Jeremías Marquines Castillo

APUNTES DE UN VIEJO LEPERO

  Gobernabilidad

 Un poco antes de asumir formalmente como alcalde, Alberto López Rosas ya había decepcionado a muchos acapulqueños.

Las razones han sido varias. Primero está su cuestionada y obstinada relación amistosa con el gobernador, a tal grado que ya René Juárez anda pensando en cambiar la sede de su gobierno a Acapulco, y la otra, la de mayor peso, es que ha jugado peligrosamente con políticas de participación ciudadana que en la toma de decisiones ha incumplido.

López Rosas llegó al gobierno municipal con una buena reserva de capital social, pero al asumir que este apoyo lo sobrefaculta para decidir arbitrariamente sin tomar en cuenta la opinión de la sociedad, lo ha derrochado.

Primero mintió cuando dijo que pondría bajo el escrutinio de la sociedad la designación de los funcionarios que ingresarían al gobierno municipal. Rechazó con argumentos temerarios las opiniones de distinto sectores sociales que se oponían a la designación de Antonio Valenzuela Valdez en Seguridad Pública, de Jorge Juárez Soto en Desarrollo Urbano; de Roger Joseph Bergeret Muñoz, en Turismo; de Israel González, en la basura, y dijo –usando un leguaje de Ministerio Público– que sólo sería sensible a las críticas si le probaban con documentos que sus funcionarios no eran los adecuados. Es decir, la opinión de la gente (la plebe, la que vota pues), no tienen para López Rosas, ninguna credibilidad.

Lo mismo ocurrió con la designación del encargado de los asuntos culturales del municipio. El alcalde convocó irresponsablemente a la comunidad cultural a proponer proyectos y candidatos y al final, cuando le tomaron como cierta la palabra, se rajó y apresuró la designación de Aída Espino, a pesar de tener a su favor la opinión adversa de la mayoría de la comunidad cultural del puerto.

Si ya López Rosas había tomado la decisión de nombrar encargada de cultura a Espino, ¿para qué convocar a los cultureros a participar con otra propuesta? ¿Acaso creyó que esta gente se volcaría en halagos y zalamerías para festejar su torpe imposición? O lo hizo para burlarse de la participación social en la toma de decisiones. Todo indica que así fue.

Y si es así, entonces su llamado a “un pacto a favor de la gobernabilidad que contribuya a alcanzar la estabilidad política y social que se requiere para obtener excelentes niveles de confianza, que invite al trabajo, a la creatividad y a la construcción de una sociedad moderna, dinámica, participativa”, son patrañerías, rollo puro. O también y a lo mejor me esté equivocando –como siempre–, y esté entendiendo mal su concepto de gobernabilidad, y lo que realmente quiere decir el alcalde, es que sólo quiere llevarla a toda madre con el gobernador.

Y ahora vamos a ponernos serios, David Chandler, del Instituto de Investigación Política Leeds Metropolitan University, en un artículo titulado: We know the answer is public participation… but what´s the question? Que más o menos quiere decir: Sabemos que la respuesta es mayor participación en los asuntos públicos, pero ¿cuál es la pregunta? Chandler expone que en cierta medida los problemas de la ingobernabilidad “se traducen en un proyecto que fomenta la participación de manera artificial, donde ésta asume un carácter de prescripción política más que ser un fin en sí misma”.

Un tanto eso es lo que ocurre con el gobierno de López Rosas donde se intenta fomentar una participación simulada que sólo sirve para justificar actos lesivos de autoridad, como a la hora de nombrar funcionarios reprobados por la opinión pública. Entendido así, se trata más de un gobierno representativo que participativo donde el concepto de gobernabilidad está fundado en la lectura conservadora que deriva en la obcecación autoritarista. Esta idea de gobernabilidad de López Rosas pugna por una participación social y una gobernabilidad institucionalizada que sólo satisface las necesidades del gobernante, pero no favorece el empoderamiento de la sociedad ni se democratizan las tomas de decisiones.

