecha la apelación no se ha turnado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Ayer, Nestora Salgado cumplió tres meses encarcelada y Rosales Sierra insistió en que el sistema judicial sigue poniendo obstáculos para su defensa, porque existen plazos que obligan a los jueces a enviar en tres o cinco días el recurso de apelación y el expediente al TSJ, para que éste lo revise y no se ha hecho.
Explicó que, argumentando que aún no se le ha notificado en el penal de Tepic Nayarit, siguen retrasando los procedimientos de su defensa, “hay un conjunto de instancias responsables de la lentitud del proceso, un aparato de Estado utilizado contra Nestora para trasladarla a un penal federal, y un juez que se prestó a liberar orden de aprehensión y dictan una orden de aprehensión sin elementos”.
Del caso de Gonzalo Molina indicó que el martes interpusieron el recurso de apelación ante el mismo juez cuarto de lo penal, que deben enviar a más tardar en cinco días el expediente al TSJ donde van a verificar si el auto de formal prisión contra el promotor de la Policía Comunitaria está fundamentado o no y si se acredita el cuerpo del delito por terrorismo, robo y secuestro.
Expresó que para la defensa el auto de formal prisión carece de sustento porque no acredita la probable responsabilidad por los delitos de terrorismo y robo, principalmente.
Recordó que la toma del Ayuntamiento de Tixtla, el 26 de agosto, fue en exigencia de la libertad de Nestora Salgado y en la confrontación con los policías municipales no provocaron temor en la población, no se paralizaron los servicios, ni hubo una ruptura del orden público, menos de seguridad nacional.
Tampoco hubo secuestros y del presunto robo se demostró en el plazo constitucional que la CRAC es una figura reconocida en una ley, creada por un órgano legislativo y en función de ello, las armas que le quitaron a los municipales se encuentran en resguardo de la institución de seguridad y justicia.
Insistió en que el juez debió considerar que no se acredita ánimo de dominio al decomisar esas armas que se recogieron en el marco de un conflicto político y social, y que hay dispoción de entregarlas en el momento que se abra el diálogo con las autoridades.
Sin embargo no hay diálogo a nivel municipal, estatal ni federal.
Recordó que después de que la CRAC se levantó de la mesa de diálogo con el gobierno del estado, se acordó una reunión con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, la que se suspendió sin una explicación de la federación.
Confirmó que no hay posibilidades de acercamiento ni voluntad para llegar a una solución, y los procesos legales seguirán su curso aún con los obstáculos del sistema judicial.
Mencionó que la apelación de Salgado García se presentó desde el 2 de septiembre y aún no ha sido enviado el expediente al TSJ para su trámite. Confió en que en breve se agilicen los procedimientos y el Tribunal revise si se configura el delito de secuestro agravado que la mantiene en prisión.
Dijo que la detención de las personas que la acusaron no eran para lucrar o causar daño, estaban sometidas a un proceso de justicia comunitaria porque todos cometieron delitos que aceptaron en sus declaraciones, “y esos datos debe tomar en cuenta el tribunal”.
De los demás detenidos en Acapulco, coordinadores, consejeros, comandantes y policías de la Casa de Justicia de El Paraíso, indicó que se interpuso un recurso de amparo y esperan que el juez de distrito tome en consideración los mismos elementos, porque la CRAC está facultada para llevar a cabo sus procesos de seguridad según sus usos y costumbre.