Carlos Pérez Aguirre

Nuevo año con un gobierno estatal primitivo y corrupto

Varios acontecimientos que se han presentado este año que inicia, retratan de cuerpo entero las características del actual gobierno estatal.
Uno de estos casos es el relacionado con las observaciones que derivó en controversia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto a la incapacidad del gobierno estatal para detener la creciente delicuencia, así como el doble discurso utilizado con las llamados grupos de autodefensas, entre otras observaciones, que fueron el fruto de un trabajo exhaustivo de campo y documental, con médicos y psicólogos que acompañaron a las entrevistas en las comunidades. Dijo que esta situación permitió ver “una realidad muy difícil, de violencia, de dolor humano, que nos da cuenta de una situación de abandono institucional, y lo más preocupante es la colusión de las autoridades con la delincuencia, de la comisión de los delitos y la negativa de investigarlos”.
Además en un comunicado de prensa, la CNDH afirma que observa que la realidad que dio origen a estos grupos, esto es, el abandono institucional y la inseguridad, no se ha transformado, “por lo que hace votos para que el gobierno estatal, en lugar de eludir su responsabilidad, atienda de manera eficaz las causas del surgimiento y tome acciones sustantivas, adoptando las propuestas formuladas por este organismo, para atender la problemática planteada en el Informe, a fin de que exista una transformación de la realidad, que garantice la seguridad pública y el ejercicio de los derechos de los guerrerenses”.
Todo lo informado por la CNDH corresponde a una realidad vivida y denunciada constantemente, pero sobre todo sufrida por los ciudadanos de Guerrero y hay que subrayar lo que este organismo señala: abandono institucional, y lo más preocupante es la colusión de las autoridades con la delincuencia, corrupción llana.
Lo único que el gobierno estatal hace ahora ante este informe es la política de “la avestruz” –le dolió que se descubrieran sus asuntos– en cuanto a sus obligaciones y tratar de controlar al organismo estatal de derechos humanos, con alevosa e ilegal injerencia.
Pero sigamos con el informe, que de haberse el gobierno estatal aplicado por lo menos revisar lo ahí señalado hubiese evitado los asesinatos acaecidos en cárceles estatales.
Ante ello el tercer visitador de la CNDH, Andrés Aguirre Aguilar, dijo que el desinterés de las autoridades estatales para atender a la brevedad las recomendaciones del diagnóstico sobre los penales, contribuyeron a los atentados del 3 y 6 de enero en las cárceles de Iguala y Acapulco, donde 13 personas fueron asesinadas y hubo varios lesionados. Advirtió que la presencia de autogobiernos es una debilidad injustificable y preocupa porque se presentan este tipo de delitos (homicidios) que no deben ocurrir; “son sucesos que tienen que ver con un entorno estructural de tolerancia y corrupción en los centros penitenciarios, evidentemente es motivo de preocupación de la CNDH y uno de los objetivos del diagnóstico es precisamente ese, alertar a las autoridades, respecto a este tipo de riesgos”.
Pero de nueva cuenta lo que se deja traslucir y de lo cual había diversas denuncias incluso de organismos públicos, es la grave corrupción en diversas dependencias, el nepotismo y el compadrazgo –por ejemplo, recientemente los diputados denunciaron el querer incluir un presupuesto de mas de 500 millones al DIF estatal, organismo que ha denotado una total oscuridad y discrecionalidad en el manejo presupuestal– esa situación se presenta de manera aguda y agresiva en los organismos de seguridad publica estatal con consecuencias sumamente graves para la ciudadanía.
Por ello el gobernador ha lanzado toda una ofensiva para apoderarse irregularmente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el objeto de tratar de neutralizar las observaciones imparciales que realiza la CNDH, así pretende irregularmente nombrar a su presidente para en su momento generar opiniones a modo del organismo que debe ser independiente del ejecutivo.
El gobernador Ángel Aguirre ha desatado una abierta injerencia para controlar a el organismo que requiere renovar la presidencia, valiéndose de presiones, chantajes y maniobras.
Por ello, y ante la artera maniobra del gobernador Ángel Aguirre Rivero que destituyó a Hipólito Lugo Cortés como encargado de despacho de la presidencia de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y designó la tarde del martes a Ramón Navarrete Magdaleno, quien se desempeñaba como coordinador del organismo en Acapulco, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, declaró que “la designación se hizo sin protocolo alguno y sin previo aviso a los consejeros técnicos de la comisión estatal o al visitador con total irregularidad”.
Además, el consejo técnico de la Codehum el miércoles expuso además en su pronunciamiento que este es el órgano facultado para establecer la política de actuación de dicha comisión, y que ha establecido que de acuerdo al marco legal, “es el visitador general, Hipólito Lugo Cortés, quien legalmente asume las funciones de la presidencia de la Codehum, hasta que se designe nuevo titular, descartándose así la injerencia del gobernador, como lo pretende hacer”. En pocas palabras el gobierno estatal está más preocupado en neutralizar los señalamientos de incumplimiento, que en atender sus responsabilidades institucionales y combatir la corrupción. Por algo debe ser.
Titishando: Ante la actitud soberbia del gobernante estatal de incumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta deberá recordarle que aun está pendiente el informe definitivo del asesinato de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en donde se le involucró junto con el que entonces fungía como secretario de Gobierno. Caso que por cierto toma de nueva cuenta vigencia, por no haberse resuelto aún, situación que la ciudadanía demandamos se esclarezca.

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