A puerta cerrada, presentan a diputados la nueva Constitución

El dictamen será cabildeado dentro de las fracciones para aprobarlo sin discusión en el pleno del Congreso

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

A puerta cerrada, la Comisión de Estudios Constitucionales del Congreso local realizó una presentación a la Comisión de Gobierno de las principales modificaciones que realizaron a la propuesta de nueva Constitución que envió el gobernador Ángel Aguirre Rivero al Poder Legislativo.
El dictamen fue presentado para que los coordinadores de las fracciones lo cabildeen en ?sus bancadas y realicen posibles observaciones, y cuando sea presentado al pleno sea aprobado sin discusión.
En la nueva Constitución sólo se “reconocen y garantizan las acciones de seguridad pública y prevención de delitos de las comunidades indígenas”, pero no se hace mención de la aplicación de justicia que realizan las comunidades, como el proceso de reeducación que realiza la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Ayer en la sala de reuniones de la bancada del PRD en el Congreso local, los diputados se reunieron para desayunar mientras la Comisión de Estudios Constitucionales explicaba con diapositivas a la Comisión de Gobierno cuáles son las principales modificaciones que realizaron al proyecto original.
La presentación del dictamen de la nueva Constitución se realizó de manera hermética; se negó el acceso a los reporteros y el director de Comunicación Social del Congreso, Antonio Jiménez Gómez, dijo desconocer que esa actividad se realizaría.
Pero en cuanto los reporteros llegaron a la sala, de inmediato entró para ser amonestado por el presidente de la Comisión de Gobierno, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, que había ordenado que los reporteros no ingresaran, sólo los trabajadores de dicha dirección, que al igual que Antonio Jiménez lo acompañan a todas sus actividades, incluso a las que son ajenas al Poder Legislativo como las de su partido y corriente.
Según un documento distribuido entre los integrantes de las dos comisiones, del cual tiene copia El Sur, entre las “innovaciones y nuevas figuras jurídicas” que tiene la Constitución está una sección referente a los derechos de la comunidades indígenas y afromexicanas, donde se les reconoce como sujetos de derecho, y señala que el Estado estará obligado a garantizar el primer empleo a los estudiantes indígenas egresados del sistema estatal de educación.
En ese apartado se señala que la nueva Constitución “reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención de delitos de las comunidades indígenas”, pero no se menciona como tal los sistemas de seguridad y justicia que existen en el estado, como el de la CRAC.
En el dictamen se “reconoce” el desplazamiento interno de los pueblos y se “garantiza” el derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado.
Según el documento la Constitución será la primera en el país que tendrá las reformas en materia político-electoral y en materia de transparencia y acceso a la información pública.
A partir de la reforma político-electoral, se incorporaron figuras como la reelección de presidentes municipales y diputados locales, las candidaturas independientes y la fiscalización a los partidos políticos.
Asimismo, establece la facultad del Instituto Nacional de Elecciones (INE) para organizar la elección de las dirigencias de partidos políticos, y garantiza la paridad de género para puestos de elección popular.
También delimita los tiempos de precampaña y campañas políticas y establece ya que los procesos internos de los partidos políticos no pueden durar más de dos tercios de lo que duran las campañas electorales.
Por ejemplo, la campaña de gobernador va a durar tres meses, por lo que los procesos internos deben durar sólo dos meses.
Las campañas a la gubernatura empezarán el 7 de marzo de 2015, por lo que los procesos internos de selección de candidatos y precampañas deben comenzar el 7 de enero del mismo año.
También se incluye la propuesta del diputado priista Héctor Astudillo Flores, que establece que en ningún caso la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso caerá en un diputado del mismo partido político que presida la Junta de Coordinación Política, que será el nuevo nombre de la actual Comisión de Gobierno.
Según el documento, se establecen límites al gobierno del estado y ayuntamientos para recurrir a préstamos como fuente de recursos; se elimina el término “Jefe de Estado” que se utiliza para llamar al gobernador, y se faculta al Poder Ejecutivo para establecer protocolos de actuación para el uso de la fuerza pública.
Asimismo, se implementa el servicio judicial de carrera y se establecen las funciones y atribuciones del Consejo de la Judicatura como órgano de control interno del Poder Judicial.
Otra de las “novedades” es que se les “concede autonomía” a los siguientes órganos: la Comisión de Derechos Humanos (su presidente pierde el carácter de vitalicio), el Instituto de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Fiscal General.
Los órganos del estado o dependientes de los poderes que tendrán autonomía técnica serán la Auditoría General (donde el titular durará 7 años sin posibilidad de ratificación y los auditores especiales 4 años con una sola posibilidad de ratificación), el Consejo de Políticas Públicas, el Consejo de la Judicatura y el Instituto de la Defensa Pública.
También se implementa el Servicio Civil de Carrera en los órganos autónomos, y la Procuraduría General del Estado (PGJE) cambia su denominación a Fiscalía General del Estado (FGE) como órgano autónomo.
Se elimina la figura de regidor por el principio de mayoría relativa, se establecen causas graves de responsabilidad de los servidores públicos por actos u omisiones, y se fija un plazo máximo de 60 días a los cabildos para votar iniciativas de reformas constitucionales.
Por último la Constitución reconoce a la Universidad Autónoma de Guerrero como la máxima institución de educación superior y de posgrado en el estado.
En la reunión estuvieron los integrantes de ambas comisiones encabezados por la presidenta de la de Estudios Constitucionales y Jurídicos, Abelina López Rodríguez, y de la de Gobierno, Bernardo Ortega, menos los diputados Héctor Apreza Patrón, Jorge Salazar Marchán y Emiliano Díaz Román.