Prevén la libertad de Nestora y otros siete de la CRAC

 Revocan formal prisión por delincuencia organizada a Nestora y siete integrantes de la CRAC; es inminente su libertad

*La Policía Comunitaria no puede ser considerada una organización criminal porque sus actos tienen la finalidad de dar seguridad, y por lo tanto no se les puede acusar de delitos, resuelve un juez federal. Acude el abogado de la coordinadora de Olinalá a informar al juzgado de Tlapa

El Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Chilpancingo revocó el auto de formal prisión por delincuencia organizada a la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, recluida desde hace siete meses en el penal federal de Tepic, Nayarit.
Fuentes oficiales informaron que también revocó –en procedimiento separados– los autos de formal prisión por este mismo delito del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera, prisionero desde diciembre en el penal de máxima seguridad de Almoloya, en el Estado de México, así como del coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, y de cinco policías más encarcelados en Acapulco.
La fuente explicó que dentro de la causa penal 76/2013 que se tramitó ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Chilpancingo, los integrantes de la CRAC fueron acusados de delincuencia organizada y sus abogados apelaron el auto de formal prisión que fue resuelto con criterios de avanzada en derechos humanos por el magistrado del Poder Judicial de la federación.
Se supo que se tomó en consideración que Salgado García estaba en el ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria cuando retuvo a presuntos delincuentes, y que la autoridad federal ejemplificó con casos como Cherán, Michoacán, donde con base en  una consulta del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la población decidió regirse por su propio sistema de usos y costumbres y que enfatizó que se debe hacer hincapié en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También tomó en cuenta la información de la CRAC como institución de seguridad y justicia, la Ley 701 de derechos y cultura indígena de Guerrero, el artículo segundo de la Constitución mexicana, los criterios sobre derecho al autogobierno que estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que los pueblos puedan elegir a sus autoridades por usos y costumbres.
La fuente estimó que con estos argumentos tampoco se van a sostener las acusaciones por secuestro que ahora los tienen en prisión, por lo que es inminente su libertad.
Con estos criterios se concluyó que la Policía Comunitaria no puede ser considerada una organización criminal porque sus actos tienen la finalidad de darse seguridad y después justicia.
Informó que según las constancias que obran en el expediente existe una estructura organizativa, porque los detenidos hacen alusión a casas de justicia, comandantes, coordinadores, detenciones y faenas sin goce de pago.
Señaló que en los expedientes los agraviados no se consideran secuestrados, sino detenidos por la Policía Comunitaria, aceptaron que recibían visitas de sus familias y sin descalificar las declaraciones, si son válidas o no, el Tribunal se pronunció porque estas conductas y actos no configuran el delito delincuencia organizada.
Se precisó que delincuencia organizada es la reunión de dos o más personas para cometer conductas ilícitas, y en este caso, el sistema comunitario se reúne para realizar funciones de seguridad y justicia y lo acusados no actuaron a título personal, sino en cumplimiento de sus funciones como miembros de la Policía Comunitaria.
También se tomó en cuenta el artículo Primero constitucional que abre la puerta a todos los tratados internacionales, y que en adelante permitiría evitar la criminalización de la lucha social.
Agregó que los abogados de los acusados van a llevar este dictamen a todos los juzgados donde se llevan a cabo los procesos, para que los jueces del estado tomen en cuenta estos criterios. Si no lo hacen, los procesos se tendrán que definir a nivel federal.
En este contexto, ayer, el abogado de Nestora Salgado, Emiliano Robles Gómez Mont entregó una copia certificada al Juzgado Penal de Tlapa de esa resolución que revocó el auto de formal prisión dictado por un juez en Nayarit por los cargos de delincuencia organizada, en modalidad de secuestro.
Información proporcionada por familiares de Nestora Salgado dicen que la representante del Juzgado en Tlapa recibió el documento pese al paro laboral indefinido en que están, y platicó unas horas con el abogado sobre la resolución del expediente en segunda instancia, identificado como Toca Penal 62/2014 del Primer Tribunal Unitario del vigésimo primer circuito.
Como se dictó el auto de libertad con las reservas de ley a favor de Salgado García el abogado acudió a comparecer a los juzgados de Tlapa para exhibir una copia certificada de dicha resolución y postura del Poder Judicial de la Federación.
Consultados al respecto, los abogados Arturo Román García y Joaquín Morales, Nestora Salgado deberá salir libre lo más rápido posible, en tanto se le notifica, aunque en el estado podrían llevar varios días los trámites administrativos.
Coincidieron en que las reservas de ley se refieren a que si en adelante hubiera elementos para acusarla de secuestro volverá a la cárcel, lo cual no pasará porque “mucha gente ha salido con las reservas de ley porque el poder judicial o juez no pudo acreditar los elementos del tipo penal, como es el caso de Nestora”.
Aunque mencionaron que eso es en lo que se refiere al fuero federal y habrá que ver si hay alguna acusación por delitos del fuero común que impidan su libertad.
Pero ahora ella podrá promover un juicio de daño moral en contra del Estado, si así lo decide. (Lourdes Chávez y Carmen González Benicio / Chilpancingo y Tlapa).

