Rechaza la CRAC el informe de la CNDH y la clasificación como “autodefensa”

*En ningún momento seremos un grupo armado paramilitar”, afirma Eliseo Villar en conferencia de prensa en Acapulco. Recuerda su trayectoria de 18 años, su presencia en 24 municipios y el respaldo de la Ley 701. Los recursos que le transfiere el gobierno de Aguirre son “parte de su obligación porque somos una institución”, explica

Mariana Labastida

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) reprobó el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los grupos de autodefensa y la inseguridad en el estado y rechazó ser considerada como una “autodefensa” o grupo paramilitar.
El coordinador de la casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, y Adelaida Hernández Nava, encabezaron ayer una conferencia de prensa realizada en Acapulco, en la que enfatizó que la CRAC y la Policía Comunitaria no pueden ser equiparadas a los grupos de autodefensa, porque la CRAC tiene 18 años de historia, presencia en 24 municipios y están respaldadas por la Ley 701 de derechos y cultura indígena.
Señaló además que la Policía Comunitaria no ha violado los derechos humanos de los detenidos, a quienes somete a un proceso de reeducación de acuerdo con los usos y costumbres indígenas.
Villar Castillo reiteró que Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos fueron  desconocidos por no respetar el reglamento elaborado con la aprobación de los pueblos integrantes de la CRAC.
Cinco días después de presentado el informe de la CNDH, en el que se acusa al gobernador Ángel Aguirre Rivero de mantener un doble discurso en relación con los grupos de autodefensa y las policías comunitarias, en conferencia de prensa en Acapulco, los dos coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la CRAC dieron a conocer la postura de esa organización sobre el documento del organismo nacional.
Los coordinadores traían dos pancartas en las que se leía: “Plascencia lo que dice tu informe no es verdadero, no estamos de acuerdo CNDH, respeta los derechos a la libre autodeterminación y la autonomía comunitaria indígena”, y “CNDH la CRAC no es un grupo militar”.
Después la coordinadora regional de San Luis Acatlán, Adelaida Hernández Nava, leyó fragmentos del informe de la CNDH.
La coordinadora leyó los párrafos donde aseguró que la CNDH colocó a la CRAC en el mismo nivel que los grupos de autodefensa, y afirma que el sistema de justicia que aplica no es parte del derecho a la libre autodeterminación.
En el documento se cuestiona la legislación que regula a la CRAC, así como el apoyo del gobierno del estado, y se indica que sin una regulación clara  podría derivar en la formación de grupos paramilitares.
La CNDH señala también ahí que el gobierno debe retomar las funciones de seguridad en los municipios, negándole a la CRAC la posibilidad de realizar funciones de seguridad y acceso a la justicia.
Asimismo, la CNDH acusa al gobierno del estado por su política de criminalización contra integrantes de la CRAC que han sido detenidos.
Después, Villar Castillo enfatizó que la CRAC no puede ser  comparada con los grupos de autodefensa, porque tiene una historia de 18 años que la avala, por lo cual “reprobamos el informe de Derechos Humanos, porque está cuestionando nuestro derecho, cuando tenemos leyes que nos amparan,  no somos autodefensa”, puntualizó.
El coordinador dijo que es una mentira que la CRAC esté violando los derechos humanos, y resaltó que tiene presencia en diferentes municipios y los propios habitantes de las comunidades donde tienen presencia son los que han decidido el reglamento con el que se trabaja.
“Hemos estado creciendo de una manera legal”, dijo, y precisó que aplican un sistema de reeducación que avalan los pueblos porque permite que los detenidos se reintegren a su comunidad con confianza.
Agregó que se critica que el gobierno del estado los apoye con recursos, pero “es parte de su obligación porque somos una institución y respeta el sistema comunitario”.
Por eso es que reciben subsidios, explicó, “no estamos fuera de la legalidad”.
Villar Castillo recordó que la CRAC tiene como respaldo la Ley 701 y por ello “en ningún momento seremos un grupo armado paramilitar”.
Sobre si aceptarían regularse en otro sistema, el coordinador reiteró que ellos tienen su propio sistema y por eso no están de acuerdo ni estarán en el caso de quererlos regular como Policía Rural, ante la nueva aprobación del Congreso local, y que se seguirán fortaleciendo con los pueblos originarios.
Indicó que el sistema comunitario tiene su propio sistema de seguridad y se coordina con los tres órdenes de gobierno para trabajar, por ello “podemos afirmar que la CNDH tiene una comprensión muy limitada de la realidad indígena de nuestras comunidades y que incluso se permite hacer conclusiones y propuestas que no se ajustan a los estándares de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas”.
Villar Castillo pidió a la ciudadanía, organizaciones sociales, al Congreso local, al de la Unión, al Senado y al Poder Ejecutivo “apoyo y respaldo total para que nuestro proyecto se consolide en el marco de la legalidad en nuestro país, ya que la ciudadanía depende de nuestro proyecto y a su debido momento tenemos que ir atendiendo las necesidades de los pueblos”.
En relación a los coordinadores detenidos, como es el caso de Nestora Salgado, así como Gonzalo Molina y Arturo Campos, dijo que es consciente de que están encarcelados pero que la CRAC fue clara con su reglamento interno, de lo que se puede y lo que no se puede hacer, por lo que en su momento se les llamó la atención y se les informó de los riesgos que implicaban las acciones que estaban haciendo, “claro que ellos no respetaban el reglamento interno, acciones fuera de control”, y por eso fueron expulsados de la organización, aunque en realidad la asamblea se negó a expulsarlos.