Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Disminución real de los niveles de violencia”

El presidente Enrique Peña Nieto dijo la semana pasada que en México se ha producido una “disminución real de los niveles de violencia” en comparación con las estadísticas de 2011, el “año más crítico”. Esa fue la segunda noticia propagada por Peña Nieto en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, después de la reforma energética, donde muy a su pesar tuvo que hacer referencia a la crisis de inseguridad que vive el país y, en este momento con inocultable espectacularidad, los estados de Michoacán y Guerrero.
Las cifras no lo contradicen, pues en efecto, mientras en el 2012 fueron reportados 21 mil 728 homicidios dolosos, en 2013 esa estadística indica 18 mil 143. Son 3 mil 585 crímenes menos. Si se hace la comparación con los datos de 2011 como hizo Peña Nieto, la disminución resulta ser de 4 mil 713.
Lo más razonable es someter a una prueba de veracidad la reducción celebrada por el Presidente. La duda obedece a los poco transparentes criterios oficiales para la clasificación de los datos, y al ánimo de silenciamiento que se propuso la estrategia de comunicación que puso en práctica el gobierno federal, consistente en desaparecer de los medios de información el tema de la inseguridad y la violencia, como si la calma así creada en el papel pudiera transfundirse a la realidad. No es que haya tenido mucho éxito esa pretensión de querer tapar el sol con un dedo, pues los acontecimientos fluyen hacia el conocimiento público aun contra los deseos oficiales, y como le ocurrió al propio Peña Nieto en Davos, donde tuvo que abordar el tema de la violencia y la inseguridad ante el requerimiento de los organizadores del foro.
Pero de todos modos, si se da por cierta y plena la disminución en el número de muertes ocasionadas por el crimen organizado, la información dista mucho de ofrecer algún consuelo. En lo que al número de víctimas se refiere, el descenso registrado en 2013 muestra una mejoría respecto a los tres años anteriores, pero 18 mil? 143 muertos es todavía una cifra bastante elevada en comparación con el 2009, cuando para el asombro nacional la violencia produjo la cantidad de 16 mil 118 muertes.
El Presidente dijo al mundo que la violencia está bajo control y en retirada, pero mientras se multipliquen los grupos de autodefensa y amplíen su radio de acción con el apoyo absoluto de la población para enfrentar a la delincuencia, como sucede en Michoacán y Guerrero, esa presunción será inconsistente, falsa. No es, pues, una reducción significativa, que modifique la situación o invierta los factores de fuerza.
Menos complacencia podrían tener las autoridades de Guerrero, pues si hasta noviembre del año pasado la tasa de homicidios estatal era de 54.37 muertes por cada cien mil habitantes, cerró el año en una tasa de 59.2 homicidios por cada cien mil habitantes, que mantiene a la entidad en el primer lugar nacional con 2 mil 87 asesinatos. Como ya empieza a ser costumbre, Guerrero superó en estas estadísticas a Chihuahua (mil 443 homicidios dolosos en 2013), el estado de México (mil 932), Michoacán (961), Sinaloa (mil 208) y Tamaulipas (555). A pesar de que el índice de homicidios de Guerrero es inferior a los 66.14 muertos por cada cien mil habitantes del 2012, la variación es tan pequeña que tampoco permite una celebración, pues ni siquiera se acerca a las estadísticas de 2010, cuando mil 500 muertos eran motivo de alarma y ahora serían señal de regocijo.
Es tan incontrolable y espantosa la violencia en el estado, que el gobernador Ángel Aguirre Rivero de plano aplaudió la semana pasada el hecho de que los secuestros durante el 2013 solamente hayan aumentado en 25 por ciento, para sumar 207 plagios denunciados, y no un 225 por ciento como dijo que alguien dijo según datos oficiales. Como si 25 por ciento fuera una cifra tolerable. Pero es tan inaceptable como el hecho de que cinco comerciantes hayan sido secuestrados la tarde del sábado en el mercado central de Chilpancingo, que se supone está vigilado por militares y policías, y que en esas condiciones los plagiarios hayan podido huir sin impedimento alguno.
En hechos como el del mercado queda brutalmente expuesta la incapacidad gubernamental para abatir la violencia y brindar márgenes aceptables de seguridad, y más todavía cuando la población opta por la autodefensa. El caso del valle del Ocotito, en el municipio de Chilpancingo, es la prueba más reciente de que ya es iluso esperar alguna acción eficaz de las autoridades. Se confirma además que también es una pérdida de tiempo esperar una reacción sensata por parte del gobierno, pues lo único que se le ocurrió al gobernador fue amenazar otra vez a los policías ciudadanos con encarcelarlos por hacerse justicia por mano propia porque está prohibido por la Constitución y el Estado de derecho. Ese argumento legalista, en el que el gobierno federal dio marcha atrás en Michoacán por su inaplicabilidad en las circunstancias excepcionales generadas por la delincuencia, es absurdo y resulta hasta criminal si se trata de imponer a la población que está sometida por las bandas criminales, como era la situación en las ocho comunidades de Chilpancingo en las que tomó el control la Policía Ciudadana de la UPOEG.
A la luz del fracaso de la estrategia contra el narcotráfico desarrollada por el gobierno de Peña Nieto, no se puede sino recibir con escepticismo el anuncio del nuevo plan nacional antisecuestros, que será presentado esta semana después de acordarlo con los gobernadores. Es el enésimo plan, y sus autores y ejecutores son los mismos que hasta ahora han dado un pobrísimo servicio a la sociedad.

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