El gobierno busca una amnistía limitada; no acepta que se criminaliza la protesta: MPG

Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, aseguró que el gobierno del estado no tiene la disposición de reconocer la “criminalización y judicialización” de la lucha de los presos políticos en la ley de amnistía que propone.
Dijo que en una reunión de media hora en la Secretaría General de Gobierno, con los abogados de la dependencia, se analizó únicamente la exposición de motivos de la ley de amnistía propuesta al gobierno estatal el 18 de febrero por parte del Movimiento Popular Guerrerense (MPG).
En consulta telefónica, el defensor de los derechos humanos expresó que el argumento y la negativa del gobierno a reconocer que hay una “criminalización y judicialización” de las luchas sociales, sería no reconocer la existencia de presos políticos y que éstos son del fuero común federal y con delitos graves, “pero en ningún momento se estaría reconociendo que son presos por decisión política”.
Agregó que “consideramos que no existe una definición clara de que el estado al igual que el país, vive una violación sistemática a los derechos humanos (…), todo apunta a que van a hacer una ley de amnistía bastante limitada”.
Señaló que por esta situación se demuestra una distancia en el análisis que el gobierno hace de la situación del estado, que ha motivado la existencia de presos políticos y órdenes de aprehensión contra normalistas, dirigentes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero y de la Policía Comunitaria, todo lo contrario a la propuesta del MPG que demanda la liberación y el reconocimiento de los presos políticos.
Reiteró que en su propuesta de ley de amnistía buscan plasmar que las movilizaciones de las organizaciones sociales se dan??por el incumplimiento de los derechos humanos en educación, salud y alimentación,  y por la represión del gobierno.
El dirigente afirmó que se acordó otra reunión para la primera semana de mayo, para seguir analizando las propuestas de la ley de amnistía para la liberación de alrededor de 50 presos políticos, entre ellos los 13 policías comunitarios presos en el estado y los tres dirigentes encarcelados en penales federales.