Jesús Mendoza Zaragoza

Autodefensa y Estado de derecho

Las autodefensas michoacanas han visibilizado una respuesta social armada ante los excesos de la violencia generada por el crimen organizado y están sirviendo de incentivo para que surjan más grupos en diversas regiones del país. Aunque son muy diferentes, las autodefensas guerrerenses vinculadas con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) están expandiéndose a más comunidades que viven situaciones de inseguridad de alto impacto. Es muy probable que, alentados por estas iniciativas sociales, sigan surgiendo otros grupos en las regiones en las que no se encuentran otras salidas viables ante la ineficacia del Estado.
Las autoridades siguen invocando el Estado de derecho como argumento para rechazar estas movilizaciones ciudadanas armadas. Y tienen razón, pero debieran entender que su incapacidad es uno de los factores del surgimiento de las autodefensas. El Estado de derecho invocado ya está vulnerado previamente por las organizaciones criminales y por las mismas autoridades que no cumplen sus obligaciones de ley para establecer condiciones de seguridad suficientes como para que los pueblos no tengan la tentación de alzarse en armas. De manera indirecta es el Estado el que lanza a las calles a hombres y mujeres armados para defender a sus familias y su patrimonio.
La legitimidad de la autodefensa requiere sus condiciones, que en la mayoría de los casos se dan porque buscan protegerse del agresor mientras se mantiene una situación de alto riesgo y no hay protección de las instituciones responsables de la seguridad. Se trata de una emergencia humanitaria. Y cada día crecen estas condiciones para que se levanten otros pueblos y se reproduzcan los grupos armados de una manera vertiginosa. Y no hay señales de que las autoridades puedan y quieran hacer su parte para desactivar el surgimiento de nuevos grupos de autodefensa. El caso de Michoacán, donde el gobierno emplazó a las autodefensas a dejar las armas y a regresar a sus comunidades no funcionó, simplemente porque no se daban las condiciones para que esto sucediera. Y se prevé que no va a suceder en el corto plazo. De esta manera, las autoridades tienen que aceptar la colaboración con grupos ilegales para enfrentar al crimen organizado. ¿Y dónde queda el Estado de derecho, el respeto a la ley?
Este es el punto. Hay un nudo jurídico e institucional que está impidiendo que haya salidas racionales a todo este embrollo. El gobierno tiene que asumir la vulneración de la ley para salir de la crisis y tiene que generar un discurso contradictorio que lo muestra como violador de la ley porque no cumple sus obligaciones y porque colabora con grupos que actúan al margen de la ley. En este sentido, es necesario buscar salidas de fondo. Y para ello, nos encontramos con el tema de la democracia. ¿En qué sentido?
La población, en la mayoría de los casos, no se siente representada por sus autoridades y no existe una sinergia entre autoridades y sociedad. Nuestra democracia es tan endeble y, hasta ficticia, al grado de que en la práctica hay dos mundos que están separados: el mundo de la gente sin poder y el mundo de los gobernantes con todo el poder. Son dos dinámicas distintas, dos agendas muy diferentes, dos formas de ver la vida y de afrontarla. La clase política, en el Olimpo, no sabe de los pesares cotidianos de los ciudadanos. Ni les interesan, pues sus energías las enfocan a los procesos electorales. Solo piensan en el poder. Por eso, la mayoría de las decisiones que vienen de allá arriba no tienen eficacia ni para el desarrollo ni para la justicia ni para la paz.
La cuestión de fondo está en el necesario reconocimiento del poder que corresponde a las comunidades locales. Que se les reconozca legalmente la facultad de tomar decisiones en muchos temas que les afecten. Uno de ellos sería el de la seguridad, pero no el único ni el más importante. Las comunidades locales debieran tomar decisiones en temas como el medio ambiente, el desarrollo, la educación, la cultura y otros más. En este sentido, los temas que afectan a las comunidades, como los espacios más cercanos a la gente, a las familias, contarían con la participación activa de sus miembros, rompiendo con el esquema autoritario que impone muchas decisiones que dañan el tejido social y frenan el desarrollo integral de los pueblos.
La fiebre legislativa que se ha dado en este sexenio no ha puesto su atención en este nivel de nuestro México. Muy ocupados en asuntos de macroeconomía y de la globalización de los mercados se generaron leyes muy cuestionadas por los efectos nocivos para la gente de a pie y que solo interesaban a las élites políticas y económicas. ¿Por qué no han pensado los legisladores en desbaratar el nudo que no permite un esquema de seguridad que integre a ciudadanos y a sus comunidades con las autoridades constituidas en los municipios, en los estados y en la federación? ¿Acaso no es posible canalizar los movimientos de autodefensa hacia la participación ciudadana activa con un marco legal adecuado de manera que den su aporte amparados en la ley y se pueda evitar en el futuro próximo una anarquía de grupos armados o paramilitares controlados por los mejores postores políticos, económicos y mafiosos?  Porque, hay que reconocerlo, este es el gran riesgo que plantean las autodefensas en el mediano plazo.
Yo no sé de leyes ni de procesos legislativos pero sí me preocupa la necesidad de preservar el Estado de derecho para no arribar a condiciones de caos social. Y creo que éste tiene que adaptarse para responder a las necesidades de la población. Y una necesidad apremiante es la seguridad. Y los pueblos han probado que pueden aportar algo que ni los militares ni los marinos, ni las policías convencionales pueden hacer. Se necesitan esquemas de colaboración entre ciudadanos y autoridades. Y no, precisamente, de ciudadanos armados. Pero, el gran pero, es que esto implica abrir espacios democráticos a los que muchos políticos les tienen terror, pues viven del manejo perverso de la gente. Están obsesionados por controlar y manipular y no por servir.
Concluyendo, creo que la crisis humanitaria generada por la violencia y las respuestas desesperadas de los pueblos, corresponden a un grave déficit democrático. Si avanzáramos hacia la democracia tendríamos mejores condiciones para la paz y, por lo tanto,  para la seguridad de los ciudadanos. En caso contrario, tenemos que esperar que los cárteles nos pongan a los candidatos para el próximo proceso electoral. Y se necesitaría una reforma legislativa que reconozca facultades a las comunidades para que estén amparadas en la ley a la hora de defenderse. Se tiene que construir un esquema de colaboración en el que la genta tenga instrumentos jurídicos para protegerse y para destituir a las autoridades que no cumplan sus obligaciones.