Tlachinollan

Las tormentas de la desolación y el olvido

 
Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Es inadmisible constatar que a seis meses de la devastación causada por los meteoros Manuel e Ingrid en 56 municipios del estado, la desolación y el olvido campee en las regiones más golpeadas por la pobreza y la exclusión social. Los rastros del desastre son un monumento a la indolencia. Ninguna autoridad se preocupa por remover los escombros de las tormentas, mucho menos hay interés ni dinero para iniciar los trabajos de la reconstrucción. Las familias desplazadas de la Montaña siguen luchando contra todo: durmiendo a la intemperie, padeciendo todo tipo de afectaciones en la salud, la vivienda, la educación, el trabajo. Enfrentando carencias básicas; como maíz, frijol, agua, luz, ropa, medicinas.
En cuanto a puentes y caminos nada ha cambiado; siguen los peligros inminentes de que se desplome algún puente o continúen los derrumbes. Mientras tanto la población urgida de transitar por estos lugares maltrechos, improvisa pasos para no quedar incomunicada. Los trabajos que se realizan solo son para remendar daños estructurales y  parchar grietas. La corrupción, la mala planeación y la pésima calidad de las obras quedaron evidenciadas con todo lo que arrastraron las corrientes de agua.
El problema mayor que enfrentan las familias damnificadas es que no hay una autoridad confiable que les hable con la verdad, que conozca a fondo la diversidad de problemas que enfrentan, que tenga capacidad para tomar decisiones y atienda con prontitud sus demandas fundamentales. El peregrinar de funcionarios que llegan a los campamentos para sacarse la foto y abrumar a la gente con promesas, solo busca apaciguar el malestar de la población desplazada, de postergar soluciones de fondo y de reducir a su mínima expresión las demandas centrales de reubicación y compra de terrenos.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno de manera sistemática le niegan cualquier información que requiere  la población damnificada, como si no estuviera reconocido el derecho a saber. A las comunidades desplazadas siempre les han negado la entrega de  los dictámenes o recomendaciones que hace meses emitió el Cenapred. Los funcionarios de todas las dependencias públicas y ayuntamientos se encargan de hacer más tortuoso el camino a esta población; los tratan con sumo desprecio, con formas despóticas y discriminatorias. Nunca hablan con la verdad y no le dan la atención debida a la gente ni le dedican el tiempo necesario para comprender sus planteamientos, dudas y preocupaciones. Los funcionarios están cortados con la misma tijera; son inabordables, indolentes, intolerantes, desatentos, nada respetuosos, engreídos y sin ética profesional.
Estas malas actuaciones de las autoridades son las que en buena parte explican el abandono y la desatención a la diversidad de problemas que enfrentan las familias damnificadas. No es fortuito que en varias regiones del estado, decenas de familias afectadas por las tormentas se vean obligadas a protestar y denunciar a las autoridades, por incumplir sus compromisos y por no resolver situaciones de suma prioridad. La reubicación de las comunidades desplazadas es una de las demandas más urgentes que han descuidado las autoridades. De igual modo, la construcción de sus viviendas, que se sigue posponiendo y no se sabe cómo será el tipo de vivienda y quien se encargará de construirlas. Hay una desatención a la población que sufrió daños estructurales en sus viviendas y que corren el riesgo de caerse, pero que la burocracia del desastre no las tomó en cuenta, porque la norma no lo estipula. La aflicción de estas familias es que sus casas aunque no se cayeron ya no son habitables, y por ello mismo, requieren del apoyo para construir una nueva vivienda.
Otro problema de gran impacto en la Montaña son los cultivos siniestrados. Muchos productores de maíz que sufrieron daños severos en sus parcelas no fueron registrados en los censos. Fue un trabajo hecho al vapor por parte de las instituciones gubernamentales que ignoraron a la población afectada y que no buscaron el apoyo de la comunidad. Les preocupó más quedar bien con sus jefes entregando cifras que no corresponden a la realidad, que hacer un registro serio y veraz que diera cuenta de todos los cultivos dañados que dejaron a la deriva a centenares de familias que sobreviven del tlacolol.
A seis meses de las tormentas las autoridades de los tres niveles de gobierno siguen sin coordinarse ni ponerse de acuerdo sobre cómo van a resolver los problemas que enfrentan las comunidades desplazadas. Recientemente la secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano (sedatu) informó al consejo de comunidades damnificadas de la Montaña que ya no es el Cenapred, sino las direcciones de protección civil de los gobiernos municipales, los responsables de emitir las recomendaciones sobre la reubicación de las comunidades desplazadas. Esta decisión se vino a saber cinco meses después, sin que signifique algo para las comunidades, porque todo sigue igual, como el día que cayó la tormenta.