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, se negó a recibir ayer a los nuevos coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán y de Espino Blanco que venían a presentarse  y a entregar las actas que levantaron en la asamblea en la que fueron electos.
El coordinador Abad García García acusó que con ello el gobierno del estado evidenció que toma partido por Eliseo Villar Castillo, quien junto con Adelaida Hernández Nava y Tiburcio Regino Lorenzo fueron destituidos en la asamblea del 29 de marzo en la Casa de Justicia de Espino Blanco.
Los nuevos coordinadores, acompañados por los consejeros Valentín Hernández Chapa, Ignacio Navarro Mosso, Armando Zavala Felipe y Pablo Guzmán Hernández, a quienes Eliseo Villar acusa del atentado en su contra y de haber filtrado la información del fraude de 740 mil pesos en la compra de vehículos y armamento del que se le acusa, se reunieron con el encargado de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno.
Dijo que le solicitaron su intervención para la localización de los más de 30 detenidos que el grupo de Villar Castillo se llevó de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán la mañana del 31 de marzo, antes de que llegaran los nuevos coordinadores acompañados por cientos de vecinos de más de 40 comunidades para tomar las instalaciones.
El consejero Valentín Hernández dijo que los familiares de los detenidos están preocupados porque no saben a dónde se los llevaron y que como ya no son autoridades quienes los tienen pudieran recurrir a la extorsión para liberarlos.
Dijo que pidieron a Navarrete Magdaleno su intervención para que sean recibidos por el secretario de Gobierno para entregarle las actas de la asamblea en la que fueron destituidos los tres coordinadores de la casa de San Luis Acatlán y el nombramiento de quienes los sustituyeron.
Demandaron que en esa reunión esté el procurador de Justicia Iñaky Blanco Cabrera para tratar el caso de la denuncia penal que presentó Villar Castillo en contra de Hernández Chapa, Navarro Mosso, Zavala Felipe y Guzmán Hernández por el atentado en su contra.
Las autoridades que acudieron ayer al Placio de Gobierno y a la Coddehum son Abad García García, quien fue ratificado en el cargo, Alberto Margarito Porfirio de Cuanacaxtitlán, Martín Encarnación de la Cruz, de Jolotichán y Jesús Carranza Rojas, de San José Vista Hermosa del municipio de Iliatenco.
Asimismo los comandantes regionales Vicente González Lauro de Cuanacaxtitlán y Pedro Valdez Mosso de Barranca Xale, quienes fueron ratificados, y los electos el 29 de marzo son Bartolo Patricio Alarcón de la comunidad de Horcasitas y Gaudencio Jiménez Toribio de Huamichán.

