Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Mortandad y gobierno inepto

 

De acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2012 ocurrieron en Guerrero 2 mil 754 homicidios en total, de los cuales 2 mil 310 están clasificados como “dolosos”, aquellos que oficialmente están relacionados con las actividades de la delincuencia.
Esos mismos registros oficiales reportan hasta noviembre de 2013 un total de 2 mil 302 homicidios, y mil 916 dolosos. Faltan todavía los datos de diciembre, aunque es improbable que los crímenes sucedidos en los últimos 31 días del año superen la cifra de 400 para igualar las estadísticas de 2012.
Pero si se confirma la reducción que puede preverse por esos datos, será muy pequeña, insignificante para generar optimismo o para modificar la tendencia que ha mantenido la violencia en los años recientes. Desde luego es imposible, con base en esa información, que alguien pueda decir que “bajaron en 70 por ciento los homicidios dolosos”, como sin embargo dijo el secretario de Seguridad Pública, Sergio Javier Lara Montellano, según el comunicado de prensa difundido por el gobierno del estado el 30 de diciembre.
Impresiona la necedad con la que una y otra vez las autoridades de Guerrero justifican lo injustificable y se hunden en un cinismo irresponsable para tratar de ocultar su ineptitud ante el embate del crimen organizado y simular que la violencia está en una tendencia a la baja, como sucede con el contenido de ese comunicado. Este documento fue elaborado para contrarrestar la información publicada ese día por el diario Reforma, que no es sino la reproducción de los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los mismos citados al principio de estas notas, y la comparación con los índices de homicidios de otros países, de lo cual Guerrero resulta ser la tercera región más violenta del mundo, sólo debajo de Honduras y El Salvador. No es una comparación nueva, pues ya la había hecho ese periódico siete meses atrás.
Al gobernador Angel Aguirre Rivero no parece ofenderle tanto la matanza cotidiana, sino que se informe de ello. En febrero del año pasado reaccionó con indignación porque el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, una organización independiente, hizo público un informe sobre las 50 ciudades del mundo con los mayores índices de homicidios, en el que Acapulco apareció en el lugar número dos, debajo de San Pedro Sula, Honduras. Y también en mayo, cuando Reforma hizo la comparación que reiteró el lunes pasado. “Eso es una absoluta mentira”, dijo entonces, sin hacer la menor consideración ante el hecho de que se trataba, como ahora, de datos oficiales, no de una opinión.
Igual que en los dos casos anteriores y en otros en que han sido ventiladas públicamente las cifras sobre la mortandad, el gobernador Angel Aguirre hizo difundir una serie de mentiras y alegó “perversas” intenciones políticas para desprestigiar a Guerrero y dañar los flujos turísticos. Pero no afrontó el hecho sustancial y la veracidad de los datos. En el boletín el gobierno de Aguirre sostiene que “ha habido una baja considerable en los delitos de impacto social”, y en una afirmación sin base dice que “los índices de la baja delictiva constan tanto en las dependencias del gobierno federal como en las del estado”. Pero todo eso es falso. Los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alimentados con estadísticas que le son proporcionadas por las procuradurías estatales y que cualquier persona puede consultar a través de internet, informan una cosa muy distinta, como ya se vio. Guerrero mantiene el liderato en el volumen de ejecuciones, por encima incluso de los estados que en otro momento se han destacado por su violencia, como Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, el estado de México e incluso Michoacán. Esta última entidad registra más homicidios que Guerrero en el total (2 mil 368), pero bastantes menos en la clasificación de dolosos (862). Lo mismo sucede con el estado de México, que hasta noviembre de 2013 llevaba 3 mil 547 en el total y mil 772 dolosos. Si se parte de la relación entre el número de habitantes y el número de homicidios, si el estado de México viviera la misma situación que Guerrero tendría en este momento unos 10 mil homicidios, pues tiene el triple de población.
Hasta noviembre, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes era en Guerrero de 54.37 muertes, y es ese índice el que lo convierte en el estado más violento y en la tercera región más mortífera del planeta. En consecuencia, sólo Honduras, con 91.6 crímenes por cada cien mil habitantes, y El Salvador, con 69.2, son más violentos que Guerrero. Pero por las cifras de diciembre que aún faltan, el estado va a cerrar 2013 con una tasa un poco más alta, y aunque es posible que no se repita la de 2012 de 66.14 homicidios dolosos, es seguro que será casi la misma, y también la más alta el país, como el año pasado consignó el Plan Nacional de Desarrollo.
Si el estado permanece en esa posición es porque la violencia mantiene su dinámica, y eso no va a cambiar sólo porque el gobierno diga que la violencia se ha reducido. Como dijimos alguna vez, lo trágico es que mientras el gobernador insiste en sus reacciones infantiles, la realidad causa estragos ahora mismo igual que ayer y que el año pasado.
Un testimonio sobre la profundidad de los estragos que causa el crimen organizado y la incapacidad del gobierno para hacerle frente, lo proporcionó el propio almirante Lara Montellano en septiembre pasado en una reunión con diputados locales, en la que reconoció que el gobierno del estado está “rebasado” por la delincuencia y reveló que el mismo número telefónico 066, usado para recibir las denuncias ciudadanas, está infiltrado por el crimen, de tal forma que los denunciantes terminan perseguidos por los delincuentes denunciados. “Yo denuncio un delito y resulta que se lo pasan a otra parte y le dicen ‘oye cuate, que van para allá’, así que en lugar de detener al delincuente detienen al denunciante y lo amenazan”, explicó entonces el secretario de Seguridad Pública. También el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, hizo en esa reunión una aportación valiosa al describir el poderío de la delincuencia: “¡nombre, aquellos nos llevan, (están) súper avanzados!”, dijo. Los nueve muertos que produjo la violencia en el Año Nuevo ofrecen una prueba contundente de lo anterior.
El esfuerzo que realiza ahora el gobernador Angel Aguirre para negar la descomposición provocada por la delincuencia organizada contrasta con el esfuerzo que hacía hace tres años como candidato para describir el horror de la violencia, y con el aire de suficiencia con el que prometía devolver a los ciudadanos la tranquilidad mediante un programa de combate al crimen “amplio”, “fuerte” y “robusto”. ¿Dónde está ese plan?

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