En Guerrero se protege a los violadores de derechos humanos: Tlachinollan

* Abuso de autoridad, afectación al patrimonio, extorsión, amenazas, privación ilegal de la libertad, afectación al libre tránsito, denegación de la justicia, cohecho, lesiones y violación sexual * Sobresale el apoyo incondicional a las actuaciones ilegales del Ejército, afirma

En Guerrero “sobresale el uso excesivo de la fuerza y el apoyo incondicional a las actuaciones ilegales del Ejército. Se consiente la tortura, como el método más común que utiliza la Policía Judicial del Estado para extraer información. Prevalece el abuso institucionalizado en el sistema de justicia penal y se protege a los violadores de derechos humanos”, dice en su octavo informe el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

En el documento leído en Tlapa el 16 de junio, la ONG abunda: “Nuestro octavo informe presenta de junio de 2001 a mayo de 2002, 41 casos documentados de violaciones a los derechos humanos, relacionados con el abuso de autoridad, afectación al patrimonio, extorsión, amenazas, privación ilegal de la libertad, afectación al libre tránsito, denegación de la justicia, cohecho, lesiones y violación sexual. Las autoridades que sobresalen en estos casos son, los Ministerios Públicos, la  Policía Judicial, el Ejército mexicano, los ayuntamientos municipales y la Policía Motorizada.

Como organismo no gubernamental de derechos humanos constatamos un grave deterioro de las instituciones de procuración y administración de justicia que se han ido debilitado por la corrupción y la impunidad que imperan en su interior. Es una realidad que no se quiere abordar ni resolver. La procuración de justicia sigue siendo un tema cerrado, reservado para las élites políticas, alejada del escrutinio de la sociedad,  porque se sigue  manejando de manera patrimonialista.

El tema de los derechos humanos sigue siendo un tema incómodo y desarraigado entre las autoridades estatales, no hay compromisos serios para hacer que la ley se cumpla y exista un  verdadero respeto hacia todos los hombres y mujeres que luchan por la justicia, la democracia, la libertad, la educación y la paz.

La libertad de los campesinos ecologistas y de la estudiante universitaria Ericka Zamora se debe a la tenacidad, profesionalismo y participación decidida de la ciudadanía que a través de los organismos no gubernamentales de derechos humanos y de abogadas independientes, probaron en la misma cancha jurídica las inconsistencias de un procedimiento penal viciado, inquisitorial, plagado de deficiencias técnicas y marcado por la abominable práctica de la tortura.

Sobresalen en nuestro estado las violaciones al derecho a la vida. El aumento de los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas manifiestan la gravedad de la situación que los guerrerenses tenemos que remontar exigiendo a las autoridades el apego irrestricto a la normatividad nacional e internacional y a que de manera urgente tome medidas apropiadas para evitar que se sigan consumando más vidas sin que existan responsabilidades jurídicas de las autoridades, ni castigos ejemplares a los autores de abominables crímenes.

Es impostergable la adopción de medidas necesarias  para reformar la legislación local con el fin de que se tipifiquen los delitos de tortura y desapariciones forzadas. Que no se sigan obstruyendo las investigaciones sobre violaciones al derecho a la vida, que se garantiza un trabajo profesional, serio y eficiente para que los miembros de corporaciones policíacas o fuerzas armadas  que tengan responsabilidad penal sean castigados conforme lo estipulan nuestras leyes.  

El derecho a la libertad personal  sigue siendo otro de los derechos mancillados en nuestro estado por la práctica sistemática de las detenciones arbitrarias que involucran a las diferentes corporaciones policíacas de nuestro estado y a miembros del ejército mexicano. Lo delicado del tema radica en que esta actuación ilegal marca el inicio de una cadena de violaciones a otros derechos relacionados con los derechos a la integridad personal y a las garantías judiciales de los detenidos.

El derecho a la integridad personal implica la prohibición de la tortura, los tratos crueles inhumanos y degradantes. Son múltiples casos que nos indican que la tortura sigue siendo el método común para la realización de la investigación de los delitos.

Es inconcebible que hasta la fecha no se quiera legislar para tipificar la tortura como un delito flagrante. No es posible que todos los torturadores sigan cobrando más víctimas y sigan imponiendo su fuerza a la sociedad.

Se tiene que garantizar jurídicamente que los hechos de tortura sean realmente calificados y sancionados como lo que son por los órganos jurisdiccionales competentes, acorde con la normatividad internacional.