Para lograr un compromiso cívico, la gobernabilidad, como lo plantea López Rosas, no sólo es necesario proveer la oferta de oportunidades para participar, sino también la demanda por la participación y el respeto a la decisión popular, debe existir primero un concepto claro de gobernabilidad y luego un proyecto de gobernabilidad.

Hasta ahora la gobernabilidad de López Rosas es sólo una palabra surgida de la cabeza ocurrente de alguien. Por un lado, no traza ninguna idea clara de las formas prácticas a través de las cuales la participación puede ser impulsada, y por otro, no define ningún punto de partida a esta necesidad relacionada con una mayor demanda social real por la participación. La gobernabilidad es la integración social y política, en igualdad, de todos los actores sociales en la toma de decisiones, no la institucionalización que excluye e ignora desde arriba a sectores importantes de la población que opinan diferente.

Así pues, el punto central de la gobernabilidad, es la afirmación y promoción de la participación política y social, no sólo en busca de resultados individuales, sino también como respuesta a anhelos compartidos de sociedad. Por eso, para lograr su tan anhelada gobernabilidad, López Rosas tiene la imperiosa necesidad de enviar mensajes serios y respetuosos de que existe la intención de reforzar la vida y el compromiso cívico. Pero no es pasando por alto la opinión de muchos en beneficio de unos cuantos como se genera la confianza en los actos de gobierno, ni mucho menos la coincidencia. En la errónea toma de decisiones, no existen votos de confianza, como dicen los apologistas de la mediocridad política, el único voto de confianza que existe fue el que dio la sociedad acapulqueña el 6 de octubre, y ese voto de confianza tiene fecha de caducidad.

La contra. Las veces que ha sido cuestionado, sólo por reporteros de este diario, el ex alcalde de Acapulco, Zeferino Torreblanca, ha reconocido que durante su gobierno no hizo nada por la cultura, y eso está bien, pero el sólo hecho de reconocer que no hizo nada, no lo excluye de la responsabilidad de lo que pudo hacer y su obstinación y fobias se lo impidieron, ni de los tres años de atraso cultural que hereda al municipio. En fin, ya tendrá tiempo de recapacitar si su Cinemóvil –donde se gastó una buena lana– era la respuesta que los acapulqueños esperaban de su gobierno… El ex delegado del PRI en Tixtla, y recién designado director de IGC, Hubert de la Vega, aceptó lo que ya habíamos dicho aquí reiteradamente: que el gobierno estatal no entregó la parte de dinero que le correspondía del convenio con el Conaculta. “Tuvimos que retirar esos fondos (los que entregó el gobierno federal) porque no fueron aparejados por el gobierno del estado”, dijo. Sin embargo, sí aseguró que para enero se refrendará ese convenio y se aplicarán los seis subprogramas del Foeca, veremos. Pero mientras eso no ocurra, nadie le va a creer nada, porque ni siquiera han informado en qué se gastarán 17 millones que el Congreso local autorizó de presupuesto para esa dependencia. ¿Serán otra vez para la filarmónica y las penosas Jornadas Alarconianas?… Y por si fuera poco, la recién nombrada directora operativa del IGC, Isabel Ortega, de triste y penosa memoria por haber sido prácticamente echada de RTG por los trabajadores, quienes la acusaron de mala administración y prácticas de corrupción, este martes asistió –en pleno horario de labores– a una reunión de mujeres priístas en Chilpancingo. Allí, según un boletín del PRI, la funcionaria del IGC dijo: “Los hombres… nos ven como una fuerza electorera, pero las mujeres somos fuerza electoral viva, que les quede claro, nosotras no queremos borrar a los hombres, queremos dar certidumbre al PRI haciendo las alianzas necesarias para fortalecerlo, queremos seguir luchando por el partido”, dijo. Sólo por esto, dudo que con la salida de Sonia Amelio cambien las cosas en el IGC.