Manuel Meza Cuervo

La defensa y los defensores de derechos humanos.
Una visión desde La Montaña de Guerrero

 (Tercera Parte y útima)

 Además del riesgo físico y emocional al que los defensores de los derechos humanos en México se enfrentan, también existe el desgaste económico que deben padecer: La mayoría de los luchadores sociales y defensores de derechos humanos realizan su trabajo sin percibir sueldo, y en muchas de las ocasiones deben poner de sus propios bolsillos para poder realizar esta actividad. Los defensores que logran percibir un salario por su trabajo reciben un sueldo muy por debajo del estándar nacional y en la gran mayoría de los casos carecen de prestaciones mínimas como el Seguro Social.

Mientras que muchas comisiones estatales derrochan los recursos públicos, la gran mayoría de los organismos no gubernamentales sobreviven con escasos recursos gracias a los aportes solidarios de la parroquia o la comunidad, y el compromiso por que la justicia sea igual para todos. Los organismos civiles más afortunados tienen que buscar el financiamiento a sus proyectos en el extranjero con los gobiernos de la Comunidad Europea, y fundaciones alemanas, suecas, canadienses, españolas, etc. Esta dependencia de los gobiernos y fundaciones civiles del extranjero se debe a que en México no existen partidas presupuestales o fundaciones civiles que brinden estos recursos.

Para complicar el panorama tenemos que después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la lucha contra el terrorismo ha dificultado aún más el trabajo por los derechos humanos, pues aquellos que levantan su voz buscando el respeto de sus derechos económicos, políticos, culturales y civiles son catalogados como focos rojos y son víctimas de la sospecha. La acción fiscalizadora del gobierno de Estados Unidos sobre el destino de los fondos de apoyo a las organizaciones civiles de derechos humanos ha hecho que las agencias de financiamiento sean cada vez más desconfiadas al brindar apoyos. Las directrices impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sobre cómo seleccionar proyectos productivos y de derechos humanos ha hecho que sean cada vez menos las organizaciones que se atrevan a financiar a las organizaciones no gubernamentales que rompan con el esquema capitalista neoliberal.  

Pese a que la declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos establece que: “Los gobiernos adoptarán medidas legislativas y administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que los derechos y libertades a que se hace referencia en la presente Declaración sean efectivamente garantizados”, el gobierno mexicano simplemente ensancha el aparato burocrático creando subsecretarías, y embajadas especiales para los derechos humanos pero no establece mecanismos reales y concretos que garanticen el ejercicio del derecho de los ciudadanos mexicanos para la vigilancia y defensa del respeto a los derechos humanos.

Quienes optan por la defensa de los derechos civiles, políticos, culturales o económicos de la sociedad deben enfrentarse al hostigamiento de un gobierno que en la retórica alaba y apoya la labor de los defensores, pero que en la práctica hace por acotar lo más posible el término defensor de derechos humanos. Pese a que la misma ONU define como defensor de derechos humanos a toda aquella persona que busque la verdad y la justicia en la defensa de los derechos humanos e incluye en estos a los derechos civiles, culturales, políticos y económicos de los individuos y los pueblos el gobierno intenta acotar esta definición simplemente a los derechos civiles, pues reconocer los derechos culturales, políticos y económicos implica sentarse a dialogar, reconocer públicamente y aceptar como interlocutores a los sindicatos independientes, organizaciones indígenas y sociales que en sus archivos de inteligencia tiende a catalogar como “focos rojos”. 

Se habla del compromiso por la defensa de los derechos humanos y se reconoce el trabajo del defensor como sujeto abstracto, pero no se genera el marco jurídico necesario que realmente proteja a los defensores. Las medidas cautelares en favor de los defensores aplicadas por el Estado mexicano se concretan a lo estrictamente policiaco mediante la asignación de una escolta personal, que en la mayoría de los casos no cuenta con los recursos necesarios ni está capacitada para acompañar a un defensor de derechos humanos, las escoltas por lo general son poco sensibles y en muchas ocasiones entorpecen el trabajo del defensor. Peor aún es el hecho que las medidas cautelares adoptadas por el Estado mexicano deben provenir de un mandato de instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues en México no se cuenta con un marco jurídico que prevea estas situaciones.

El doble discurso del Estado mexicano, la impunidad, la dilación en la procuración de justicia, la criminalización de los actores sociales, el uso reduccionista de las leyes y la poca voluntad política del gobierno para sentarse a dialogar con sus gobernados sobre sus inquietudes y necesidades sumados a la extrema pobreza en que viven millones de mexicanos, el estado de enfrentamiento que vive la sociedad civil por una aplicación inequitativa de la justicia, los cacicazgos, y la intromisión del Ejército en asuntos civiles, generan en México un clima de inseguridad e inestabilidad que hace urgente el involucramiento de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos.

Ya sea defendiendo las garantías individuales, los derechos a la identidad cultural, la preservación de los recursos naturales, el derecho a una vida digna, a un trabajo remunerado justamente, a la igualdad de género y de oportunidades, los mexicanos necesitamos ver más allá de nuestros intereses personales inmediatos y comprender que sólo vinculando nuestras metas personales a un bien común podremos sacar adelante a nuestros hijos. Las consecuencias de nuestros actos u omisiones serán sufridas tarde o temprano por todos, ya sean los cambios climáticos por la deforestación, las rebeliones sociales por la injusticia o el quiebre de la economía por la acumulación excesiva de riquezas en unos pocos y el empobrecimiento de las mayorías.

El gobierno al que se le permite actuar sin rendir cuentas, que no se le exige el cumplimiento de los acuerdos, que no se le obliga a dialogar constantemente con sus gobernados, que no se le hace hincapié que su poder emana de los ciudadanos y no de las fuerzas militares y de seguridad pública, es un gobierno que tarde o temprano se convierte en un tirano opresor.

México está apostando por un cambio y los que antes no tenían voz se han atrevido a levantarla. Actualmente es posible una transición pacífica, pero si la sociedad civil no obliga a nuestros actuales gobiernos, federal, estatal o municipal, del Poder Legislativo a Judicial a sentarse a dialogar, a trabajar sin simulaciones y a comprometerse con un proyecto de nación que incluya a los mexicanos, y realmente se respeten los derechos humanos de todos, la presión cada vez mayor causada por el hambre y la miseria puede culminar en un estallido social.

En México existen muchos hombres y mujeres que pese a las condiciones adversas, pese a que su trabajo como defensor es marginado jurídica, social y económicamente, siguen apostando por la vía del diálogo, de la solidaridad y del compromiso, y aunque muchos de ellos no realizarán un trabajo activo vitalicio y sólo presten algunos años de su vida, siempre hay alguien atrás dispuesto a continuar lo empezado. La lección más importante de vida en el respeto a los derechos humanos la han dado los indígenas, pues sin reconocimiento internacional, sin recursos, con hambre y con mucha esperanza las comunidades se comprometen a garantizarle por lo menos un taco al defensor y su familia que levanta la voz y habla en nombre de todos.

Aunque las agencias de financiamiento cerraran sus puertas, aunque el hostigamiento militar y policiaco se incrementara, aunque se empleara una campaña de descrédito en contra de los defensores de derechos humanos y el Estado se adjudicara el monopolio de esa defensa, siempre habrá una parroquia, una comunidad, un estudiante, que pese a las adversidades trabaje en favor de la justicia y la paz con dignidad.

 * El autor es coordinador del Area de Comunicación del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan A.C., desde agosto de 2001. Egresado de la carrera de Comunicación en la Universidad Iberoamericana León (2001). Con este artículo ganó el Primer Concurso de Artículo Periodístico, convocado por esa universidad.