Da la vuelta Aguirre a la petición del obispo Vera; “yo no revoco mandatos, es facultad del Congreso”, dice

“Yo no revoco mandatos, es facultad del Congreso”, responde Aguirre al obispo Raúl Vera

Evade el gobernador un pronunciamiento sobre las acusaciones contra el alcalde de Iguala por el asesinato de Hernández Cardona. Sobre la demanda de protección para sobrevivientes y familiares, dice que si hay una petición “por supuesto que la atenderíamos”. La CRAC no está considerada para la Policía Rural, dice. En un acto en Zihuatanejo, un funcionario se puso a repartir dinero a mujeres

Brenda Escobar

Zihuatanejo

“Yo no revoco mandatos, la revocación de mandatos es una facultad que le corresponde al Congreso del estado”, dijo ayer el gobernador Angel Aguirre Rivero.
Respondió así a la petición del obispo de Saltillo, Raúl Vera, expuesta a través de?una carta que le fue enviada por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, en la que le solicita que gestione de manera inmediata y pública ante el Congreso local la revocación del mandato al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez,?acusado por Nicolás Mendoza Villa de ser el autor material del homicidio del dirigente de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona.
Luego, respecto a si su gobierno ya está otorgando medidas cautelares a los sobrevivientes y familiares del caso Hernández Cardona, Aguirre Rivero dijo que ha dado instrucciones al secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, para “que cualquier familiar de cualquier víctima que quiera solicitar medidas cautelares de inmediato serán atendidas y apoyadas”.
Dijo que desconocía si en ese caso en particular ya se estén proporcionando, “no lo sé, si ya hay alguna solicitud de por medio, si la hubiere por supuesto que la atenderíamos y la apoyaríamos”.
El gobernador también fue consultado sobre la creación de la Policía Rural en el Congreso del estado.
Aguirre Rivero dijo que con eso la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), “hablo de la auténtica CRAC, para diferenciarla también, esa no está dentro del contenido de esta ley, ellos seguirán al amparo de la 701, eso será para la creación de algunos cuerpos o de ciudadanos que quieran coadyuvar con la seguridad pública, lo podrán hacer a través de la Policía Rural, que además, dicho sea de paso, habrán de disponer de uniformes y de un pequeño salario”.
“Es un espacio para que aquellos que deseen coadyuvar en tareas de seguridad, lo van a poder hacer mediante un mecanismo totalmente legal, mediante un mecanismo totalmente ajustado a derecho, y creo que es algo importante, transcendente; con eso se evitan grupos que surjan a la ligera y tendrán que seguir necesariamente el procedimiento de Policía Rural”, dijo.
Indicó que la Policía Rural será un cambio importante para Guerrero, para evitar que siga la violencia, “para que no sigan proliferando ese tipo de situaciones y que mejoremos la seguridad”.
Aguirre Rivero fue entrevistado en este puerto durante su segundo día de gira de trabajo por Zihuatanejo, donde al igual que un día anterior, fue recibido con pancartas con leyendas de reclamos y demandas.
Al filo del mediodía, Aguirre Rivero, acompañado del alcalde de Zihuatanejo, Éric Fernández, en un acto muy breve dio el banderazo para la pavimentación de la avenida Zihuatanejo de la colonia El Hujal, en este puerto, donde se anunció una inversión de 11 millones de pesos; luego se trasladó a la Preparatoria número 13, ubicada en la avenida Bicentenario, acompañado del subsecretario de Prevención del Delito y Participación Social de la Secretaría de Gobernación federal, Roberto Campa Cifrián, y del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, para inaugurar una cancha techada y colocar la primera piedra para la construcción de un edificio de tres niveles.
