Acepta la CRAC de Cirino la unidad con la de Abad a condición de que expluse a 5 dirigentes

*Los llamados Pueblos Fundadores proponen revisar la legitimidad de todos los grupos de policías comunitarios, de los coordinadores y de los consejeros de cada comunidad. Plantean devolver las credenciales dio el Ejército y dejar de recibir dinero del gobierno del estado

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón,  identificada con Cirino Plácido Valerio, dijo que para formar un frente de unidad con el grupo del coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Abad García García, deben ser expulsados del sistema comunitario el ex asesor Valentín Hernández Chapa, el ex coordinador Pablo Guzmán y los consejeros Armando Zavala Felipe, Ignacio Navarro Mosso y Sabás Aburto.
En un boletín firmado por sus autoridades contradicen a Cirino Plácido, quien el 12 de abril dijo que no podría existir una reconciliación.
En el documento dicen que la división de la organización es el resultado de un grupo operado por Pablo Guzmán Hernández y Valentín Hernández Chapa, quienes se montaron en el sistema comunitario.
Enumeran las condiciones que deben cumplir los pueblos afines a Abad García para formar un frente de unidad, pues a raíz de la petición que les hicieron mencionan que les entregaron la siguiente?propuesta de los Pueblos Fundadores para recuperar la Casa de Justicia y dar un paso más en la reconstitución del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia CRAC-PC.
El grupo, también conocido como de los Pueblos Fundadores, recordó que cuenta con 18 comunidades organizadas de manera provisional en Santa Cruz del Rincón y ocho comunidades que están en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán desde el 7 de abril, luego de que se desconoció a Eliseo Villar.
“Les comunicamos que para poder reencontrarnos como pueblos es necesario limpiar la casa y acordar principios básicos para la reconstitución del sistema comunitario, por lo que les planteamos a los coordinadores nombrados en Espino Blanco que analicen nuestras propuestas en su asamblea y que nos den a conocer su respuesta para poder analizarla en nuestra próxima asamblea regional el 28 de abril”, menciona el documento, pero no precisa en dónde ni a qué hora se realizará.
Sus coordinadores regionales son Alfonso Basurto Galindo, de Santa Cruz del Rincón; Ladislao Evangelista Moreno, de El Carmen; Jesús Reyes Bonifacio, de Xihuitepec; Daniel Calleja Rivera de Buena Vista y Juan Martínez Altamirano.
Dicen que el reglamento interno de la CRAC-PC ha sido manoseado, por lo que sostienen que es necesario conformar una comisión de consejeros, ex coordinadores y autoridades comunitarias para recuperar su esencia, reparar las contradicciones y profundizar la justicia comunitaria.
Plantean “prohibir el uso de policías comunitarios para enfrentar al gobierno, ya que esto pone en riesgo la integridad de nuestras comunidades y favorece la estrategia gubernamental de golpear y negociar las movilizaciones, sólo los pueblos las podrán realizar  cuando lo decidan a través de sus asambleas comunitarias y de la asamblea regional, no puede aceptarse que personas o grupos convoquen a nombre de la CRAC”, pide.
“Las autoridades regionales, coordinadores o consejeros no pueden andar por la libre, porque el poder, aunque sea colectivo, es poder; hay dinero y eso provoca caer en la corrupción, por eso la máxima instancia es la asamblea regional, tanto coordinadores como comandantes regionales deben dar su servicio por un año”, agrega.
Expone que todos los consejeros deben de ser ratificados cada año por su comunidad, asimismo deben desaparecer las asambleas micro regionales porque han dividido y confundido a los pueblos y éstas no existen en el reglamento interno.
También proponen que todo lo que quiera el gobierno tiene que hacerlo por escrito a la CRAC, y la coordinadora debe pasarlo a la asamblea regional y que si es una decisión delicada se tiene que ir a consulta a cada asamblea comunitaria.
Otra de las condiciones básicas que anteponen para la coordinación entre las casas de justicia que coordinan Abad García García y Jesús Reyes Bonifacio, es compartir el proyecto original, y que ?los pueblos adheridos al sistema comunitario de la CRAC deben de basarse en el reglamento interno, los principios y la visión comunitaria, además deben de ser respetadas las autoridades regionales de la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón, nombradas el 16 de junio de 2013.
Proponen revisar la legitimidad de todos los grupos de policías comunitarios, de los coordinadores y de los consejeros de cada comunidad para delimitar el territorio comunitario.
Plantean que es necesario que cada pueblo levante actas de desconocimiento de los coordinadores que fueron impuestos en febrero de 2013, en referencia a Eliseo Villar Castillo, Adelaida Hernández Nava y Tiburcio Lorenzo Regino, sus policías comunitarios y sus consejeros locales.
Proponen formar una comisión que revise y que sean ratificadas todas las comunidades que forman parte del sistema comunitario y a qué Casa de Justicia pertenecen para presentarlo en una asamblea regional, “no usurpar funciones ni declarar en los medios a nombre de la CRAC sin autorización de la asamblea regional, todos los cargos del sistema comunitario deben de ser legítimos, nombrados en asamblea regional y ratificados en su comunidad de origen”.
Dice que la relación que se tiene con el Estado es de respeto y no de subordinación, por ello plantean que sean devueltas las credenciales que entregó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “la Policía Comunitaria no está para coadyuvar con el gobierno ni para hacer gestión de proyectos, tampoco está para enfrentarse de manera armada con la fuerzas del Estado, la Policía Comunitaria está para garantizar la seguridad de los pueblos y los pueblos defienden a su policía cuando hay agresiones”.
Del robo del patrimonio de la institución y la administración de recursos, plantean nombrar una comisión que revise los bienes de la CRAC y que se entreguen en una asamblea regional, así como dejar de recibir dinero del gobierno del estado, pues está claro que esto corrompió y subordinó los principios del sistema comunitario.
Recomiendan volver al espíritu de servicio del pueblo y solamente acceder al dinero que por derecho les corresponde de las partidas municipales, pues como policías comunitarios durante 18 años han  garantizado la seguridad en la región. (Alberto Rodríguez Guzmán / San Marcos).