Vuelven a protestar estudiantes de Ayotzinapa para exigir castigo a los asesinos de sus compañeros

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa volvieron a protestar en la capital del estado para exigir justicia para los estudiantes asesinados el 12 de diciembre, ahora frente al Juzgado Primero de Distrito, donde se llevaría a cabo una audiencia con representantes de los dos policías ministeriales en prisión, presuntos responsables materiales del homicidio de los normalistas, y los deudos de las víctimas con sus abogados.
Aunque la audiencia se suspendió, las partes presentaron sus alegatos en el juicio de amparo contra el auto de formal prisión que solicitaron los policías; en este caso, los padres de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino y sus abogados, en calidad de terceros afectados.
En el lugar, trascendió que un juez libró órdenes de aprehensión por ataque a las vías de comunicación contra los dirigentes estudiantiles por el bloqueo a la Autopista del Sol el 12 de ciciembre, que luego confirmó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra. Sin embargo, aclaró que no han sido notificados y desconocen quién emitió las órdenes.

La protesta

Cuando los estudiantes llegaron a Chilpancingo en un autobús del servicio público, se encontraron con un convoy de patrullas de la Policía Estatal y Federal, en la avenida Juárez, frente a la Alameda Granados Maldonado. Ahí se observó que los uniformados intentaron detener el vehículo, pero desistieron cuando reporteros gráficos comenzaron a tomar fotografías de la escena.
Momentos después, unos 50 estudiantes bloquearon la calle 5 de Mayo frente al juzgado federal, con una manta que decía: “Por los compañeros Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino”, lanzaron consignas revolucionarias y dos oradores exigieron que el homicidio de los normalistas no quede impune.
De la dirigencia estudiantil, Diego Castro Domínguez declaró que los policías detenidos por el homicidio de los normalistas, Rey David Cortés Flores e Ismael Matadamas Salinas, deben responder ante los tribunales sobre porqué accionaron sus armas contra los estudiantes, “porque mucho tienen que ver con la masacre extrajudicial de nuestros compañeros”, afirmó.
Adelantó que los normalistas de Ayotzinapa van a reanudar sus movilizaciones, para que también los señalados como responsables intelectuales de las violaciones graves cometidas contra los normalistas, sean llamados a la justicia.
Entre éstos, señaló al secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, y al gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos también señaló, porque actuó de manera negligente ante las demandas estudiantiles. Reiteró que los normalistas van a vigilar el cumplimiento de las recomendaciones.

Los alegatos

Luego de la diligencia de dos horas, Rosales Sierra informó que este juicio de amparo se limita al auto de formal prisión contra los policías acusados de homicidio, y se llevaría a cabo una audiencia donde las partes ofrecen probanzas y alegaciones dentro del juicio, “cada una defendiendo su posición”.
Explicó que la audiencia se aplazó porque el juez sigue revisando los tomos de la averiguación previa contra los acusados, pero escuchó los alegatos y recibió los argumentos de las partes.
Aclaró que los padres de las víctimas, Gabriel Echeverría y Jorge Herrera, acudieron con sus abogados del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, porque fueron notificados de la audiencia el pasado 20 de marzo.
De los alegatos, Rosales Sierra informó que los policías argumentaron violaciones en su proceso, porque el plazo de arraigo se extendió por más de 48 horas antes de que el juez emitiera la orden de aprehensión, del 15 al 18 de diciembre de 2011.
Asimismo, dijeron que las pruebas en su contra no son suficientes para mantenerlos en prisión, porque existen dos pruebas de que no dispararon sus armas en el desalojo de los normalistas, y presentaron los exámenes de radisonato de sodio y del arma, que resultaron negativas.
Sin embargo, los abogados de las víctimas, plantearon que los policías sólo estuvieron bajo vigilancia antes de su detención, no privados de su libertad en la Procuraduría General de Justicia del Estado, hasta el 15 de diciembre que fueron detenidos.
Pero, “si hubiera habido violaciones, son previas a la averiguación y debieron hacerlas valer en ese momento, mediante un amparo o impugnarlas con otro recurso, al no hacerlo, esas violaciones han quedado consumadas de forma irreparable y ya no las pueden hacer valer en estos momento”.

Sobre la autoría indeterminada

Respecto a las pruebas insuficientes, Rosales Sierra rebatió que en la averiguación previa existen exámenes periciales, de balística, de efectos, inspecciones ministeriales, que indican que, por su ubicación, los policías ministeriales fueron los que dispararon en contra Alexis Herrera y Gabriel Echeverría.
Afirmó que eso es suficiente para que los policías sigan detenidos y sujetos a proceso como autores materiales de los homicidios.
Aclaró que existen más autores materiales involucrados en los hechos, pero sólo Rey David e Ismael Matadamas fueron identificados públicamente, porque en el lugar había alrededor de 20 ministeriales y del estado, que también dispararon contra los normalistas.
Admitió que no hay forma de saber si las balas que dispararon los policías detenidos mataron a los estudiantes, pero el juez de primer distrito está determinando una “autoría indeterminada”,  que indica que ellos pudieron haber provocado la muerte de los estudiantes.
En este sentido, dijo que preocupa que la Procuraduría General de la República (PGR) y la PGJE, sólo haya determinado la responsabilidad de dos policías, y reiteró que sus investigaciones siguen siendo tendenciosas y orientadas a criminalizar a los normalistas.
Recordó que los funcionarios investigados sólo enfrentan procesos por irregularidades en el proceso, como el liberar a los estudiantes detenidos de forma arbitraria, y no por los hechos del 12 de diciembre, “eso no camina”.
Rosales Sierra añadió que existe lentitud en las investigaciones y lejos de señalar a más policías implicados, “está apuntando a perseguir a los estudiantes y a las organizaciones que los acompañan”, en relación a las órdenes de aprehensión.
Anunció que están analizando instalar mesas de trabajo para el cumplimiento las recomendaciones de la CNDH, que tienen un carácter vinculante y obligatorio para las instituciones, pero son “justiciables”, es decir, no implica que se va a llegar a los policías ni implicados directamente a la justicia, se requieren procesos, “como el juicio político para los funcionarios de gobierno”.