Marcial Rodríguez Saldaña

Ley de consulta antipopular

En el proceso de las llamadas “reformas estructurales” promovidas por Peña Nieto, la laboral, educativa, fiscal, hacendaria y energética, que atentan contra los derechos de trabajadores, de maestros, de contribuyentes y de los recursos naturales propiedad de la nación, se ha ofrecido –a posteriori– una Ley Federal de Consulta Popular que ya fue aprobada en las comisiones del Senado y en caso de que se ratifique así por el pleno, sería un freno a la participación ciudadana en la toma de decisiones trascendentes para el pueblo de México.
1.- Las formas de democracia directa como ahora pretende ser consulta popular, llegan demasiado tarde a nuestro sistema político constitucional federal. En el concierto internacional los mecanismos de participación popular como el referéndum, provienen desde finales del siglo XVIII en los nacientes estados de la Confederación Norteamericana como Massachusetts, Connecticut y Nuevo Hampshire y Rodhe Island, que sometieron a los ciudadanos la aprobación de sus textos constitucionales, lo mismo ocurrió en Suiza, y posteriormente en el siglo XIX y XX se consolidaron estas figuras en Europa y en América Latina.
2.- En el caso de México, las entidades de la república se  han adelantado a la federación en la aprobación de las formas de democracia directa tales como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, ya que desde hace cuando menos dos décadas, la mayoría de los estados han aprobado estas figuras que permiten a los electores, la posibilidad de participar con mayor frecuencia en los asuntos públicos relevantes, aun cuando poco se ha ejercido en la práctica la denominada democracia participativa.
3.- En el contexto nacional, la clase política que ha gobernado en México y que ha sido el sostén del régimen autoritario –de control del poder por las elites y por los poderes fácticos– se han opuesto constantemente a que los ciudadanos participen con mayor regularidad en la toma de decisiones que son importantes para todo el país y ahora con la aprobación de una Ley Federal de Consulta Popular, se pretende engañar a la población, ya que esta ley tal y como se busca aprobar, es un dique a la democracia directa.
4.- La Ley Federal de Consulta Popular, tiene graves fallas de origen, ya que es una ley restrictiva en su ámbito de aplicación, debido a que debe denominarse Ley Nacional –y no federal– para que  se dirija a los actos en todo el país y no solo en el área de la federación; por otro lado impide que se realicen consultas sobre actos emitidos por el Constituyente Permanente, es decir sobre reformas a la Constitución General de la República, entre ellos, los relativos a la reforma energética y otras reformas constitucionales.
5.- La ley que se pretende votar en el pleno del Senado es muy limitativa, en razón de que no incluye figuras de participación ciudadana como el referéndum y el plebiscito, que son formas de intervención muy comunes en los sistemas políticos constitucionales de los países en transición a la democracia y en las democracias consolidadas, por lo que su  aprobación sería una regresión, ya que mientras en la mayoría de los estados de la federación ya existen estos mecanismos de participación de los electores, se impide que a nivel nacional se reconozcan.
6.- Otra de las dificultades que tiene esta ley, consiste que en el caso de que la consulta la soliciten los ciudadanos, se exige que se haya reunido al menos el 2 por ciento de firmas de la lista nominal de electores y que haya una previa declaración de constitucionalidad y calificación de la trascendencia nacional de la consulta a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En caso de que se apruebe así como se propone esta ley, por parte del pleno de la Cámara de Senadores y luego de la Cámara Federal de Diputados, será una simulación y engaño al pueblo de México, y un grave retroceso en el  proceso de democratización del país.

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