Vence el plazo de un juez para que el Ayuntamiento de Iguala reinstale al jefe del jurídico

Fernando Hernández

Iguala

Ya venció el plazo para que el Ayuntamiento de Iguala, que encabeza el priista Raúl Tovar Tavera, acate la sentencia que emitió el Juzgado Quinto de Distrito, en torno al juicio que desde hace dos años inició el ex director de Asuntos Jurídicos y Consultivos de la administración municipal, Francisco Jaimes Brito.
De acuerdo con el oficio registrado bajo la clave PRAL. 847/2010 “las autoridades responsables secretario de Gobierno –el figueroísta Eduardo Román Jaimes–, los miembros del cabildo” deben dejar “insubsistente” lo referente al punto número ocho del “acta de sesión de ordinaria de cabildo del 30 de julio de 2010” en la que fue cesado como director del Jurídico Jaimes Brito.
Hasta el cierre de esta edición, la administración encabezada por Tovar Tavera no había dado respuesta al requerimiento del juzgado federal.
De acuerdo con Francisco Jaimes, quien fue entrevistado en las instalaciones en la ciudad del tribunal federal, “el Ayuntamiento tendría que convocar a una sesión urgente y rectificar los acuerdos tomados en la sesión del 30 de julio, con la emisión de un nuevo acuerdo, lo que es prácticamente imposible de hacer, a menos que entreguen un acta de una sesión amañada”.
Jaimes Brito fue cesado de su cargo a los pocos días de que el dirigente de la organización de filiación perredista Tierra y Libertad, Bernardo Cayetano, tomó el Ayuntamiento. Tras las protestas que se prolongaron por varios días, el alcalde Raúl Tovar Tavera solicitó licencia por tiempo indefinido de su cargo, pero después volvió por las presiones de la bancada priista en el Congreso local, presidida por el diputado Héctor Vicario Castrejón, que ahora es candidato a legislador federal.
En la documentación de juzgado se observa que si el Ayuntamiento no responde a la sentencia el juicio, será atraído por el Tribunal Colegiado y si éste determina que la administración priista incurrió en una omisión, “el incidente mencionado puede culminar con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de separar del cargo a las autoridades responsables y consignarla ante el juez de distrito correspondiente, para que en su caso le sean aplicables las sanciones que el Código Penal Federal prevea para el delito de autoridad”.
Por su parte, el Congreso local mantiene en la congeladora legislativa una solicitud de juicio político contra autoridades del Ayuntamiento, entre ellas los síndicos María del Carmen Perea Moreno y Juan Manuel Martínez Carreón.
Los síndicos priistas además están siendo investigados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PJGE) por fraude procesal por hechos relacionados con el despido de Jaime Brito.