Anuncia Aguirre la aceptación íntegra de la recomendación de la CNDH por el caso Ayotzinapa

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

El gobernador Angel Aguirre dio a conocer ayer que el miércoles pasado notificó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que acepta en todos sus términos la recomendación 1VG/2012 emitida por la muerte de los dos estudiantes normalistas ocurrido en el desalojo violento del 12 de diciembre anterior en esta ciudad.
La mañana de este jueves, vía telefónica, el gobernador Angel Aguirre Rivero dio a conocer que el miércoles envió a la CNDH el oficio con la notificación de que acepta en todos sus términos la recomendación 1VG/2012, relacionada con los hechos del 12 de diciembre en la autopista Chilpancingo-Acapulco.
Con lo anterior, el gobernador precisó que cumple con lo establecido en el artículo 46, párrafo segundo de la Ley de la CNDH, que establece un plazo de 15 días hábiles para que el gobierno del estado responda la recomendación, como lo hizo.
Luego precisó que su gobierno “desde antes de emitida la recomendación ya realizaba acciones para reparar los daños a las víctimas y evitar que hechos como los del pasado 12 de diciembre vuelvan a ocurrir”.
Recordó que ya se fortalecía la infraestructura de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y se le daba apoyo económico para la alimentación de los estudiantes, con una inversión de 38 millones de pesos.
Aguirre Rivero añadió que en el oficio a la CNDH, le informa que siguen los procedimientos administrativos y penales contra servidores públicos involucrados en las violaciones a derechos humanos determinadas por la CNDH, “y en un plazo razonable se informará sobre los resultados, porque en mi gobierno pueden estar seguros que no habrá impunidad en el caso, y por eso analizamos la recomendación, con sus respectivos anexos, con el fin de precisar qué puntos ya se atienden, así como para impulsar las acciones pertinentes para solventar todas las observaciones y propuestas sugeridas por la CNDH”.
Además, dijo que proporcionó un informe pormenorizado sobre el Plan Integral de Reparación del Daño para atender a las víctimas, dentro del que se ha considerado la entrega de indemnizaciones económicas y la atención médica, psicológica, jurídica y social.
El gobernador aseguró que a través de la Comisión Civil de Interlocución se ha mantenido un diálogo para atender los requerimientos de los normalistas, pero no especificó sobre los acuerdos.
Y a pregunta expresa, ratificó su convencimiento de llegar a la verdad histórica de los hechos, con el fin de que no se repitan hechos similares a los del 12 de diciembre, enviando a la CNDH en próximas fechas los medios de prueba y verificación del grado de avance en el cumplimiento de todos y cada uno de  los puntos de la recomendación.
Lo anterior, porque en su recomendación la CNDH identifica a varios servidores públicos como responsables por la muerte de los dos estudiantes normalistas, entre ellos al ex procurador general de justicia, Alberto López Rosas, y al ex secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ramón Almonte Borja, y sus subordinados.
Se le recordó que la CNDH también le pide en su recomendación que informe sobre las políticas a desarrollar para capacitar a las fuerzas policiales estatales para que no violen los derechos humanos, y que se definan protocolos de respuesta a las manifestaciones sin coartar ese derecho, y sobre este punto el gobernador anunció que están trabajando en una iniciativa que será enviada al Congreso del Estado una vez que tengan el consenso de organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos, como la ONU misma.

Reparación del daño

El pasado 27 de marzo, el día que la CNDH emitió la recomendación al gobierno federal y estatal sobre el caso Ayotzinapa, por la tarde el gobierno del estado emitió un comunicado en el que informó que tomaría en cuenta “todas las observaciones” para llegar a la verdad histórica, pero no dijo si la aceptaba.
En esa ocasión, aseguró que Guerrero “no es terreno donde se abone la impunidad” y se comprometió a continuar en la búsqueda de la verdad histórica y que las víctimas seguirían contando con el apoyo gubernamental.
Además, ese mismo 27 de marzo, pero por la noche, en un segundo comunicado, el gobierno del estado reiteró que ya había informado a la CDNH de la instalación del Comité de Atención del Plan Integral de Reparación del Daño a las víctimas de los sucesos del 12 de diciembre, y que inició “el pago de las indemnizaciones ya acordadas con algunas de las víctimas”, lo que abría “una nueva etapa gubernamental para avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos”.
Y dio a conocer a la CNDH que el gobierno del estado inició el Programa de Indemnizaciones contenido en el Plan Integral de la Reparación del Daño, lo que sentaba “un precedente muy importante en la historia de este estado, pues por primera ocasión se asume motu proprio un compromiso de tal magnitud, teniendo como base el respeto irrestricto de los derechos humanos y como guía los estándares internacionales en la materia”.