Fue en el acto que se llevó a cabo en la explanada del palacio municipal donde algunos de los asistentes aprovecharon la visita del gobernador para sacar sus pancartas y manifestar sus demandas, tal como lo hicieron los empresarios afiliados a la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la Riviera Troncones-Saladita del municipio de La Unión, encabezados por Roberto Rosas Chino; y de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros de Bahías de Papanoa, del municipio de Tecpan de Galeana, representados por Guillermo Catalán Martínez.
Los primeros expusieron en sus pancartas: “Señor gobernador, Troncones necesita promoción turística, ¡urge!”, “Señor gobernador, Troncones necesita un bulevar turístico y más atención para playa Troncones”; mientras que los turisteros de Tecpan de Galeana mostraron pancartas en las que decían, “Señor gobernador, es la XIV invitación que le hacemos para que visite Bahías de Papanoa”, “Bahías de Papanoa necesita más inversión y más promoción turística”.
En su momento, cuando le tocó su turno al micrófono, Ángel Aguirre se dirigió a los representantes de Bahías de Papanoa y les dijo que él ha sido uno de los principales promotores “de esos lugares tan hermosos” y que los visitaría la semana próxima; también dijo lo mismo a los turisteros de Troncones, sólo que aprovechó la presencia en el presídium del alcalde de La Unión, Crescencio Reyes Torres, para pedirle que lo invitara de manera formal para visitar próximamente la comunidad ecoturística Troncones.
En ese acto, igual como lo hicieron un día anterior, líderes de asentamientos irregulares volvieron a mostrar sus pancartas en las que le demandaron al gobernador el cumplimiento de su promesa de campaña de autorizar el cambio de uso de suelo y regularizar la situación de dichas invasiones; para dar una respuesta a esa demanda, dijo que es el más interesado “en que le metamos todo el acelerador a la regularización de la tenencia de la tierra de estas 23 colonias que se encuentran irregulares; lo hice cuando fui gobernador interino, hoy lo voy a hacer de manera más decidida”.
También hubo pancartas en las que le exigían al gobernador que autorizara maestros para una escuela secundaria y mobiliario para otro plantel; asimismo, algunas mujeres mostraron carteles en los que reclamaban que no se les había cumplido con artículos que en su momento Aguirre Rivero les prometió.
Después de su discurso de menos de ocho minutos, en los que aprovechó para chacotear con las asistentes a quienes les pidió que siguieran en la activación física, “pero llévense también a los maridos, a los novios, sí, porque también los hombres deben de hacer ejercicio; a veces creen muchos hombres cuando se ponen hacer activación física que ese es un asunto para mujeres y no es así, impónganse, de acuerdo, porque al final ustedes y yo sabemos quién manda aquí en Zihuatanejo, ¿las mujeres o los hombres?”, “¡las mujeres!”
“Pues sí, porque siempre les digo que ¿quiénes son las más trabajadoras?, ¿más alegres?, ¿más bonitas?, ¿más borrachos?, los hombres, ¿verdad?, por eso, que vivan las mujeres de Zihuatanejo”, expresó.
Una mujer de entre el público, con una tarjeta de “La Cumplidora”, ?lo interrumpió para pedirle que se la canjeara, por lo que dio instrucciones al secretario de Finanzas que le diera “un apoyo”; el funcionario a su vez ordenó a uno de sus colaboradores para que se apostara a un lado del templete y entregara dinero a cambio del plástico, lo cual dejó de hacer en cuanto Aguirre Rivero terminó su discurso y empezó a retirarse, por lo que las mujeres lo persiguieron con la esperanza de recibir dinero, pero muchas ya no lo lograron porque éste se subió a una de las camionetas del convoy del gobernador.
En la explanada se quedaron cientos de amas de casa que hicieron largas filas bajo los fuertes rayos del sol para conseguir una raquítica despensa.
A la Comisión Instructora no le ha llegado el testimonio contra Abarca, dice Flores Majul

