No hay interés del gobierno en proteger a los defensores de derechos humanos

 Maribel Gutiérrez * Con el asesinato de la abogada y defensora de los derechos humanos Digna Ochoa, se reavivó el interés en los organismos no gubernamentales de derechos humanos (ONG) por los riesgos en que se encuentran los defensores, y lograron, a nivel nacional y en Guerrero, abrir mesas de diálogo con los gobiernos. Sin embargo, después de un año, desapareció la sensibilidad de los gobiernos ederal y estatal, y la situación de los defensores es la misma.

Plantean este panorama los defensores Abel Barrera, director del centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan e Hilda Navarrete, de la Comisión de Defechos Humanos La Voz de los Sin Voz, de Coyuca de Benítez.

Abel Barrera, quien en octubre del año pasado, recibió amenazas de muerte, coincidiendo con el asesinato de Digna Ochoa, explica: “Siguen los peligros para los defensores, la falta de apoyo gubernamental en México, el vacío jurídico para la actividad de los defensores, los gobiernos no atienden la agenda de los derechos humanos ni buscan mecanismos de diálogo para una nueva forma de relaciónentre la sociedad civil y el gobierno”.

Agrega: “A nivel internacional hay gran sensibilidad sobre el caso de los defensores, pero a nivel nacional hay vacío jurídico y falta de compromiso del gobierno con la causa de los derechos humanos. Estamos en situación de riesgo por la impunidad que prevalece y la falta de garanrías para el trabjo de un defensor”.

La coyuquense Hilda Navarreta opina: “Pensamos que las mesas fueron para aplacarnos un poquito mientas duró la efervescencia del caso de Digna; en cuanto se le bajó la espuma al caso las mesas bajaron de nivel”.

Abel Barrera explica lo que ocurrió con las mesas de trabajo con defensores de derechos humanos, a un año del asesinato de la abogada.

“Después de la muerte de Digna, se estableció la mesa de trabajo con defensores de derechos humanos y el gobierno federal encabezado por el secretario de Gobernación Santiago Creel, para discutir una agenda de trabajo relacionada con la situación de los derechos humanos.

“Yo acudí a tres mesas de trabajo en la Secretaría de Gobernación, directamente planteamos a Creel mi situación, de las amenazas que recibí. Dio instrucciones al subdirector de Asuntos Legislativos, que era el enlace con las ONG para que revisara mi caso.

“A partir de esa reunión fue cambiando de tomo la posición del gobierno. Primero que estaba en la mejor disposición, luego que constitucionalmente no podían acreditar la protección a los defensores porque todos los ciudadnos mexicanos gozamos de las mismas garantías. Vi que no había intención de dar protección.

“Cuando se instaló la mesa, el gobierno pensaba que las ONG sólo ibamos a plantear que se investigara el caso Digna. Pero planteamos todo el asunto de los defensores, que tiene que ver con la paz en Chiapas, los asuntos indígenas, derechos laborales, reformas legislativas para mejorar la procuración de justicia.

“Es una agenda de los derechos humanos, porque la mejor protección a los defensores es combatir la impunidad, construir condiciones para el diálogo, el reconocimiento de los derechos colectivos, que tiene que ver con la procuración de justicia.

“El gobierno no esperaba esos planteaminetos, por eso se abrió la mesa. Se vio el caso de los defensores. Uno de los casos concretos fue el mío.

“Y fue bajando de perfil. Se acordó hacer una campaña en favor de los defensores, a nivel nacional por radio y televisión, pero fue muy limitada y no impactó, ocupaba sólo tiempos oficiales, aparecían spots a las 2 de la mañana. Fue la única actividad conjunta que se logró.

“Tuvimos que pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque no encontré respaldo en el país.

“Con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y la Red Nacional pedí medidas cautelares. La CIDH respondió el 22 de diciembre, donde instruye al gobierno mexicano a que se me brinde protección, y da un plazo de 15 días.

“El 31 de diciembre entró en contacto conmigo el delegado estatal de la PGR. Desde enero a la facha tengo la protección de cuatro elementos de la PGR”.

–¿Esa vigilancia ha sido eficaz, hizo que cesaran las amenazas?

–Hemos manifestado a la CIDH que los elementos de la PGR no tienen condiciones apropiadas para dar protección, porque no tienen vehículo para desplazarse.

“Sí cesaron las amenazas. La amenaza fue el 28 de octubre, en un mensaje de que había gente que quiere privarme de la vida y que me cuidara. En un mensaje significativo, que no deja huellas de dónde viene. Creo que la intención es inmovilizar”.

–Las amenazas que recibiste en octubre del año pasado coinciden en tiempo con el asesinato de Digna Ochoa, ¿crees que hay una relación directa?

–Fue coincidencia con el caso Digna. No lo veo encadenado al caso Digna. Pero habla de un patrón de riesgo de los defensores, y que sigue latente porque estamos en primera línea de riesgo, y hay preocupación internacional.

–En Guerrero se instaló también una Mesa de trabajo del gobierno del estado con las ONG.

–Sí. Fue a consecuencia del boom del asesinato de Digna, que abrió el diálogo nacional y en varios estados, ante el impacto que causó la muerte. Fue más el impacto de su muerte lo que abrió estas puertas, pero no estuvo respaldado por una decisión profunda de atender el tema de los defnsores.“El goberador mostró disposición, instruyó al secretario general de Gobierno (Marcelino Miranda), le planteamos la agenda, dijo que había respaldo. Se instaló la mesa. Se acordó llevar los temas, y planteamos una campaña sobre defensores.“Pero fue sólo en la primera mesa donde estuvo Marcelino Miranda, después comisionó al subsecretario Jesús Vargas. En las reuniones se abordaban los temas pero los funcionarios que iban de la Procuraduría General de Justicia, de Seguridad Pública, y de otras dependencias no estaban informados, no había seguimiento y claridad, no se entregaban las minutas, había desorganización. En comunicación social el funcionario que enviaron no aceptó los contenidos de la campaña que propusimos sobre los defensores, y quedó como en el limbo.“Pedimos otra audiencia con el secretario general de Gobierno, pero se ha postergado. No hemos visto voluntad política de las autoridades para atender nuestros planteamientos, no hay interés”.