La justicia, en crisis: Centro Tlachinollan

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

A dos años del asesinato de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reclamó que ningún servidor público ha sido sancionado y el caso sigue impune.
A través de un comunicado, el Centro Tlachinollan recordó el homicidio de los jóvenes que participaban en una manifestación que fue disuelta por policías federales y ministeriales del estado en un “uso desproporcionado de la fuerza pública”, ya que dispararon contra los estudiantes de entre 18 y 22 años, “que simplemente demandaban una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero”.
Sentencia que al igual que el año pasado en el primer aniversario, todavía no hay sanción de los responsables ni la adopción de medidas de no repetición, porque no se tienen avances en la investigación.
Explica que según se acreditó en las investigaciones, en el operativo participaron al menos 168 elementos de la Policía Federal, de la Policía Ministerial estatal y de la Policía Estatal Preventiva, de los cuales 91 portaban armas de fuego.
“La investigación posterior comprobó que al menos 24 de estas armas fueron disparadas en los hechos, involucrando a todas las corporaciones policiales presentes; también se verificó que ningún manifestante acudió armado”, añade Tlachinollan.
Además del asesinato de los dos normalistas, en los hechos también murió un trabajador de la gasolinera, Gonzalo Rivas Cámara; fueron detenidas arbitrariamente 24 personas, y un estudiante de 19 años fue “violentamente torturado” por la Policía Ministerial en “un fallido intento” de imputarle dolosamente la portación de un arma de fuego.
Reprochó que ningún funcionario público ha sido “penalmente” sancionado, como fue el caso de los dos policías ministeriales, Rey David Cortés e Ismael Matadama, acusados de haber disparado contra los estudiantes, y que fueron liberados después de que en abril de 2013 obtuvieron un amparo contra el auto de formal prisión que les fue dictado.
En cuanto a la tortura y el intento de encubrir lo ocurrido fabricando culpables de entre los estudiantes detenidos, ningún servidor público ha sido sancionado y quienes en su momento fueron separados de las instituciones implicadas como sanción política, “poco a poco han vuelto, se han reincorporado a la función pública. La impunidad se ha consolidado”.
Tlachinollan afirma que de poco ha servido que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera su primera recomendación por violaciones graves a derechos humanos, “empleando su nueva facultad constitucional, pues el ombudsman nacional no impulsó ningún mecanismo extraordinario para asegurar el cumplimiento de dicha recomendación, como lo ameritaba el caso”.
Y recuerda que a pesar de estar en trámite legislativo en Guerrero el delito de tortura aún no ha sido incluido en el Código Penal; y la Procuraduría no ha sido renovada para que los elementos que emplean la tortura de manera sistemática sean removidos.
Por el contrario, afirma que “hoy la justicia guerrerense se encuentra sumida en una profunda crisis: en los últimos dos años, al menos 13 activistas y luchadores sociales han sido asesinados y desaparecidos, sin que la mayoría de estos casos se haya esclarecido o sancionado”.
Hecho que contrasta con la severidad y la desproporcionalidad con que han sido acusados 13 promotores de “las diversas expresiones de Policía Comunitaria”, quienes hoy están encarcelados tras haber sido “acusados desproporcionadamente de delitos en extremo graves como secuestro y terrorismo”.
Por lo anterior y la desconfianza que los familiares y defensores de los derechos humanos tienen respecto a las autoridades locales “se ven orillados a elevar su reclamo ante instancias internacionales”.