Se tiene que promover una efectiva supervisión judicial de las detenciones y de la Policía Judicial  encargados de ejecutarlas, pues todos sabemos que la fase del arresto y la detención son las más peligrosas porque los detenidos quedan a merced de los policías que poco o nada les importan los derechos humanos. Se debe educar y formar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, sobre la prohibición de los tratos de tortura, o de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En Guerrero sigue gozando de cabal salud la impunidad. Hay una amarga experiencia en el ámbito del derecho a la justicia. Hay serias deficiencias en las actuaciones del los Ministerios Públicos, la Policía Judicial y el propio Poder Judicial. La administración de justicia se subordina a los intereses políticos de las autoridades. Por otra parte el otorgamiento de funciones policiales a las fuerzas armadas es otro de los problemas delicados que abonan la impunidad.

Cifras mínimas de una impunidad mayor

Las recomendaciones emitidas por la CNDH al gobierno del estado de 1992 al 2001 son 19 y ninguna de ellas se ha cumplido.

También están dos recomendaciones que refieren a 18 casos de violaciones a los derechos humanos relacionadas con detenciones arbitrarias, lesiones y tortura, allanamiento de morada, amenazas, intimidación y desaparición forzada de personas, cometidas presumiblemente por miembros del Ejército Mexicano. Hasta la fecha no existe ningún procedimiento penal o administrativo que haga justicia a las víctimas.

Tlachinollan, a partir de junio de 1994 a mayo de 2002, ha documentado 302 casos de violaciones a los derechos humanos y las ha turnado a las Comisiones estatal y nacional  para su seguimiento, pero no han concluido en alguna acción jurídica. 

Militarización y derechos humanos 

Como la PGR considera a La Montaña como productor de amapola, con eso justifica la existencia de una comandancia de zona en Tlapa, retenes en los cruceros de Chilapa-Ahuacotzingo, Tlapa-Olinalá, el Ocotal de Chilapa, Tixtla-Apango, en la carretera de Igualita a Metlatónoc, de Tlapa a Marquelia, de Tierra Colorada a Ayutla.

También hay campamentos móviles para vigilar a los pobladores, monitorear sus desplazamientos e interrogar a los que caminan por las veredas.

Nadie tiene derecho a pedirles alguna explicación sobre sus actuaciones al margen de la ley, ni tienen por qué presentarse ante las autoridades locales; nadie les impide ocupar terrenos comunales o ejidales, entrar a casas habitación, interrogar a la población, agarrar y matar algún chivo, cortar la fruta y hasta violar mujeres. La guerra contra las drogas les ha dotado de atribuciones metaconstitucionales. No combaten al narcotráfico sino a los pueblos indígenas.

Los casos de Valentina Rosendo Bernal y de Inés Fernández Ortega, indígenas tlapanecas de los municipios de Ayutla y de Acatepec, son un claro ejemplo de cómo el Ejército entra a las comunidades y a las casas con la intención de provocar daños, de mancillar la dignidad de las mujeres, abusando sexualmente de ellas, con  interrogatorios previos sobre las personas que siembran amapola y los que son encapuchados.

La reacción del gobierno y del Ejército es siempre la misma, “son inventos que hace la gente para provocar la salida del ejército y evitar que se les destruyan sus sembradíos”. Lo peor es que las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público del fuero común, contra miembros del Ejército acusados de violación sexual, están siendo turnadas al Ministerio Público militar, alegando falazmente el órgano investigador su incompetencia.

Los pleitos por la tierra 

Son varios los conflictos agrarios que se encuentran en alerta amarilla en la Montaña, sin que las autoridades tomen la iniciativa para prevenir alguna confrontación mayor. Hay pasividad, negligencia, apatía y menosprecio por los asuntos  agrarios.

Los conflictos agrarios más fuertes se dan en Xochihuehuetlán, Huamuxtitlán, Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Acatepec, Zapotitlán Tablas, Atlixtac, Xalpatlahuac, Alcozauca, Metlatónoc, Tlapa, Tlacoapa, Ahuacuotzingo y Olinalá. 

La espiral de la violencia 

Hay bandas de delincuentes fuertemente armadas que han sentado sus reales en varios municipios y comunidades. Se especializan en las emboscadas y ejecuciones. Un ejemplo trágico es el municipio de Copanatoyac donde del mes de diciembre de 2001 al mes de mayo del presente año, han muerto de manera violenta más de 40 personas.

Las autoridades estatales a pesar de contar con un alto presupuesto en seguridad pública han sido incapaces de revertir esta espiral de la violencia.

Una de las respuestas mas alentadoras y creativas ha sido la conformación del sistema de seguridad indígena conocido como la Policía Comunitaria.

La participación decidida de las comunidades ha sido el factor determinante para extirpar de raíz la delincuencia organizada.

Ha sido una gran enseñanza para las autoridades estatales y las corporaciones policíacas de que el secreto para combatir la seguridad está en la organización comunitaria, en la participación  ciudadana, en la transparencia del trabajo y en el servicio gratuito a la  sociedad.