Piden familiares de Rocío Mesino al obispo Raúl Vera que intervenga para que se haga justicia en el asesinato

*En una carta mencionan la trayectoria, logros y pormenores del crimen. También le solicitan que apoye la creación de una fiscalía especial para los crímenes de lesa humanidad contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Familiares de la luchadora social Rocío Mesino Mesino, asesinada el 19 de octubre de 2013, pidieron al obispo de Saltillo, Raúl Vera López, que intervenga para que este crimen no quede impune, se conozca la verdad histórica y tanto autores intelectuales como materiales sean enjuiciados y castigados con todo el rigor de la ley.
Mediante un escrito que le entregaron en su gira por Guerrero insistieron en que haga eco de esta exigencia, así como de la demanda del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) de la creación de una fiscalía especial para los crímenes de lesa humanidad contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos en los últimos dos años en la entidad.
En el documento, donde se indica la trayectoria, logros y pormenores del asesinato de la dirigente, también se informó que el 14 de enero el gobierno municipal de Atoyac retiró las medidas cautelares de seguridad a los familiares de Rocío, argumentando que los policías asignados no habían sido evaluados por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública.
Sin embargo les enviaron una patrulla de con policías estatales mientras los policías de confianza de la familia Mesino fueron enviados a capacitación y evaluación, para que ellos se encarguen de su resguardo.
En el escrito que firma Norma Mesino Mesino, representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), destaca que la luchadora denunció en el país y en el extranjero la matanza de 17 campesinos en el vado aguas Blanca el 28 de junio de 1995, casos de desaparición forzada y la pobreza en Guerrero, lo que motivó una recomendación de Amnistía Internacional (AI) al gobierno de México sobre violaciones sistemáticas de los derechos humanos de campesinos y luchadores sociales.
Desdes entonces señalaron que sufrió persecución por insistir en el castigo a quienes ordenaron el asesinato de campesinos en Aguas Blancas, “donde el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer mandó a asesinar a 17 campesinos de la OCSS”, y por alzar la voz por causas sociales.
Señalaron que en 2007 la activista denunció al alcalde de Atoyac Pedro Brito García por desvío recursos; ese mismo año un grupo armado atentó contra su vida y la Codehum obligó al gobierno municipal a proporcionarle seguridad, como medida cautelar.
En el siguiente periodo de gobierno municipal, el alcalde Carlos Armando Bello amenazó a los representantes de la OCSS con desaparecer a la organización que exigía transparencia del programa del fertilizante y en la obra pública, agrega.
“Las amenazas del presidente hacia Rocío se hicieron más evidentes y finalmente le retiró a los policías municipales que se había otorgado a través de la Codehum, y (Armando Bello) la amenazó directamente diciéndole textualmente, ‘te va a cargar la chingada’, denuncia que hizo ante los medios de comunicación”, menciona.
Rocío Mesino tenía 39 años de edad cuando fue asesinada, también exigió la libertad de presos políticos y de conciencia, denunció la tala inmoderada en comunidades y ejidos como Agua Fría e incluso, “detuvo varios carros de madera como protesta social”.
Como regidora del ayuntamiento de Atoyac, en el periodo 2005-2007, promovió la creación de la Policía Ecológica que confiscaba madera trasladada de forma clandestina en operaciones hormigam pero “este logro” fue disuelto por el siguiente presidente municipal, Carlos Armando Bello Gómez, que desmanteló a la corporación y amenazó a Mesino Mesino por sus denuncias, recuerda.
La dirigente también señaló los daños en el medio ambiente y el contubernio de ayuntamientos y las autoridades federales que son las que otorgaban los permisos de aprovechamiento.
En la carta expresan que la OCSS ha sido reprimida desde el 2005 y varios de sus activistas fueron asesinados por grupos “paramilitares”, como su hermano Miguel Ángel Mesino Mesino, el 18 de septiembre de ese año que cayó por un grupo autodenominado “la patria es primero”, de la organización subversiva Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR). Desde esa fecha también fueron hostigados por el Ejercito y volvieron a pedir medidas cautelares ante la Codehum, las que se otorgaron de parcialmente.
Siete meses antes de ser asesinada en la comunidad de Mexcaltepec, en Atoyac, Mesino Mesino fue detenida violentamente y encarcelada, acusada de secuestro y crimen organizado, pero en unos días fue absuelta.
Cuando fue atacada a quema ropa en un albergue de refugiados que fueron damnificados por las lluvias de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid en septiembre, señalaron que las corporaciones policiacas en el municipio no respondieron al llamado de auxilio, tampoco se rastrearon las principales salidas “sólo  hicieron un recorrido al lugar de los hechos después de una hora de lo ocurrido”.
Después de su muerte sus familiares han sido hostigados y amedrentados por hombres armados que rondan sus casas porque cuestionan las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre el homicidio que puso en riesgo a los testigos al señalar como principal línea de investigación a la delincuencia organizada, agrega la carta.
Los familiares rechazaron estas versiones porque consideraron que sólo se utilizan para manchar la imagen de la luchadora social que ya había había denunciado amenazas de muerte en su contra, explica.