Niega el MP de Chilapa la autorización de un aborto a una joven indígena de 15 años violada, denuncian

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La integrante de la organización Raíz Zubia, Susana Oviedo denunció que personal del Ministerio Público (MP) de Chilapa maltrató a una joven indígena que es sordomuda, a quien le han negado una orden para la interrupción de su embarazo producto de una violación.
En declaraciones a reporteros, la representante de la organización que promueve la despenalización del aborto en Guerrero, reprochó que existan casos como el de Cándida, una joven de Tlayelpa del municipio de Chilapa que fue violada sexualmente, “a la que las autoridades le siguen violando sus derechos”.
Susana Oviedo explicó que la joven tiene 15 años, es sordomuda y pertenece a una comunidad indígena de Chilapa, y a pesar de que denunció la violación sexual de la que fue víctima, no se ha detenido al agresor ni se le ha liberado la orden de interrupción del embarazo.
Relató que la menor de edad, acompañada de su madre, acudió a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales para denunciar la agresión cuando se enteró que estaba embarazada. También solicitó una orden de interrupción del embarazo, pero no había traductores que las auxiliaran, “eso es maltrato, discriminación y violación a sus derechos”.
Después acudieron acompañadas también de una trabajadora social de la Secretaría de Salud (Ssa) pero continuó el maltrato del personal del MP hacia la familia de la víctima.
También hubo violencia hacia la trabajadora social, a la que calificaron de inexperta, porque insistían en que debería ser ella quien presentara la denuncia, cuando no es necesario, porque la interrupción del embarazo es legal en caso de violación “y el aborto se debió practicar de inmediato”.
La responsable de la Dirección Estatal de Prevención y Atención a la Violencia Familiar, Sexual y de Género en la Ssa, Miriam Areli Aparicio González, les dijo que la dependencia no podía hacer nada si el MP no les envía la orden de la interrupción del embarazo, de lo contrario no pueden intervenir a la menor de edad.
La joven está ya iniciando el segundo trimestre de su embarazo, y a partir de la tardanza de la liberación de la orden de interrupción del embarazo es más riesgoso un aborto y se podría ver obligada a tener al bebé a pesar de que no es su decisión y está en riesgo su vida porque tiene un alto grado de desnutrición.