Rompió Aguirre el compromiso de suspender detenciones de activistas, reclama el MPG

En la marcha de hoy exigirán una respuesta a su pliego petitorio, que incluye la liberación de los presos de la CRAC, dice el dirigente de la CETEG Ramos Reyes. Rechaza Bertoldo Martínez que las policías comunitarias de la CRAC sean parte de una insurgencia contra las autoridades

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Dirigentes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) denunciaron que con la detención de Aurora Molina González, de la Policía Comunitaria de Tixtla y hermana del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina, el gobernador Ángel Aguirre Rivero rompió el compromiso de suspender las órdenes de aprehensión contra activistas sociales, que se acordó en la reanudación del diálogo el 2 de diciembre de 2013.
El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Ramos Reyes Guerrero, informó que en la marcha de hoy en la capital van a demandar una respuesta a su pliego petitorio, donde incluyen la libertad de los presos políticos y la cancelación de averiguaciones previas contra luchadores sociales y magisteriales.
Advirtió que en función de la respuesta del gobierno van a definir un plan de acción.
Mientras el coordinador del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg), Bertoldo Martínez Cruz, criticó que Aguirre Rivero rompiera su palabra y aprobara  la detención de la activista, incluso señaló que parece un pretexto para romper el diálogo con las organizaciones.
Asimismo, señaló que las agresiones a la CRAC en Tixtla, así como en San Luis Acatlán, evidenciaron el “deseo vehemente” de las autoridades para destruir a la institución comunitaria” con una estrategia de contrainsurgencia.
Consideró que de lo único que pueden acusar a Aurora Molina es de exigir la libertad de su hermano, preso hace cuatro meses en un penal federal de mediana seguridad en Oaxaca, y condenó la detención de la mujer mediante un aparatoso operativo con 500 policías y el Ejército, así como la intromisión de las autoridades para desestabilizar a la institución de seguridad y justicia comunitaria que ha brindado seguridad en las zonas indígenas de la Costa Chica y Montaña del estado.
Contrastó que mientras los territorios comunitarios han sido los más seguros del país, ciudades como Acapulco tienen los índices más altos de delitos con violencia.
Rechazó que las policías comunitarias de la CRAC sean parte de una insurgencia contra las autoridades, como dijo el procurador Iñaky Blanco Cabrera, sin embargo señaló que para el Estado toda organización de los pueblos es un acto de rebeldía.
Por otro lado, Ramos Guerrero señaló que había avance en el gobierno estatal para regresar a tres integrantes de la CRAC, detenidos en cárceles federales fuera de Guerrero, y se entregó la propuesta de Ley de Amnistía para buscar su libertad como la de otros presos de distintas organizaciones sociales.
Incluso señaló que el 10 de marzo, luego de tres días de plantón en el Congreso del estado, entregaron el pliego petitorio de la CETEG al secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, y a la secretaría de Educación, Silvia Romero Suárez, y se estableció como plazo este día para que les den una respuesta.
Señaló que además de las demandas laborales, exigen la libertad de los presos políticos y la Ley de Amnistía, “esperemos que nos llamen y nos den una respuesta favorable”.
Adelantó que van a seguir insistiendo en la libertad de los integrantes de la CRAC y el desistimiento de las órdenes de la aprehensión, para que los activistas sociales y magisteriales pueden reanudar sus actividades y estar en su centro de trabajo con tranquilidad.