Se sustentará la Comisión en los tratados internacionales, adelanta Pilar Noriega

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

El reto es hacer justicia a los familiares de desaparecidos, y en caso de que alguien se oponga o ponga obstáculos, será denunciado por oponerse a que se conozca la verdad histórica, dijeron los integrantes de la Comisión de la Verdad.
En entrevista en la oficina de la Comisión de Gobierno del Congreso local, después de la toma de protesta, los comisionados hicieron precisiones sobre lo que será su trabajo.
A la abogada defensora de los derechos humanos, Pilar Noriega García, se le preguntó sobre el marco normativo con que trabajará la comisión, luego de que es una instancia estatal que requerirá información del gobierno y por ello se corre el riesgo que no atiendan sus peticiones para llegar a la verdad histórica y aplicar justicia.
Respondió: “Pues la ley (para la Comisión de la Verdad) contiene lo esencial y de acuerdo con la ley, tiene seis meses para hacer un reglamento, para la cuestión operativa”.
Explicó que hay dos cualidades de la ley: “La posibilidad que tenemos nosotros de realizar una investigación en todos los niveles, la obligación de las autoridades de proporcionarnos información e incluso pueden incurrir en responsabilidad por la no participación con la Comisión, eso es lo que esperaríamos y ese es el marco normativo, no sabemos si es lo ideal, pero esperaríamos los hechos”.
–¿Cómo obligarán al gobierno federal a que les proporcione la información que requieran, como en el caso del Ejército?
–Hay que distinguir, porque siendo una ley estatal, no puede prever facultades que invadan otros aspectos, porque entonces sí pudiera que otras autoridades impugnaran, incluso ante el Congreso General, la inconstitucionalidad, pudiera haber una controversia constitucional por ir más allá de esta ley. Pero tenemos otros instrumentos legales, para nosotros poder acudir a las autoridades incluso de otros estados ya a nivel federal, para poder realizar nuestra investigación.
–¿Qué otros instrumentos legales tienen?
–Está desde el derecho a la petición y la obligación que tienen las autoridades de respetar los derechos humanos, por esta famosa reforma de junio del 2011, que reconocieron el nivel de los tratados internacionales, aunque las constituciones de los estados estén en contradicción, pero son ley suprema.
“A nivel como se ha dado aquí (en Guerrero) desde lo legal y lo político, pues sabemos los mexicanos darle la vuelta a la ley, pero el valor de la reforma de junio de 2011 es un valor en tanto que refleja supuestamente una voluntad política de hacer cumplir los tratados internacionales”, dijo.
“Y sobre todo, establece por ejemplo el principio de la mayor garantía y el principio de mayor beneficio de la persona, y ese principio del beneficio de cumplir las autoridades en todos los niveles a favor de la persona, lo que se interpreta que da margen a que nosotros podamos tener instrumentos para una cooperación de las autoridades, aunque no sean necesariamente del estado de Guerrero”, explicó.
Sobre el tema, el ex rector de la UAG Enrique González Ruiz intervino y dijo: “Aun así (a pesar de los tratados internacionales), hay la posibilidad de que esas autoridades no nos hagan caso, pero así nosotros nos comprometemos a decir quién no nos hizo caso e informar a la sociedad lo que está pasando”.
A pregunta expresa, el ex guerrillero Nicomedes Fuentes García reiteró que investigar sólo al lapso 1969-1979 tiene que ver con que en casos emblemáticos como Aguas Blancas y El Charco hay identificación de víctimas y victimarios, pero que en todo caso es la ciudadanía la que podrá impulsar que también los abarque.
En tanto que el ex rector de la UAG, Arquímedes Morales Carranza, precisó que la Comisión tiene que ver con la desaparición de personas que no tuvieron ninguna investigación; se trata de delitos de lesa humanidad por la violación de los derechos humanos y que nunca se ha sabido dónde quedaron los cuerpos o dónde están los desaparecidos, que se sabe quiénes lo hicieron pero no ha habido justicia.
Aclaró que en los casos de Aguas Blancas y El Charco “conocemos a los victimarios y a las víctimas, y se documentaron sus casos, pero allí se requiere más bien una fiscalía, en el caso de nosotros sólo atenderemos el caso de la guerra sucia”.
Mientras que a González Ruiz, se le preguntó si el hecho de que la Comisión de la Verdad, si bien era una demanda añeja de los guerrerenses, haya sido una oferta de campaña del gobernador Angel Aguirre Rivero, le da un buen augurio o garantiza sus resultados.
Y respondió: “Lo que da buen augurio de que las cosas pueden salir bien, es que esta Comisión está compuesta por ciudadanos y ciudadanas con trayectoria y ética, a lo que siempre le apuesto”.
Y añadió: “Nosotros tenemos claro que no ha habido justicia ni en El Charco ni en Aguas Blancas, ni en el caso del profesor Gregorio Alfonso Alvarado, ni en las demás violaciones de los derechos humanos que se han dado, de modo que sí invitamos a la sociedad a que presione, que busque mecanismos para que esos asuntos sean abordados y resueltos para que se logre la justicia”.
Enseguida aclaró: “Por eso les reiteramos, que siempre le hemos apostado a la gente, no a los aparatos del Estado, porque son cambiantes, luego tienen unos intereses, luego tienen otros y se mueven en función de intereses que no son los de la ciudadanía”.