Nuevamente el 7 de marzo personal de la Sedesol federal, CDI y Sedatu junto con las autoridades del estado propusieron al Consejo de comunidades damnificadas que mejor sea la subsecretaría de protección civil del gobierno del estado la que se encargue de realizar los dictámenes técnicos. Se planteó que en dos semanas más se contaría con los dictámenes de 12 comunidades, en virtud de que los ayuntamientos no tienen capacidad para dar respuesta a las necesidades de las comunidades desplazadas. Es decir, que técnicamente estas comunidades aún no saben qué va a pasar con su reubicación. Tampoco saben si las autoridades están dispuestas a conseguir terrenos apropiados donde puedan reasentarse y reconstruir la nueva comunidad. La apuesta es que la población se resigne a quedarse en el mismo lugar, ofertándoles a cambio la construcción de sus viviendas, sin valorar en su justa dimensión todos los riesgos que ello implica. Se aprovecha la gran necesidad de contar con una vivienda nueva para dejar en segundo plano la valoración de  las condiciones de los terrenos que no son tan aptos para formar nuevos asentamientos humanos.
Lo grave de la situación es que existen más comunidades que han sido desatendidas como comunidades desplazadas, como Altepec, anexo de Mixtecapa, municipio de San luis Acatlán; las comunidades de San Marcos, Zapote Cabezón, Valle Hermoso y Tepehuaje del municipio de Metlatonoc; Zontecomapa, Lomadad, Loma Tuza, Monte Oreb y el Aguacate del municipio de Acatepec; barrio de la Luz del municipio de Copanatoyac, y el poco apoyo que recibe la comunidad Na savi de San Miguel Amoltepec el viejo, del municipio de Cochoapa El Grande. Todas ellas tendrán que esperar más de 15 días para que protección civil del estado pueda hacer los estudios técnicos y posteriormente determinar si se necesitan reubicar o no. A pesar de este acuerdo el consejo de Comunidades percibe que las autoridades de primer nivel no se están involucrando como lo demanda el caso, más bien lo están sobrellevando para desactivar el problema y reducir las demandas de las familias desplazadas a la construcción de algunas viviendas, metiéndolos a sus reglas y dinámicas burocráticas.
Es lamentable que las autoridades opten por realizar acciones que les salgan más baratas tanto económica como políticamente. De brindar apoyos para salir del paso desatendiendo las cuestiones de fondo. La problemática de las comunidades desplazadas es compleja y por lo mismo requiere de una atención especial de primer nivel, porque son casos que implican un tratamiento integral de corto, mediano y largo plazo y que implica obviamente recursos financieros, pero ante todo la participación amplia de la población afectada, para fincar un futuro seguro.
Dentro de todo este caminar difícil de las comunidades damnificadas de la Montaña, la lucha del Consejo fue ejemplar porque en medio de la desatención y el trato inequitativo, logró colocar como principal demanda de los pueblos de la Montaña, la dotación extraordinaria de granos de maíz, frijol y arroz, como la palanca que impulse los trabajos de la reconstrucción comunitaria y la recuperación de los suelos que reactiven la siembra de básicos. Desde el mes de noviembre se hizo llegar la propuesta para que llueva maíz en la Montaña a la Sedesol federal, sin embargo, hasta la fecha no hemos sido merecedores de una respuesta formal a lo planteado por los pueblos. Por su parte, el gobernador del Estado, tuvo la sensibilidad para atender y responder con prontitud la demanda central de las comunidades damnificadas. En la segunda reunión que se realizó en casa guerrero se llegó al acuerdo de dotar de maíz, frijol y arroz a las comunidades agrupadas dentro del consejo de comunidades damnificadas, por un período de seis meses, como parte de una primera etapa que será evaluada.
Este logro está por materializarse en esta semana. A partir del martes 18 de marzo se iniciará la distribución de maíz, frijol y arroz a través de los 4 almacenes de diconsa en las 173 comunidades que conforman el consejo de 13 municipios de la Montaña. La razón de los pueblos y sobre todo su planteamiento concreto y contundente allanó el camino para un entendimiento con el ejecutivo estatal, quien se comprometió a realizar las gestiones necesarias con el gobierno federal para que llueva maíz en la Montaña en esta temporada de secas. Esperamos que exista la misma disposición y sensibilidad por parte de las dependencias federales para atender el justo reclamo de los pueblos, quienes a lo largo de la historia han demostrado tener la fuerza y la casta para luchar desde la base comunitaria por una sociedad fincada en la justicia y la equidad.