Es lamentable lo que pasa en la CRAC, dice la Codehum

Las nuevas autoridades de la CRAC narraron a Navarrete Magdaleno en una reunión que se realizó la tarde de ayer en la sala de juntas del organismo toda la crisis que ha vivido la CRAC desde la llegada como coordinador de Eliseo Villar Castillo, el fraude por 740 mil pesos que cometió en la compra de armamento y vehículos y su reacción al ser acusado del fraude.
Mencionaron la detención de Valentín Guzmán, de Ignacio Navarro y de Armando Zavala, el conato de enfrentamiento la noche del 18 de marzo pasado en donde salió herido el consejero Vicente Aguilar, hasta la destitución de Villar Castillo, Hernández Nava y Regino Lorenzo y el nombramiento de sus sustitutos.
El encargado de la Codehum opinó por su parte que es “lamentable” lo que está pasando en la CRAC, y les dijo que “siempre cabe la posibilidad de la reconciliación”.
Dijo que la Comisión estará cerca del conflicto para que en caso de ser necesario abone a la pacificación y a la reconciliación.
“Vamos a hacer la parte que nos toca para abrir las puertas de las instituciones y solicitar una entrevista con el secretario de Gobierno y que esté también el procurador”, para tratar el caso de las averiguaciones previas, ofreció.
Prometió que van a intervenir para que junto con las autoridades de la CRAC busquen a los detenidos que fueron sacados de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.
Les aseguró que la Codehum es imparcial y que no toma partido por ninguna de las partes.

No saben en dónde están los presos de la CRAC; los podrían extorsionar, dice Valentín Hernández

Valentín Hernández explicó que desde que llegó Eliseo Villar como coordinador se cometieron muchas irregularidades y que la más reciente fue el saqueo a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán este 31 de marzo y que lo más grave  es que el grupo de Eliseo “sigue operando como si todavía fuera autoridad”.
Explicó que por eso hay preocupación de las nuevas autoridades por los detenidos que se llevaron, “no sabemos cuántos son exactamente ni dónde los tienen”.
Agregó que sólo saben que hace 15 días había 20 “pero sabemos que en las últimas horas han estado liberando algunos y tememos que los estén extorsionando para liberarlos”.
Informó que tienen versiones de que los cargan por comunidades de Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca, Cuautepec y Azoyú, municipios que no son territorio comunitario y que por tanto no pueden ir a rescatarlos.
Dijo por otra parte que “fue una mala señal” que  el gobierno del estado no haya querido recibir ayer a las nuevas autoridades comunitarias, “sabemos que hay muchos conflictos, pero la CRAC también es un conflicto latente, pero aseguró que las nuevas autoridades “queremos abonar a la armonía, a la paz y a la gobernabilidad en la región, en donde por mucho tiempo hubo tranquilidad pero en el último año hay mucha militarización y presencia policiaca e incluso la Policía Comunitaria en las comunidades ya se le tiene miedo, ya no la ven como una corporación para proteger”.

No reconocen a la Casa de Justicia de Cochoapa, Ometepec, los nuevos coordinadores

Entrevistado antes de la reunión en la Codehum el coordinador Abad García denunció que en la Secretaría de Gobierno los tuvieron desde las 10 de la mañana y hasta casi a las 2 de la tarde sin que los recibieran, “nomás nos entretuvieron allí”.
Dijo que al no recibirlos como nuevos coordinadores, consejeros y comisarios, “quiere decir que el gobierno sigue respaldando a Eliseo Villar”, a pesar de que, insistió, ya no es autoridad y no representa a nadie.
Por otra parte informó que se nombró una comisión integrada por un coordinador de la Casa de Justicia de Espino Blanco y otro de San Luis Acatlán para que sean estos los que reciban la partida mensual que entrega a la CRAC el gobierno pero que el recurso será administrado por otra comisión “y ya no pase por las manos de los coordinadores y ya no pase el mismo problema que estamos viviendo”, dijo.
Explicó que el gobierno tiene que entregar el recurso a las nuevas autoridades, “porque el compromiso lo asumió con la CRAC, no con Eliseo Villar ni con Adelaida Hernández”, los coordinadores que  ya fueron destituidos.
Asimismo dijo que las nuevas autoridades solamente  reconocen actualmente a cuatro casas de justicia; la de San Luis Acatlán, que es la matriz, la de Espino Blanco del municipio de Malinaltepec, la de Zitlaltepec del municipio de Metlatónoc y la de El Paraíso, municipio de Ayutla, puesto que han sido aprobadas en una asamblea regional, que es la máxima autoridad de la CRAC.
Aclaró que la de Cochoapa, municipio de Ometepec, “es provisional y está en una evaluación para que la misma asamblea regional la reconozca”.
Dijo que esta situación, así como la decisión de si asumen la defensa y la libertad de los promotores de la Casa de Justicia de El Paraíso, Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos, el coordinador Bernardino García y los policías comunitarios presos, la tomarán cuando hayan resuelto los asuntos internos de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.