Diputados federales del PRD piden a Aguirre dialogar con la CRAC, la UPOEG y otras organizaciones sociales

*En conferencia de prensa Rosario Merlín y Carlos de Jesús Alejandro urgen a frenar la persecución y detención de líderes sociales. Asisten además Sebastián de la Rosa, Jorge Salgado y Teresa Mojica

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La diputada federal Rosario Merlin García afirmó que los asesinatos de dirigentes sociales son crímenes de Estado, y calificó de “terrorismo” de los gobiernos federal y estatal las detenciones de dirigentes e integrantes de organizazciones sociales.
Afirmó que los asesinatos de dirigentes sociales son agresiones dirigidas a quienes realizan gestoría social o piden seguridad para sus poblaciones.
Afirmó que la finalidad del gobierno federal y estatal es provocar miedo en los dirigentes sociales, “ya hay terror, porque cuando hacen una declaración de presión en gestión, a los pocos días aparecen muertos”.
Dijo que con razón “la mayoría de las organizaciones las califican como crímenes de Estado”.
Por eso afirmó que los diputados federales de Guerrero ya solicitaron al gobernador que se instale una mesa interinstitucional de negociación con el gobierno federal y los líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) y todas las organizaciones sociales.
Informó lo anterior durante una conferencia a la que los diputados federales del PRD convocaron para hablar del presupuesto obtenido para el ejercicio fiscal 2014.
Merlín García afirmó que “el gobierno federal, estatal y municipal deben de parar este tipo de terrorismo de Estado que están aplicando con la ciudadanía”, y aunque responsabilizó directamente al gobierno federal, reconoció que también es responsabilidad del gobierno estatal.
“Porque claro que no pueden venir a matarme a mi casa”, dijo, y añadió que el gobernador Angel Aguirre Rivero tiene la obligación de dar garantías de seguridad a todos los guerrerenses.
Afirmó que los diputados federales tienen la disposición de coordinar esfuerzos con el Ejecutivo del estado.
Por su parte, el diputado Carlos de Jesús Alejandro recordó que en la última sesión de la Cámara de Diputados se aprobó un punto de acuerdo propuesto por las fracciones parlamentarias del PRD y Movimiento Ciudadano.
El punto de acuerdo solicita a los gobiernos federal y de Guerrero instalar de manera urgente una mesa interinstitucional de negociación con los líderes de la CRAC y la UPOEG.
Explicó que la instalación de esta mesa de diálogo se calificó como un asunto urgente ante la persecución, hostigamiento y encarcelamiento de los líderes de la Policía Comunitaria en Guerrero.
Sin embargo, dijo, aún no se tiene respuesta ni del gobierno federal ni del estatal para establecer la fecha en que se realizará.
“Solicitamos esta mesa interinstitucional para revisar los casos y  estamos solicitando que revisen la persecución, el hostigamiento y las detenciones, porque no solamente son realizadas por el gobierno de Guerrero, sino que también son ejercidas por el gobierno federal”, expresó.
De Jesús Alejandro ejemplificó el caso de Nestora Salgado García, coordinadora de la CRAC en Olinalá, y dijo que “su detención la hizo la Marina Armada, actuaron inconstitucionalmente porque no son sus atribuciones”, a pesar de que la orden de aprehensión la liberó un juez local.
Dijo que sólo la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, contestó a la solicitud para realizar la mesa de diálogo.
El punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión también incluyó un exhorto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue y documente los casos de detenciones de líderes de la CRAC y la UPOEG.
Además incluyó una petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que revise si en alguna detención se violentó el debido proceso.
En la conferencia estuvieron también los diputados perredistas  Sebastián de la Rosa Peláez, Jorge Salgado Parra y Teresa Mojica Morga.

El alcalde de Iguala debe pedir licencia

Rosario Merlín consideró que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, debe solicitar licencia al Congreso mientras se realizan las investigaciones por el homicidio de tres integrantes de la Unidad Popular (UP).
Después de que el sobreviviente Nicolás Mendoza Villa, afirmó en una declaración notariada que fue personalmente el alcalde perredista quien disparó en dos ocasiones contra el dirigente de la UP, Arturo Hernández Cardona, la diputada federal afirmó que Iguala “vive un estado de tensión”, en el que la mejor forma de salvaguardar la armonía en el municipio es que el alcalde pida licencia al Congreso local y éste se la autorice.