La reconstrucción del estado es más urgente que la despenalización del aborto: Astudillo

*La ley “ni se va a la congeladora, ni se resolverá por presiones”, dice el diputado. Priistas le organizan en Iguala una comida donde habla de su interés “por servirle a Guerrero” desde la gubernatura

Eduardo Albarrán Orozco

Iguala

El diputado local del PRI, Héctor Astudillo Flores, dijo que para el Congreso hay asuntos  de mayor prioridad que la despenalización del aborto, como las obras de reconstrucción del estasdo que urgen y que “van lentas”.
El diputado llegó ayer a esta ciudad desde muy temprano. Estuvo en una estación de radio, desayunó con empresarios y a las 3 de la tarde comió “con mis amigos de Iguala” en el restaurante El Arroyo, donde expresó su interés “por servirle a Guerrero”, en referencia a la gubernatura.
Ante poco más de 100 asistentes, el ex senador  dijo que la reforma constitucional de Guerrero “fue difícil, pero salió bien”.
Destacó temas de la reforma relacionados con la mujer, entre estos la paridad de género y la despenalización del aborto.
De esta última dijo que es un tema difícil, pero que no se debe visualizar desde la visión de la Iglesia ni de los partidos, sino desde la ética (del Estado laico) y de la salud.
Llamó a que los guerrerenses no entren en conflictos por este tema y convocó a sus colegas en el Congreso local a “resolver sin presiones y sin prisas”.
Indicó que para el Congreso hay temas de mayor prioridad, sin embargo dijo que “esta ley ni se va a la congeladora, ni se resolverá por presiones”.
Dijo que en la actualidad los temas prioritarios son la reconstrucción de las afectaciones causados por la tormenta Manuel. “Hay muchos pendientes. Va lenta (la reconstrucción). Que no nos ganen las lluvias”.
Dijo que para la reconstrucción se aplicarán 37 mil millones de pesos, “tan sólo del presupuesto de Guerrero son 47 mil millones de pesos y la mayoría se va en salarios”.
Indicó que otra de las prioridades, la más importante, es la relacionada con las reformas a las leyes electorales “para que no haya complicaciones y haya menos conflictos. Este es el compromiso principal del Congreso de Guerrero”.
Respecto a sus aspiraciones señaló que está preparado “para lo que venga” y dijo que Guerrero “merece tener nuevos gobernantes en todos los niveles”, por lo que los partidos deben escoger a sus mejores mujeres y hombres, “a los más preparados”. “Yo estaré en el lugar que pueda servir”, dijo.
También se refirió a las candidaturas independientes, contempladas en la nueva ley electoral y dijo que “es importante que gente sin pertenencia a algún partido político participe”.
Por último señaló que Guerrero requiere de la generación de empleos y de mayor impulso a la educación como parte de una estrategia para disminuir la inseguridad pública.
Entre los asistentes a la comida estuvieron el magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Silviano Mendiola; el ex panista y rector del CESVI, Carlos Acosta Víquez Ortiz, el notario público número tres, Francisco Román Jaimes; y el ex secretario municipal Julio Escalera Urióstegui.
También acudieron ex funcionarios de la administración anterior, dirigentes de seccionales y algunos representantes de colonias a los que se les identifica con el PRD.
Al término de la reunión se fue a las oficinas del PRI a saludar a la presidenta Sonia Adán y terminaría en una colonia de Iguala.

Entre más condenan el aborto, más orillan a las mujeres a la clandestinidad: Rosario Herrera

*Si tiene responsabilidad por informar, el Poder Judicial tendría la última palabra, responde la secretaria de la Mujer al diputado panista Jorge Camacho

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La secretaria de la Mujer, Rosario Herrera Ascencio, dijo que si tiene responsabilidad penal por  dar ci-fras de mujeres atendidas en hospitales públicos por abortos mal practicados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) tendrá la última palabra.
Lo anterior, en respuesta al diputado del PAN, Jorge Camacho Peñaloza, quien pidió cárcel para la funcionaria por ser “cómplice de asesinato”, ya que sabía y no denunció a las mujeres que se han practicado abortos en hospitales públicos, un delito castigado con cárcel en el Código Penal.
En consulta telefónica, Herrera recordó que esa legislación contradice al artículo primero de la Carta Magna, que eleva a rango constitucional todos los convenios internacionales firmados por México, donde se reconocen los derechos reproductivos y sexuales.
Asimismo, recordó que el artículo cuatro constitucional dice que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
Agregó que un Congreso laico está obligado a respetar la constitucionalidad e insistió en que los abortos clandestinos son un problema de salud pública que no se debe ocultar, como ocurre en otros estados de la república.
“El problema existe, está presente, y entre más lo condenan, más lo criminalizan, orillan a las mujeres a que se vayan a la clandestinidad”, dijo.
Reveló que ayer recibió información de que otra mujer fue atendida en el hospital general Iguala, una mujer que iba en malas condiciones de amenaza de aborto.
Esta semana, la Semujer informó que en los últimos tres años fueron atendidas en hospitales de la Secretaría de Salud 11 mil 94 mujeres por complicaciones relacionadas con abortos mal practicados.
Dio a conocer que 500 mujeres indígenas fueron canalizadas a los hospitales del Niño y de la Madre por complicaciones originadas por un aborto, y ayer añadió que no hay cifras de las que mueren en sus casas por no tener garantías de salud, pero existen testimonios de que son una realidad.
De las declaraciones de Camacho Peñaloza, opinó que el tema se debería sacar de la política y verlo como un problema de constitucionalidad.
Cuestionó la posición de diputados que rechazan o son indiferentes a la iniciativa de ley porque “pareciera que no vale la pena poner en el centro de la discusión el tema de las mujeres, como si el caso Inés Fernández y Valentina Rosendo (torturadas y violadas por soldados), y Adriana Manzanarez (sentenciada a 21 años por homicidio, por un aborto espontáneo) no valieran la pena. ¿Qué tiene que pasar para tener un pronunciamiento para favorecer a las mujeres?”.
Como servidora pública, recordó que lo único que hace es apoyar la iniciativa que envió el Ejecutivo al Congreso, cuya esencia es promover la planificación familiar y tomar en cuenta condiciones específicas de zonas indígenas para que haya una adecuada promoción de los derechos sexuales y reproductivos.
Además, que se amplíe el sistema de información a través de las escuelas, de la Secretaría de la Juventud, una mayor distribución de preservativos para evitar los embarazos no deseados, y trabajar en la cultura de las relaciones sexuales y reproductivas responsables.
Coincidió con el sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza, para que este problema se observe desde el punto de vista humanitario, pues “si las interrupciones de embarazos se están dando, no podemos ocultarlas, quieren que nos quedemos callados, pero un gobierno responsable asume la realidad de los ciudadanos, y un gobierno progresista también ve por las minorías”.
Puntualizó que la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas es como la ley de divorcio, que no obliga a nadie a terminar una relación.
Señaló que el proyecto de reforma se centra en la cuestión de la salud, pero la discusión es contra el derecho a decidir y se sataniza a quienes están defendiendo los derechos de las mujeres.