Un transitorio de la nueva Constitución somete a la CRAC al sistema estatal de seguridad, advierten en foro

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La investigadora Magdalena Gómez Rivera advirtió que el artículo 14 de la nueva Constitución  que aprobó el Congreso local, equipara a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la Policía Rural del gobierno del estado y somete a las dos al sistema de seguridad pública estatal.
Sin embargo, señaló que la Policía Rural es una corporación impulsada por el Estado, y la CRAC una institución autónoma de los pueblos y la nueva norma la sacaría de su lógica.
Llamó en este contexto a las distintas expresiones de la CRAC a conocer y analizar si todavía es posible impulsar acciones para impugnar este artículo desde los ayuntamientos, que deben aprobar la Consti-tución para que entre en vigor.
Asimismo, señaló que será necesaria a la unidad a toda costa de la CRAC, bajos los principios de la Policía Comunitaria, con la voz de las comunidades “que son sabias”, porque las divergencias que han trascendido a los medios parecen “pleitos de liderazgos”.
Confió en que no prospere la intención del gobierno de desarticular a la institución  de los pueblos originarios, como se prevé en la Constitución local, pero mucho va a depender de la recomposición de los liderazgos de la Policía Comunitaria.
Durante el foro internacional sobre el derecho consuetudinario y la Policía Comunitaria, que se realizó en la  Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero, la académica  explicó que según la lógica de la nueva Constitución, la Policía Comunitaria va a designar a sus integrantes, pero quedarían sometidos al espacio de seguridad pública del estado.
Añadió que en los transitorios, se precisa que en un plazo máximo de dos años supuestamente se tendría que adecuar la ley estatal 701 de Derechos y Cultura Indígena a la Constitución; “a ver qué tan rápido quieren modificar la 701 para ver si todavía quieren que siga vigente”, dijo.
Subrayó que en el proyecto original que envió el gobernador Ángel Aguirre al Con-greso no estaba este artículo, pero a partir del movimiento de autodefensa en Michoa-cán y los razonamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se diseñó este marco legal para frenar jurídicamente el proyecto comunitario.
Recordó que el fundamento de la CRAC es una propuesta de justicia y ética diferente a todo lo que ha sido la justicia del Estado, y coincidió con uno de los participantes, Saúl Barrios, en el sentido de que “al margen de toda la problemática interna, se diseñen las acciones para contrarrestar, minimizar o anular este planteamiento constitucional en Guerrero”.
En el foro estuvieron el integrante de la CRAC, Cirino Plácido Valerio, que representa una corriente que se llama de los “fundadores”, entre otros.
En su intervención, el ex coordinador Pablo Guzmán consideró que son varios los factores que han llevado a la crisis a la CRAC, y uno es que a la fecha no hay un documento que defina con claridad en qué consiste el proyecto comunitario.
Añadió que  “se sobre entiende”, pero en esta dinámica queda abierta la posibilidad de que cada cual la interprete a su manera; asimismo señaló que el reglamento perdió vigencia, “urge una actualización, hay muchos espacios vacíos que se prestan a tergiversaciones que estamos viviendo”.