Alertan grupos sociales ante el doble discurso de los diputados sobre la despenalización

*Les demandan actuar con ética pública, no con moral católica. Piden a la perredista Jiménez Rumbo abanderar los derechos de las mujeres. El Estado, del que forma parte el Congreso, está “obligado a garantizarlos”, replican al panista Camacho. En hospitales de la entidad 500 mujeres piden atención cada año por abortos clandestinos, afirman en conferencia

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Activistas de Guerrero y organizaciones nacionales que promueven los derechos de las mujeres denunciaron el doble discurso de los diputados locales, que rechazan o tienen una posición ambigua sobre la iniciativa para la despenalización del aborto hasta las doce semanas de gestación.
Recordaron que la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Ana Lilia Jiménez Rumbo, hace diez meses en una reunión de trabajo les aseguró que impulsaría la propuesta, pero recientemente declaró que las reformas no responden a las discusiones que sostuvo con las feministas.
Antes de que el Ejecutivo enviara la iniciativa “era muy fácil decir cómo vamos a debatir si no ha llegado al Congreso”, le recriminó la representante de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, Adela Muñiz Guadarrama.
Consideró que la diputada debería ser congruente y abanderar la propuesta, porque la comisión legislativa que representa es resultado de las luchas feministas en México.
En conferencia de prensa también cuestionaron la campaña de la Iglesia Católica contra la interrupción legal del embarazo, la que calificaron de agresiva, de muerte e impregnada de violencia, porque además de los volantes donde muestran a productos no nacidos de ocho o nueve meses de gestación como víctimas, están persiguiendo y tomando fotos permanentemente a las activistas.
Fray Julián Cruzalta Aguirre, de la Organización Católicas por el derecho a Decidir, demandó a los obispos de Guerrero que bajen el tono de la contienda, porque no tienen derecho a imponer la moral de la iglesia en las leyes.
“No es sano un ambiente de linchamiento para quien piense diferente”, añadió.
De la propuesta del diputado del PAN, Jorge Camacho, de hacer foros de consulta para que los ciudadanos decidan si se aprueba o no la propuesta, aclaró que los derechos humanos son universales e inalienables, no están en discusión.
En caso de realizar los foros, pidió que sean de información, con expertos, de lo contrario se convertirían en expresiones de escuelas católicas.
Insistió en que participen las académicas de Guerrero y del país para hacer un debate de nivel, informativos, “porque los derechos humanos no están a votación, el Estado está obligado a garantizarlos”.
Adela Muñiz Guadarrama añadió que los diputados tienen “un juego perverso”, porque piden discutir una ley que hace meses las organizaciones llevaron al Congreso local, pero la mayoría de los que acudieron a recibirla abandonaron el encuentro.
La presidenta del Consejo Consultivo de la Secretaría de la Mujer, Liduvina Gallardo Suástegui, también señaló que la mayoría guarda su posición respecto a la iniciativa, como si fuera “un secreto de confesión”.
Pero dijo que ya saben qué diputados están a favor y sin duda votarían por la propuesta, aunque la gran mayoría, “que está desinformada… no la han leído, y se han dejado llevar por lo que les dicen”.
Aseguró que en un cabildeo descubrieron que los diputados desconocen las propuestas de reforma al Código Penal y a la Ley de Salud.
De la Iglesia católica, Gallardo Suástegui opinó que quiere seguir teniendo el control del cuerpo de las mujeres, y para desacreditarlos dicen que las activistas quieren matar niños para que solamente nazcan los ricos.
Al contrario, señaló que los ricos quieren que haya más pobres para que realicen las labores más sencillas, “y cuando decimos que hay desinformación lo estamos probando, con la campaña de agresión, de muerte, de sangre impregnada de violencia, por la forma en que se dirigen hacia a nosotros”.
Las organizaciones reiteraron el llamado, particularmente a los partidos de izquierda que son mayoría y con quienes hablaron, para apoyar los derechos de las mujeres.
En la conferencia, Fray Julio Cruzalta señaló que la iniciativa no es un capricho de las mujeres, de las organizaciones feministas o del gobernador Ángel Aguirre Rivero, es un asunto de ética pública.
Enfatizó que la iniciativa no obliga a nadie a abortar, respeta la libertad religiosa, no obliga al personal de salud a actuar contra su conciencia, pero no está basada en la moral católica.
Señaló que los diputados pueden no compartir la propuesta como padres o madres de familia, pero los guerrerenses no son sus hijos, son ciudadanos que pagan muy bien sus salarios, para que realicen leyes con ética pública, no con moral católica.
Sobre la campaña de la iglesia contra la propuesta, recordó que no es sano que se genere un ambiente de linchamiento para quien piense diferente, y conminó a evitar el fanatismo religioso que no tiene razones, sino emociones.
Muñiz Guadarrama añadió que en Guerrero existe una problemática de niñas de secundaria embarazadas y, principalmente, ellas recurren a los embarazos clandestinos y mueren.
Consideró mayor violencia institucional obligar a las mujeres a llevar un embarazo que no quieren.
Aunque es un caso distinto, recordó a la indígena Adriana Manzanares, acusada por los vecinos de su pueblo por aborto y sentenciada a 21 años de prisión, de los cuales purgó más de siete años, hasta que en enero pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no había delito que perseguir.
La feminista María Luisa Garfías Marín reconoció que en Guerrero la sociedad es conservadora y está en contra de la educación sexual que permitiría evitar los abortos.
Explicó que, a pesar de que es obligatoria, la educación sexual no se imparte en primarias o secundarias, y cuando se da, “las maestras o maestros hablan según como les haya ido en la feria”.
Del Grupo Plural, Elsa Aguirre cuestionó la posición fundamentalista de la iglesia, que se muestra reaccionaria y en algunos casos con violencia frente a esta lucha, “hasta donde yo recuerdo, la iglesia católica debería promover a través de sus representantes terrenales el diálogo, la paz y el amor”.
Reveló que, aunque no existen cifras oficiales, tuvieron acceso al registro de mujeres que llegaron a dos de los principales hospitales del estado con complicaciones por abortos mal practicados.
Indicó que en un periodo de tres años, hubo un registro por año de 500 mujeres que pidieron servicio por esa razón, que representan en promedio 44 al mes, y confirman la tasa de incidencia que ya señalaba la organización Ipas entre el año 2000 y 2010.
Por lo tanto, subrayó que esta iniciativa no es una ocurrencia, sino un asunto de atención urgente.