Marcos Méndez Lara

MONITOR DE GUERRERO

*Desaparece Pensión Guerrero, un programa que vivió en la opacidad

Uno de los más importantes programas que soportan la política social del gobierno del estado, Pensión Guerrero, será finiquitado el próximo año para ser absorbido por el programa federal de Peña Nieto, Pensión para Adultos Mayores.
Lo anterior significa que alrededor de 245 millones de pesos anuales dejarán de ser operados por el gobierno del estado y los cerca de 50 mil beneficiarios que antes eran atendidos por el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (Igatipam), tendrán que reinscribirse ante la Secretaría de Desarrollo Social federal para poder recibir su apoyo económico.
A lo largo de 10 años, el programa Pensión Guerrero ha sido señalado por numerosas irregularidades y también por el manejo poco transparente de su operación. Tres administraciones estatales se encargaron de operar este programa (René Juárez, Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre) y en cada una de ellas se observaron casos específicos de un manejo poco claro de los recursos, sobre todo de los padrones de beneficiarios.

Los antecedentes

Hace poco más de 10 años, el 28 de febrero de 2003 comenzó a operar el programa Pensión Guerrero en los cinco municipios con más población en el estado, con el propósito de otorgar un apoyo económico a las personas mayores de 65 años que no estuvieran pensionadas o jubiladas por la federación, el estado o el sector privado, y que residieran en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y Taxco.
En la administración de René Juárez, el programa Pensión Guerrero “brindó atención a un total de 19 mil 850 adultos mayores, atendiendo tan sólo a cinco de los 80 municipios que conformaban en aquél momento el estado, correspondiendo a su vez a las ciudades más grandes en Guerrero (…), lo cual dejaba fuera a 75 municipios”, según documentos oficiales del Igatipam.
Con la entrada en vigor de la ley número 375 de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en noviembre de 2004, se creó el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, lo que permitió que el programa se extendiera a todos los municipios de la entidad.
La ampliación del programa a un mayor número de municipios se dio en 2005, con una cobertura de 77 demarcaciones; otra ampliación se dio en el 2006 para cubrir la totalidad de los municipios en el estado.
Respecto a los recursos destinados a apoyar a las personas adultas mayores, se estableció en la ley que éstos se aprobarían en el Congreso del estado como parte del Presupuesto de Egresos de cada año. Una vez aprobado el monto del fondo, éste será irreductible e intransferible y no podrá ser menor al aprobado en el año inmediato anterior.
Durante el periodo 2005-2011 se pagaron recursos por mil 637 millones 100 mil pesos a los adultos mayores guerrerenses, destacando la región norte con 354 millones 500 mil pesos en esos seis años, Acapulco con 333 millones y la zona centro con 307 millones 900 mil pesos.

Irregularidades

Ninguna de las tres administraciones gubernamentales del estado que operaron el programa Pensión Guerrero quedó exenta de ser señalada por alguna irregularidad. De acuerdo con el libro blanco 2005-2011 elaborado por el Igatipam, y obtenido a partir de una solicitud de información, “uno de los principales problemas durante la administración anterior (la de René Juárez Cisneros) fue que las pensiones, que consistían en un apoyo bimensual de 800 pesos, se otorgaban en su mayoría a personas que contaban con solvencia económica; en algunos casos cobraban pensión en algún otro programa similar; algunos de los beneficiarios eran padre o madre de algún funcionario público; y en otros casos el beneficiario no contaban con la edad de 65 años”.
Incluso el primer director del Igatipam del gobierno de Torreblanca Galindo,  informó sobre la baja de 3 mil adultos mayores porque se descubrió que tenían solvencia económica y éstos fueron incluidos en el padrón por “influencia de funcionarios de la administración pasada (la del gobierno de René Juárez Cisneros).”
En la gestión de Zeferino Torreblanca, la Contraloría General del estado dio a conocer graves irregularidades en una revisión del padrón de beneficiarios, pues encontró, en 2011, cuatro mil datos irregulares (equivalente a 11 por ciento del padrón revisado y a 7 por ciento del número total de beneficiarios) entre ellos, huellas dactilares o firmas plasmadas en los recibos de pago que no coinciden con la identificación personal, pago a personas fallecidas, personas que no cumplen con la edad mínima de 65 años de edad para recibir la ayuda, y personas que reciben pensiones de otras instituciones como el IMSS e ISSSTE.
A finales de 2011, el director del Igatipam y hoy diputado local, Alejandro Arcos Catalán, informó que 6 mil 585 beneficiarios del programa Pensión Guerrero (13.1% del padrón) fueron dados de baja por diferentes irregularidades detectadas, entre ellas, por cobrar al mismo tiempo en otros programas federales y municipales, porque no cumplían con la edad mínima para ser beneficiario o porque presentaron documentación falsa.
En la misma especie, la ex delegada de la Sedesol federal, Laura Ocampo Gutiérrez, dio a conocer en septiembre pasado que el departamento de padrones de esa dependencia detectó que había al menos unos 3 mil casos de duplicidad entre los beneficiarios del programa Pensión Guerrero con programas federales.