“No podemos actuar de manera oficiosa”, dijo ayer el presidente de la Comisión Instructora del Congreso local, Omar Jalil Flores Majul, sobre el testimonio notariado de Nicolás Mendoza Villa, que señaló directamente al alcalde igualteco José Luis Abarca Velázquez de haber matado al luchador social perredista Arturo Hernández Cardona

El presidente de la Comisión Instructora del Congreso local, Omar Jalil Flores Majul, a pregunta sobre la consideración del testimonio notariado de Nicolás Mendoza, uno de los sobrevivientes de la Unidad Popular, para la emisión de las conclusiones del juicio de revocación de mandato que promueve la regidora Sofía Mendoza Martínez en contra del alcalde Abarca Velázquez, el legislador priista expresó que la Comisión Instructora que preside no es parte investigadora, “no podemos nosotros investigar por nuestra cuenta”.
En declaraciones hechas ayer tras asistir a una conferencia de prensa en esta ciudad, en la que declinó a sus aspiraciones para dirigir al PRI en Iguala el abogado Nemesio Álvarez García, Flores Majul dijo que hasta ayer no había llegado ningún requerimiento “ni prueba superviniente” por la parte acusadora, y agregó que en el juicio de revocación de mandato a la Comisión Instructora que preside se le tienen que entregar los elementos para que la revocación se justifique.
Afirmó que en este proceso están siendo lo “más pulcros” que se puede a través de la Comisión Instructora, que busca transparentar con apego estricto al Estado de derecho, “no podemos actuar de manera oficiosa”.
Reiteró que el juicio de revocación de mandato que promueve la regidora del PRD, Sofía Mendoza Martínez, en contra del alcalde Abarca Velázquez, quien es señalado de haber privado de la libertad a ocho miembros de la Unidad Popular (UP) y dar muerte después a tres de ellos, está en la etapa de conclusiones de las pruebas y alegatos, así como la transcripción de videos y grabaciones que ambas partes presentaron como probanza.
Dijo que tras concluir la etapa de pruebas y alegatos, y el desahogo de las mismas, los diputados tendrán hasta 180 días para emitir el dictamen correspondiente. (De la corresponsalía / Iguala).

Exigen organizaciones que se integre al expediente el testimonio de Nicolás Mendoza contra Abarca

Por estar notariada, la denuncia es válida insisten. Instan a que también declaren los demás testigos del asesinato de Arturo Hernández Cardona

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Organizaciones de derechos humanos denunciaron que los gobiernos estatal y federal se niegan a deslindar responsabilidades en los homicidios del dirigente Arturo Hernández Cardona y dos activistas de Unidad Popular.
Mediante un boletín de prensa, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, y el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), denunciaron que “los autores han gozado de impunidad, que sólo puede ser atribuida al Estado mexicano, quien tiene la responsabilidad de perseguir a los delincuentes y llevarlos ante los tribunales para ser juzgados”.
Esto, luego de que el sobreviviente de la agresión a Hernández Cardona, Nicolás Mendoza Villa, reveló que quien mató al líder social fue el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Los organismos demandaron que el Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Hidalgo, que ahora tiene a cargo la investigación, integre al expediente el testimonio del integrante de UP.
Argumentaron que el testimonio  se realizó ante un fedatario público como lo es el Notario Público número 47 del Distrito Federal, y dicha prueba tiene una envergadura fuerte ya que se trata de un testigo presencial de los hechos.
Reconocieron que el testimonio tiene que ser robustecido con otros medios de pruebas, “de ahí la importancia que por lo menos otro testigo presencial de los hechos declare ante el Ministerio Publico o ante cualquier otro fedatario público (notario o juez de paz), para que se le pueda ejercitar acción penal al presunto responsable”.
Luego de que varios dirigentes del PRD han pretendido desacreditar el testimonio de Mendoza Villa, quien  huyó del estado luego de escapar de sus captores, las organizaciones argumentaron que por ley, el notario tiene facultades para otorgar fe pública “con plenas garantías de imparcialidad, honradez, autonomía, legalidad y profesionalismo, con principios éticos y siempre de buena fe, tratando por igual a las partes en el asunto, sin preferencias, independientemente de quién lo haya solicitado o de quien paga sus servicios”.
Por lo tanto, el testimonio es válido, dijeron.
Consideraron que con el testimonio que lo incrimina es suficiente para que el Congreso del estado proceda al desafuero del alcalde José Luis Abarca Velázquez, para que enfrente a la justicia sin protección jurídica, pues “los diputados no van a determinar si existen elementos jurídicos que confirmen su probable responsabilidad”.
Insistieron en que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga las investigaciones del caso, porque de acuerdo con el testigo, participaron más de diez personas en la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de tres activistas y defensores de derechos humanos.
También pidieron, “debido a la gravedad de las acusaciones”, que las medidas cautelares que solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sean aceptadas a la brevedad, en favor de amigos y deudos de las víctimas, Sofía Lorena Mendoza Martínez, Arturo Hernández Mendoza, Carolina, Reyna y María Soledad, de apellidos Hernández Mena, del defensor de derechos humanos Bertoldo Martínez Cruz y también para las y los integrantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad.