Elude el gobierno de Aguirre hacer explícita la aceptación de la recomendación de la CNDH

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

A dos horas de que la CNDH emitió ayer su recomendación por la muerte de los dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el gobierno del estado no dio a conocer si la acepta, y sólo expuso en un comunicado que se “tomarán en cuenta todas las observaciones” para llegar a la verdad histórica.
En un escueto comunicado emitido a las dos de la tarde con 45 minutos por la Dirección General de Comunicación Social, el gobierno del estado dice: “Guerrero no es terreno donde se abone la impunidad. Se continuará en la búsqueda de la verdad histórica, y las víctimas seguirán contando con el apoyo gubernamental”.
Por lo anterior, la misma dependencia del gobierno del estado emitió por la noche un segundo comunicado en el que recuerda que ya informó a la CDNH que instaló el Comité de Atención del Plan Integral de Reparación del Daño a las víctimas de los sucesos del 12 de diciembre, y que se inició “el pago de las indemnizaciones ya acordadas con algunas de las víctimas, con lo que se abre una nueva etapa gubernamental para avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos”.
Aunque el gobierno del estado no precisa el mecanismo del pago a las víctimas, ni detalla la actuación del Comité de Atención del Plan Integral de Reparación del Daño.
No obstante, el gobierno indica que el Programa de Indemnizaciones contenido en el Plan Integral de la Reparación del Daño “sienta un precedente muy importante en la historia de este estado, pues por primera ocasión se asume motu proprio un compromiso de tal magnitud, teniendo como base el respeto irrestricto de los derechos humanos y como guía los estándares internacionales en la materia”.

“Se tomarán en cuenta todas las observaciones”, la fórmula oficial

Aunque la CNDH identifica a varios servidores públicos como responsables por la muerte de los dos estudiantes normalistas, entre ellos al ex procurador Alberto López Rosas y al ex secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Ramón Almonte Borja, –para quienes pide juicio político– y a sus subordinados, el gobierno del estado no hace ninguna alusión al respecto.
Pero sí reitera en su comunicado que “se tomarán en cuenta todas las observaciones para que, paralelamente a lo que ya hace la instancia gubernamental estatal, se llegue a la verdad histórica de los hechos”.
Puntualiza “el compromiso del gobernador Ángel Aguirre Rivero con el respeto irrestricto a los derechos humanos y, en especial, con el impulso a una política que permita que no se repitan hechos como los del 12 de diciembre pasado, en la carretera México-Acapulco”.
En este tema, la CNDH le pide al gobernador que informe sobre las políticas a desarrollar para capacitar a las fuerzas policiales estatales para que no violen los derechos humanos y se definan protocolos de respuesta a las manifestaciones sin coartar ese derecho.
Sólo de manera general el gobierno establece que “no disminuirá sus esfuerzos para avanzar en la aplicación de la justicia, con atención integral a las víctimas y sus familias, así como para impulsar las investigaciones a fin de que los responsables sean castigados como marca la ley”.
Añade que no dejará a un lado “el compromiso indeclinable por fortalecer la calidad educativa y el equipamiento de la Normal Rural de Ayotzinapa, con un esfuerzo que no tiene precedente”.
Y a pesar de las reiteradas quejas y denuncias de organismos no gubernamentales y de la propia ONU, de que en Guerrero se siguen violando sistemáticamente los derechos humanos, en su comunicado el gobierno del estado sostiene que “todas las acciones que se realizan a través de las diversas dependencias del gobierno de Guerrero son un reflejo del compromiso por hacer del estado un lugar en el que se respetan los derechos de todos y no haya impunidad”.
Luego asevera que “independientemente del informe preliminar sobre la investigación que elaboró en enero la CNDH, el gobernador acudió ante ese organismo para aportar todos los elementos a su alcance para que no quedaran dudas de su compromiso con la justicia”.
También recuerda el gobierno que la CNDH “ha estado informada de todas las acciones del gobierno de Guerrero en relación con el caso Ayotzinapa, tanto en el aspecto de procuración de justicia, como los acuerdos que se han tenido con la Comisión Civil de Interlocución para que los normalistas de Ayotzinapa cuenten con todos los apoyos para cursar sus estudios”.
Y nuevamente anuncia –como lo viene repitiendo desde el año pasado– que “se destinarán 38 millones de pesos para mejorar la infraestructura de la Normal”.
Igual anuncia que “avanza en la preparación de una iniciativa para que haya reformas legislativas a fin de adecuar el marco normativo, y evitar que se repitan ese tipo de hechos”.
Al final del comunicado se indica que “el compromiso del gobernador del estado es indeclinable: Guerrero no es terreno donde se abone la impunidad. Se continuará en la búsqueda de la verdad histórica, y las víctimas seguirán contando con el apoyo gubernamental”.