Transparencia del programa

Pensión Guerrero fue uno de los programas más importantes del estado durante los últimos 10 años, por la cantidad de recursos que se invirtieron cada año, provenientes de inversión estatal directa, ya que estuvo por encima incluso del programa de fertilizante subsidiado, cuya aportación estatal es de 180 millones de pesos.
Sin embargo, también fue uno de los programas públicos más opacos pues no hubo claridad ni información pública suficiente para conocer de qué manera se ejercían los 245 millones de pesos que se le destinaron cada año, no obstante que en diferentes momentos en el discurso se afirmaba que se buscaba hacer transparente el programa.
El Igatipam, oficina que opera Pensión Guerrero, fue una dependencia que negó de manera sistemática información sobre el programa.
Incluso, precisamente para redactar este trabajo, el 12 de junio de 2013 se solicitó información sobre los procedimientos para la transferencia del programa Pensión Guerrero a la Sedesol federal, las funciones que realizará el Igatipam una vez transferido el programa, y cuántas personas laboran actualmente en esa dependencia.
Pero el Igatipam por enésima vez negó la información, por lo que se presentó un recurso de revisión en contra de esa dependencia ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado, cuya resolución se emitió el 26 de agosto de 2013.
La Sedesol estatal entregó la información hasta el 10 de octubre y argumentó que “debido a las afectaciones sufridas en el estado por el Huracán Manuel, así como la declaratoria de desastre de fecha 30 de septiembre de 2013 (…) no había sido posible dar cumplimiento al presente asunto”.
En las reglas de operación del programa Pensión Guerrero se establece que el “principio de transparencia será un eje rector, entre otros, de la operación del programa” y se describen acciones para la transparencia del programa, en donde el comité técnico del Igatipam de manera cuatrimestral y al final de cada ejercicio, tenía la obligación de publicar el resultado de las acciones de control y vigilancia del programa, y de verificación y aprobación del padrón de beneficiarios. Evidentemente esto nunca se cumplió.
Asimismo, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece que el Igatipam debe contar con un comisario público, designado por la Contraloría General del Estado, y que actuaría como órgano de vigilancia. Sin embargo, tampoco se conoce ningún informe de este comisario público ni por qué dejaron pasar todas las irregularidades que se han denunciado por lo menos durante los últimos seis años.

Se anuncia el fin de pensión Guerrero

En mayo de 2013, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, anunció la desaparición del programa social Pensión Guerrero, señalando que el padrón de más de 50 mil beneficiarios sería absorbido por el nuevo programa que impulsa el gobierno federal, Pensión para Adultos Mayores.
En esa ocasión, la Sedesol estatal informó que derivado de esta decisión, el programa Pensión Guerrero sólo realizaría un último pago a los beneficiarios, correspondiente al bimestre marzo-abril del año 2013, lo que significaba que miles de adultos mayores guerrerenses dejarían de recibir su apoyo hasta que no se reinscribieran al programa federal.
Lo anterior, no obstante que en el presupuesto de egresos del estado de Guerrero del ejercicio 2013 se programaron recursos para ser entregados a los adultos mayores durante todo el año.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso local, Julieta Fernández Márquez, luego del anuncio de la Sedesol, reprobó la desaparición del programa Pensión Guerrero del gobierno estatal y afirmó que es una “irresponsabilidad”.
“Es muy triste que el gobierno del estado diga ‘ya no es mi responsabilidad, me lavo las manos y ahora se transfieren a la federación’, es muy triste”, reprochó la legisladora local del PRI.
Ante esta irregularidad, el Congreso del estado, el 21 de agosto de 2013, hizo el señalamiento al gobierno de Ángel Aguirre de que “a la fecha, existe mucha desinformación por parte de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado, del porqué desaparece Pensión Guerrero, siendo que es un programa social que fue instituido por ley en el año 2004, y que recibe un monto anual superior a los 245 millones de pesos, aprobado por el Poder Legislativo en el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal de cada año”.
Y agregaba el exhorto del Legislativo que “dado que lo que aprobó esta Legislatura en diciembre del año 2012, debe garantizar el pago bimestral mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre, noviembre-diciembre del presente año, razón por la cual no existe justificación legal para la suspensión del pago y mucho menos para eliminar de oficio dicho programa social”.
La Sedesol estatal reculó en su intención de pagar sólo dos bimestres del año a los beneficiarios, y está cubriendo todo 2013, como se establece en el presupuesto de egresos del estado.
Pero no dio marcha atrás en el anuncio de la transferencia del programa Pensión Guerrero a la federación, no obstante que en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, éste se propone como una política social relevante del gobierno del estado, incluso como uno de sus programas pilares, ya que es un “apoyo para  mejorar las condiciones económicas de adultos mayores de 65 años, que se encuentran en situación de pobreza”, al que se destinan anualmente 245 millones de pesos para 50 mil personas.
Incluso en el presupuesto de egresos el Ejecutivo estatal “propone asignar recursos bajo una política de gasto público manifestada en la exposición de motivos, orientada al cumplimiento de los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, fortaleciendo programas como Guerrero Cumple, a través del cual se apoya a los adultos mayores, madres solteras, y personas con capacidades diferentes”, entre otros programas.
Es decir, el gobierno del estado nunca tuvo en sus planes desaparecer el programa Pensión Guerrero, sino que fue una instrucción presidencial. Entonces, que los 245 millones de pesos se empleen para beneficio de los propios adultos mayores en la creación de otros programas de alto impacto social.