Marchan 500 damnificados de 11 municipios; a siete meses de Manuel no tienen ayuda
*El Consejo de Organizaciones del Estado de Guerrero tiene una lista de mil 200 familias que demandan reubicación, reconstrucción de vivendas y caminos e indemnización por pérdida de cosechas
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Cientos de damnificados por la tormenta tropical Manuel que llegaron de 11 municipios de las regiones Montaña, Tierra Caliente, Norte y Centro denunciaron que no han recibido ninguna ayuda de los gobiernos federal y estatal.
Aproximadamente 500 inconformes marcharon en esta capital y en un mitin afuera de la puerta 3 de Casa Guerrero exigieron la reconstrucción de sus viviendas, reubicación de comunidades, indemnización por sus cosechas que perdieron y la reconstrucción de caminos.
Los damnificados pertenecen al Consejo de Organizaciones del Estado de Guerrero que preside Iván Galíndez Díaz, ex candidato a regidor por el PRD en Chilpancingo, que anunció que la agrupación, en nombre de mil 200 damnificados, acudirá a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una denuncia en contra del Estado mexicano por violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El dirigente declaró que el gobierno federal y estatal, al incumplir con la reconstrucción de viviendas, la reubicación de las comunidades, la reparación de los caminos y la indemnización de los cultivos perdidos por la tormenta tropical Manuel, está poniendo nuevamente en riesgo las vidas de miles de personas a menos de tres meses de que comience la temporada de lluvias.
El dirigente del Consejo informó que son mil 200 familias damnificadas, “registradas y documentadas”, que está encabezando la agrupación y que pertenecen a 11 municipios del estado: Malinaltepec, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Tlacoapa y Zitlala de la región de La Montaña; Tlapehuala, de la región Tierra Caliente; Chilpancingo, Juan R. Escudero, Eduardo Neri y Mochitlán de la zona Centro, y Tepecoacuilco de la zona Norte.
Los representantes de los damnificados de estos municipios se concentraron desde las 10 de la mañana en el teatro hundido de la Alameda Granados Maldonado de esta capital y después de almorzar, a las 11 de la mañana, partieron en marcha hacia la residencia oficial Casa Guerrero, coreando consignas como “Aguirre Rivero, el pueblo es primero”.
Mientras que un grupo de damnificados de la población de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, alzaba pancartas con leyendas como: “Mezcala no ha recibido tarjetas para enseres domésticos”, “apoyo a campesinos que perdieron sus cosechas”, “Mezcala exige reubicación de viviendas” y, “damnificados piden solución a todas sus demandas”.
Entre este contingente caminaba don Quirino Malabar López, quien denunció que en esa población representantes del gobierno estatal y federal fueron a dar tarjetas para los utensilios domésticos a gente que no sufrió daños.
Aseguró que allá hubo 180 familias que perdieron totalmente sus casas por las lluvias y que ninguna de ellas ha recibido esa tarjeta, “por ejemplo yo perdí mi casa y todo lo que tenía pero nadie me ha dado ninguna ayuda”, aseguró.
Informó que en esa población están responsabilizando de los daños a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por no abrir las compuertas a tiempo de la presa de El Caracol, pero que personal de la paraestatal sólo fue en febrero a levantar el censo de las familias que sufrieron daños y ya no regresó.
“El 10 de febrero enviados de una aseguradora hicieron una reunión en la que informaron que realizaron un estudio de los daños, pero ya no regresaron”, dijo don Quirino.
Galíndez Díaz informó que como don Quirino hay mil 200 jefes de familia registrados por su organización de los 11 municipios del estado que no han recibido ningún tipo de ayuda a pesar de que sufrieron daños totales en sus viviendas o en sus parcelas.
Durante la marcha, los inconformes distribuyeron un volante en donde denuncian que del presidente Enrique Peña Nieto solamente han habido “anuncios mesiánicos” como los 30 mil millones de pesos para la reconstrucción del estado “y los 37 mil millones adicionales anunciados recientemente por Luis Videgaray, secretario de Hacienda, para atender la reactivación económica y para obras de gran impacto”.
Y luego el texto agrega: “pero las preguntas y el sentir generalizado de las miles de familias desamparadas es: ¿donde están los recursos para las viviendas?, ¿para la reubicación de pueblos que siguen en la desgracia?, ¿para la reapertura y rehabilitación de caminos de pueblos que hasta la fecha están incomunicados?”.
El dirigente del Consejo de Organizaciones del Estado de Guerrero, Galindez Díaz, declaró que a casi 7 meses de la tragedia, de los gobiernos federal, estatal y municipal solamente ha habido “demagogia, un doble discurso y falacia en el anuncio de miles de recursos para los damnificados porque, en los hechos, no ha llegado la ayuda a las familias que en verdad la necesitan”.
Otro de los que marcharon era Joaquín, hijo de doña Tomasa Ramos Ramos, quien tenía su casa en la colonia Los Ramos de la cabecera municipal de Mochitlán. Tomasa, de 75 años de edad, perdió totalmente su casa y todo lo que tenía dentro, pero hasta ahora, a casi siete meses de la tragedia, solamente ha recibido un ticket de la Secretaría de Desarrollo Social que dice: “vivienda censada núm: 020948”. Joaquín dijo que el ticket lo recibió su madre a finales de septiembre y que desde entonces no ha recibido nada más.
Urbano Lucas Santamaría, ex secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, quien se solidarizó con la marcha, en su intervención afuera de Casa Guerrero dijo que miles de familias que estuvieron en riesgo durante las lluvias del mes de septiembre del año pasado, ahora, nuevamente, lo están a menos de tres meses de que comience la nueva temporada de lluvias por la negligencia del gobierno que no les ha reconstruido sus viviendas a algunas de ellas y, a otras, no las ha reubicado, con lo que, las autoridades, dijo, están incumpliendo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Galindez Díaz, dirigente del Consejo informó que la agrupación tiene registradas a mil 200 familias que lo perdieron todo y que no han recibido nada de las autoridades federales, estatales y municipales. También dijo que en el recuento hay 30 mil hectáreas de diferentes cultivos que se perdieron y que los productores no han sido indemnizados.
Demandó una audiencia directa con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, la instalación de una mesa de trabajo para que se atiendan sus demandas como la reconstrucción de viviendas, reubicación de comunidades, indemnización de cosechas y la reconstrucción de caminos.
Durante la marcha se comunicó vía telefónica un emisario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno del estado, quien sólo dijo que era subsecretario de la dependencia y que los recibiría en una mesa de trabajo para revisar su pliego petitorio.
Sin embargo la marcha continuó y ya en el mitin, el presidente del Consejo, Galíndez Díaz consultó si aceptaban la propuesta pero la mayoría propuso que la reunión debería ser directamente con el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Finalmente, acordaron que en caso de que no se dé esta audiencia con el gobernador desarrollarían la segunda parte de su plan de acción que es una plantón indefinido afuera de Casa Guerrero, o el bloqueo a la Autopista del Sol y la carretera federal en los días de la Semana Santa.
Con la protesta se solidarizó una comisión de la Coordinadora de Colonias y Comunidades Afectadas por el Río Huacapa, encabezados por Juvencio Díaz, quien sugirió que haya coordinación de acciones entre las dos agrupaciones para las próximas movilizaciones y protestas.




