Protestan trabajadores de la gravillera Kimbar en Protur; exigen la salida de Suástegui de Bienes Comunales

*Denuncian unos 20 inconformes que el cierre de la empresa dejó sin empleo a 100 familias

Mariana Labastida

Trabajadores de la empresa gravillera Kimbar, propiedad de Humberto Marín y que fue cerrada por integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) el 27 de enero, protestaron en la Promotora Turística para exigir la salida de los Bienes Comunales de  Cacahuatepec del vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz, a quien acusaron de que con sus acciones dejó sin empleo a 100 familias.
Los inconformes, encabezados por Marisol Benítez Servín, dijeron que han hablado con el asesor del gobierno del estado, Ernesto Aguirre, quien les dijo que se solucionaría el problema pero eso no ha ocurrido y por ello acudieron a protestar.
Enfatizó que las familias que fueron expulsadas de la comunidad son los verdaderos comuneros y calificó como un grupo armado a la Policía Comunitaria.
Unos 20 habitantes de los Bienes Comunales bloquearon dos de los tres carriles del bulevar de Las Naciones con dirección a la glorieta de Puerto Marqués, frente a las oficinas de la Protur, para exigir al gobierno del estado que saque a Suástegui Muñoz de la zona.
En las pancartas que llevaban se leía: “Mujeres de Cacahuatepec expulsadas por Marco Antonio Suástegui Muñoz”; “Somos  47 pueblos humillados, golpeados, secuestrados por Marco Antonio Suástegui y Gustavo Téliz Hernández”; “Lo único que queremos es trabajar”.
La representante de los manifestantes, Marisol Benítez, señaló que Suástegui Muñoz y el presidente de la asociación civil Todos por Acapulco se apoderan de la gravillera Kimbar, ubicada en el poblado de Parotillas: “están vendiendo material, están como si fueran los dueños, no puede ser posible que haya tanta impunidad”, y explicó que ella es una de las afectadas con el cierre de la empresa.
Los integrantes del Cecop detuvieron los trabajos de la gravillera el 27 de enero, cuando instalaron el plantón en la comunidad de La Concepción, por lo que Benítez Servín denunció que se quejaron sin empleo más de 100 familias que dependían de ahí “y no vamos a permitir que Marco Antonio se apodere de la empresa como lo hace, está ocupando la maquinaria, se está quedando las tierras, le pedimos al gobernador que haga justicia”.
Agregó que desde que inicio el conflicto con la gravillera de la comunidades han sido expulsadas 50 familias por los altercados que ha habido; “hay gente golpeada, balaceada, las familias están fuera de su pueblo porque no las dejan entrar”.
Se quejó de que el problema se lo plantearon al sobrino del gobernador, Ernesto Aguirre, quien les dijo que “pronto” se solucionaría “pero siguen  sin tener una solución y vamos para cuatro meses sin trabajo”.
Marisol Benítez aseguró que las familias que están fuera de las comunidades son los “verdaderos comuneros” a los que no dejan entrar, ni los opositores ni los policías comunitarios, a los cuales calificó como un grupo armado debido a que no están reconocidos por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Los inconformes indicaron que seguirán con sus protestas hasta que las autoridades atiendan su petición.
Al lugar de la protesta llegó un grupo de antimotines de la Policía estatal para evitar, en caso de que se diera, el bloqueo total del bulevar.