Fabrican delitos a indígenas de Olinalá para apoderarse de sus tierras, acusan

Campesinos de las comunidades de San Antonio Coyahuacán, Sicatlán, Zontecomatlán y Temalacatzingo denunciaron que agentes del Ministerio Público han sido corrompidos por abogados que buscan acaparar parcelas de indígenas mediante la fabricación de delitos, y exigieron la anulación de 28 órdenes de aprehensión en su contra.
También le exigen al gobierno del estado frenar la represión de la que han sido objeto los pueblos y que los dejen trabajar, sin vivir cada día con temor a ser detenidos. Algunos de los campesinos hostigados ya han sido detenidos y remitidos al Cereso de Atlamajac en Tlapa, liberados bajo fianza sin que se haya resuelto su situación.
En un documento de denuncia pública, los campesinos acusan a los agentes del Ministerio Público de corrupción, aceptar soborno y cometer injusticia. Se informó que detrás están abogados que instrumentaron averiguaciones previas falsas, y con dinero han hecho que, sin investigar, encarcelen a campesinos que no han cometido ningún delito.
Los afectados de dichas localidades, pertenecientes al municipio de Olinalá, han sido acusados por despojo, daños materiales, intentos de homicidio. Estas acusaciones comenzaron a fluir desde 2003 a través de Pedro Reynoso y Bartolo de Jesús, quienes presuntamente con dinero crearon una ola de represión y hostigamiento a los pueblos, que ya no pueden trabajar la tierra.
El documento, sustentado por dos responsables de publicación y un comisario municipal, remarca que no es delito trabajar la tierra y defender el derecho parcelario, que es el sustento de familias tras la siembra en época de lluvias de maíz, frijol y picante.
El texto explica que la aparente finalidad de las demandas legales, es poseer las parcelas que son propiedad documentada de los campesinos quienes las trabajan, “los ciudadanos que hemos padecido esta ola de represión, hostigamiento y persecución por parte de la Policía Ministerial, afirmamos que nos inhibe de trabajar bien la tierra, por lo que pedimos solución, no represión”.
Campesinos, durante una marcha en conmemoración del 93 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata efectuada en Tlapa, mostraron una lista con 26 nombres de hombres y dos de mujeres que se han visto obligados a no poder transitar los caminos ni viajar a las ciudades a realizar trámites de gestoría social de las comunidades.
Se detalla que a pesar de haber solicitado los indígenas un amparo y protección de la justicia a nivel federal, siguen con el temor de ser aprehendidos como le paso a un grupo de varios de sus compañeros que fueron capturados en la carretera a Chilapa cuando acudieron a una reunión de gestión de obra sin que la policía respetara el amparo legal que lograron los campesinos. (Sergio Ferrer / Tlapa ).