PERISCOPIO

Simulación. Todos los políticos que quieren competir por un cargo en los comicios del año próximo ya se están moviendo en pos de ese objetivo. Pero como la ley electoral castiga los actos anticipados de campaña, también todos disfrazan sus actos y los presentan como si fueran solamente el inicio de proyectos de organización ciudadana para que le vaya bien a su municipio o a su estado.
Aunque diga que no, el ex gobernador Zeferino Torreblanca quiere ser alcalde de Acapulco otra vez. Partiendo de la premisa de que el resto de los políticos no son mejores que él, Torreblanca se lanza al ruedo sin temor a que la justicia lo alcance por el asesinato del presidente del Congreso, Armando Chavarría y sin miedo alguno a ser tocado por las irregularidades halladas en el manejo de los recursos públicos durante su mandato sexenal y las obras de gran presupuesto que dejó inconclusas.
Si persiste en su intento, como todo indica que lo hará, lo que se prefiguraría entonces es una campaña de lodo y ningún debate de altura como el que dijo el sábado anterior que busca promover.
El diputado local Ángel Aguirre Herrera también quiere ser alcalde de Acapulco, aunque diga que no es ése el propósito del grupo político que presentó el sábado en el puerto. Su mayor merecimiento es que se trata del hijo del gobernador del estado. No dice, atendiendo a su brevísima trayectoria en la política, que va a apoyar al compañero tal y que si gana le va a pedir que lo incorpore como síndico  o en algún cargo de su gabinete para adquirir más experiencia administrativa y conocimiento de los problemas del municipio, y buscar ser alcalde en las elecciones de 2018. No. Es ahora o nunca. Ahora que puede tener todo el apoyo, y no solamente político, de su padre el gobernador del estado.
¿Se imaginan un debate de ideas y de proyectos de gobierno entre Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre Herrera? Claro que no. El primero quiere colarse dicen que incluso como candidato del Morena de Andrés Manuel López Obrador, quien en busca de los votos para el registro de su partido no dudaría en apoyarlo. Y hasta dicen que puede ser competitivo dada la flaquísima caballada formada por Aguirre Herrera, el eterno joven perredista Evodio Velázquez Aguirre, el impopular priista Rubén Figueroa Smutny o el perfumado Víctor Manuel Jorrín, del partido del alcalde Luis Walton.
En todo caso se prefigura un escenario de rudos combates por la candidatura, la división del perredismo y de las fuerzas progresistas en general que no cuentan con un aspirante fuerte que unifique y la eventual irrupción de un candidato –o candidata– de unidad en el PRI que abra a este partido el camino de regreso a la alcaldía con todo el apoyo de Enrique Peña Nieto. Algo similar a lo que podría pasar también en la contienda por la gubernatura.
¿Contralor? Muchos esfuerzos de distinto tipo hace el gobernador Ángel Aguirre para que no se compare a Guerrero con Michoacán, pero cada día aparecen más similitudes. El punto de partida para la intervención federal en el estado vecino fue que se vivía allí una grave “debilidad institucional”. Es decir, que las instituciones o no funcionaban o estaban rebasadas en este caso por la crisis de inseguridad. ¿Y no es ejemplo de una gran debilidad institucional que el contralor general del estado aparezca en un acto político de la campaña del diputado Aguirre Herrera en busca de ser candidato a alcalde de Acapulco? ¿Y todavía más que ese contralor no acuda como un asistente cualquiera sino que pase a formar parte de la mesa directiva de la nueva agrupación y se retrate a la derecha del hijo del gobernador?
Uno suponía que el contralor estaba muy ocupado en las tareas propias de su cargo, y cuidando además de cumplirlas escrupulosamente. Por ejemplo, la sociedad todavía espera los resultados de la investigación sobre las toneladas de ayuda enviada a los damnificados y que no fueron entregadas a éstos, descubiertas en un almacén del DIF estatal en Chilpancingo. Antonio Arredondo Aburto asumió esa encomienda, y antes de terminarla ya aceptó formar parte del equipo de quien, según vox populi, era el beneficiario de las despensas no entregadas, pues éstas precisamente se usarían para obtener clientela rumbo a la candidatura a la alcaldía de Acapulco.
Suena escandaloso ¿no? Suena a una burda exageración. Pero lo cierto es que un cargo de tan altísima responsabilidad como es el que obliga a cuidar que los recursos públicos se ejerzan para los fines aprobados por el Congreso, no puede ser ocupado por alguien involucrado en las lides políticas. Aunque el puesto de contralor general del estado dependa del Ejecutivo, la naturaleza del mismo obliga a ejercerlo por encima de las disputas políticas y con una honorabilidad a toda prueba.
La participación del contralor en un puesto relevante en una campaña política debilita a la Contraloría General del Estado. Debilita al Estado. Pone a éste al servicio de intereses particulares. Y es ese el camino que conduce a la ingobernabilidad.

* Con la reaparición de Periscopio El Sur busca ofrecer a sus lectores el contexto de acontecimientos políticos relevantes y contribuir al análisis de los mismos.