Pierde CAPAMA juicio por 2 millones; enfrenta otros cinco por 15 millones más

 * Uno de los demandantes en uno de los juicios aún no resueltos reportó un salario mensual de 3 mil 784 pesos y un bono quincenal de 17 mil 700 * Todos los despidos, días antes del final de la gestión de Fermín Alvarado en el organismo, el 23 de mayo de 1997 * Entre los despedidos, su hermano Francisco Javier

 Jeanette Leyva Reus * La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) tendrá que pagar unos 15 millones de pesos en caso de perder cinco juicios laborales por demandas presentadas en su contra en 1997, según informó el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Abad Gerardo Orozco Rojas.

Pero, además, el organismo ya perdió definitivamente el juicio 923/2000, en el que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje lo condenó a indemnizar a Elizabeth Ortiz Ramírez, Esteban Parra Suástegui, María Elena Salmerón Mendoza y Eutimio Rodríguez Maganda por un millón 906 mil 483 pesos con 95 centavos, así como a reinstalarlos en sus puestos, precisó el funcionario. Ayer, el tribunal laboral dictó orden de pago o de embargo por esa cantidad.

En entrevista, Orozco Rojas informó que uno de los demandantes en uno de los juicios aún no resueltos es Francisco Javier Alvarado Arroyo, quien fue despedido por el director general de la paramunicipal, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, cuatro días antes de ser removido del cargo.

Otro demandante, Germán Barrera Peñaloza, reportó un salario de mil 892 pesos y un bono quincenal por 17 mil 700 pesos, agregó el funcionario. Como todos los demás, fue despedido poco antes de que Alvarado Arroyo dejara la Dirección General del organismo.

Entrevistado en sus oficinas, Orozco Rojas dijo no saber a que se refería el alcalde cuando declaró el viernes en el tercer informe del secretario general de la sección 27 del SUSPEG –que corresponde a la CAPAMA– que el organismo perdió un juicio laboral, por lo que tendría que pagar 4.5 millones de pesos. El funcionario dijo que, según los archivos de la Junta, no se ha dictado ningún laudo por dicha cantidad.

Orozco Rojas explicó que el expediente 923/2000 fue presentado primero en el tribunal de arbitraje de Chilpancingo en 1997, el que se declaró incompetente y lo turnó a la Junta de Acapulco. Después del análisis, se dictó el laudo que condena a la CAPAMA a reinstalar a los trabajadores en sus puestos y categorías, y a pagarles salarios caídos.

La paramunicipal se inconformó y promovió un juicio de amparo ante el tercer Tribunal Colegiado de Circuito, que ratificó el laudo de la Junta, por estar, según argumentó, ajustado a derecho.

Agotados todos los recursos contra el laudo, este lunes se dictó auto de pago y requerimiento a la CAPAMA, es decir embargo por casi dos millones de pesos. La paramunicipal tiene que pagar “no puede hacer más”, dijo Orozco Rojas.

Explicó que el juicio laboral fue perdido por CAPAMA al no acreditar que los trabajadores renunciaron voluntariamente a su trabajo, mientras que los empleados demostraron que fueron despedidos.

Interrogado sobre el número total de juicios laborales promovidos por ex trabajadores de CAPAMA, que podrían sumar la cantidad a la que el alcalde Zeferino Torreblanca se refería, Orozco Rojas respondió que son cinco expedientes más.

Hasta 10 millones de pesos en un juicio

En el expediente 810/2000, más de 30 personas demandan a la paramunicipal. Entre ellos se encuentra Francisco Javier Alvarado Arroyo –hermano del ex director Fermín Gerardo Alvarado Arroyo–, quien, según la demanda laboral, fue despedido el 19 de mayo de 1997, junto con otros más.

Resalta en dicho juicio que además de que los demandantes informan su salario quincenal, algunos, como Germán Barrera Peñaloza, declaran que la paramunicipal les hacía depósitos a cuentas bancarias como compensación económica. Barrera Peñaloza recibía, además de su sueldo de mil 892 pesos, un bono quincenal por 17 mil 700 pesos. Alvarado Arroyo recibía su sueldo y un bono por mil 892 pesos.

En ese tiempo fungía como director su hermano Fermín Alvarado, quien fue destituido el 23 de mayo de 1997 por el entonces gobernador Angel Aguirre Rivero.

Sin embargo, siete de los demandantes ya llegaron a un arreglo. Ellos son Gilberto Ledezma Pérez, Francisco Casarrubias Rodríguez, Manuel Durán Hernández, Juan Prestegui Juárez, Maritza Gutiérrez Salgado, Humberto Lorenzo Ramírez y Tomás Cortés Chávez.

Siguen en juicio, en ese mismo expediente –el 810/2000–, Emir Tabares Díaz, Tulio Rodríguez Zetina, Verónica Estrada Moreno, Dolores Pérez Cruz, Germán Barrera Peñaloza, Víctor Hugo Rodríguez Castro, Efrén Maganda Alemán, Hugo Melesio Maganda Bejar, Abundio Solís Rosales, José Velázquez Quintanilla, María Indalia Rivera Pérez y Guadalupe Salinas Colón.

Están también Raúl Bello Cruz, José García Catalán, Ruth Miranda Sosa, Antonio Miranda Alvarado, Guillermina Odila Beltrán Guzmán, Francisco Javier Alvarado Arroyo, Sandra Luz Bello Cruz, Sara Pano Bibiano, Tomás Cortés Chávez, Víctor Guerrero Mandujano, Emilio Morgan Zárate, Fidel Vega Adame, Arturo de la Paz Radilla, Juana Rodríguez Maganda, Eduardo González Gasco  y Cándida Encarnación Sandoval.El presidente de la Junta, comentó que todos los expedientes pendientes comenzaron el proceso en 1997, los cuales esperan desahogar en los próximos meses. De perder CAPAMA el juicio del expediente 810/2000, debido a la cantidad de demandantes tendría que pagar entre 8 y 10 millones de pesos en total.