Sin validez, el documento qu se presenta para avalar la propiedad, responde el gobierno estatal

El gobierno del estado convocó mañana a los copropietarios de la Ex Hacienda El Coloso a una mesa de trabajo en el centro de convenciones Mundo Imperial, para discutir la inconformidad sobre los predios que, dicen, son afectados por la obra del Macrotúnel.
Unos 207 copropietarios de la Ex Hacienda El Coloso demandan la indemnización por la afectación de casi dos hectáreas por las obras ubicadas entre Llano Largo y la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio.
En el comunicado, el gobierno del estado responde a los vecinos que exigen indemnización que el documento con el que pretenden acreditar la propiedad de diversos predios ubicados por los nombres El Rincón, La Punta y Nuevo Acapulco, “no constituye en forma alguna un título de propiedad porque no reúne los requisitos indispensables para concederle la validez legal”.
Además de que el plano que entregaron permitió definir que “la ubicación referida en campo no corresponde a la señalada en el plano, ni se encuentra dentro de la afectación con motivo del derecho de vía del Macrotúnel”.
En la reunión, a la que son convocados los vecinos afectados mediante el comunicado, “se les hará una presentación gráfica que recoge todos los elementos por ellos proporcionados, así como los trabajos relativos a esa información”.
“Con el propósito de corroborar –una vez más– el trazo de la vía de esta magna obra, servirá también para acreditar fehacientemente el hecho de que no se afectarán en ninguna forma las supuestas propiedades de quienes se dicen perjudicados. Consecuentemente, al no haber afectación no habrá pago alguno, ni indemnización de ninguna especie”, se lee en el texto.
La reunión se llevara a cabo el sábado a la 1 de la tarde y se convoca a todos los interesados a acudir para los aspectos técnicos y geográficos de ubicación e identificación de los predios señalados con afectación.
En el comunicado el gobierno del estado informa que para atender la demanda de los inconformes un grupo de trabajo realizó un “análisis detallado, puntual y escrupuloso” y encontró “graves irregularidades” en el documento con el que los vecinos pretenden acreditar la propiedad de los terrenos afectados, por lo que se presentó “una denuncia de carácter penal a fin de que las autoridades ministeriales competentes determinen la posible comisión de delitos”.
“El gobierno del estado manifiesta su disposición de atender todos los reclamos y desahogarlos de manera pertinente en términos de los artículos 8 y 16 constitucionales. Por lo tanto no existe ningún motivo o razón para realizar acciones que violenten el estado de derecho, en cuyo supuesto se aplicaría la ley a quienes incurran en ese tipo de conductas” se lee en el escrito.
El texto precisa que “todas las propiedades que se encontraron dentro del trazo de afectación, han sido debidamente adquiridas y liquidadas mediante el pago de derechos posesorios, ejidales o de propiedad privada. Todo lo anterior en el marco correspondiente de las leyes en vigor”.