Denuncian en foro conmemorativo organizado en Ayotzinapa la política represiva del Estado

*Hacen recuento de los agravios a los activistas durante la administración de Aguirre Rivero, y recuerdan 15 luchadores sociales ejecutados, dos ecologistas y un periodista desaparecidos. También a cuatro dirigentes y nueve policías comunitarios de la CRAC detenidos de manera arbitraria

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En el foro Por la justicia y contra la criminalización de la protesta social en Guerrero, organizado por la Normal Rural de Ayotzinapa, organizaciones sociales y de derechos humanos repudiaron la política represiva del Estado, y ratificaron sus demandas para reivindicar la lucha social.
También hicieron un recuento de los agravios a los activistas durante la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y recordaron 15 luchadores sociales ejecutados extrajudicialmente, dos ecologistas y un periodista desaparecidos; y cuatro dirigentes y nueve policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), detenidos de manera arbitraria.
Mediante un boletín, los normalistas difundieron los acuerdos de dos días de trabajo en la escuela normal, y denunciaron que cuando las autoridades no puede cooptar los movimientos sociales, encarcelan y asesinan a los dirigentes y estudiantes.
Entre las reflexiones, coincidieron en que la pobreza, los servicios de salud y la educación no son para todos, pero la represión y el hostigamiento sí alcanza a los campesinos, indígenas, estudiantes, maestros, colonos y anarquistas.
“Todo aquél que levanta la voz contra proyectos mineros y extractivos, reformas estructurales (principalmente la educativa y la energética) o por una vida con dignidad, sufre el embate del Estado”.
Señalaron que la represión también se manifiesta en detenciones arbitrarias plagadas de ilegalidades, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzoso interno, que dejaron sus lugares de radicación debido a amenazas, hostigamientos y el consecuente riesgo de perder la vida.
Ante esta situación, recordaron que el 30 de noviembre de 2013, 27 organizaciones y movimientos sociales conformaron un frente común para entablar un diálogo con el gobierno estatal, en respuesta fue detenido el asesor de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, el 1 de diciembre.
Enmarcaron esta última detención, en las actividades en memoria de los estudiantes de Ayotzinapa, Alexis Herrera Pino y de Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados en un desalojo policiaco del 12 de diciembre de 2011.
En este sentido, se propuso, organizar y estructurar las organizaciones sociales para su unificación y coordinación, además de hacer una campaña de información para el pueblo, que ayude a contrarrestar la campaña gubernamental contra los movimientos sociales.
Asimismo, se acordó la creación de una organización de familiares de víctimas de los luchadores sociales asesinados y buscar mecanismo para la investigación de los asesinatos políticos, como la integración de una fiscalía especializada integrada a propuesta de los deudos.
Se pronunciaron por el esclarecimiento de todos los asesinatos de los luchadores sociales y estudiantes de Ayotzinapa, castigo a sus asesinos; la inmediata liberación de todos  presos políticos en el estado y el país, y el cese a la criminalización de la lucha social.
Así como el desistimiento de todas las órdenes de aprehensión y averiguaciones previas contra activistas de las organizaciones sociales y sindicales incorporadas el Movimiento Popular Guerrerense, y el rechazo total a las reformas estructurales impuestas por el presidente Enrique Peña Nieto.