Levantar la voz por las mujeres y no permitir que sean criminalizadas, insta Red Nacional de Derechos Humanos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) expresó su preocupación por las agresiones contra defensoras de derechos sexuales y reproductivos en Guerrero, y los obstáculos para legislar el derecho a decidir de las mujeres en los estados.
Mediante un boletín de prensa, la organización que conforman 135 defensoras de derechos humanos de 83 diversas organizaciones de 19 estados de la República y el Distrito Federal, se refirieron a las acciones que en Guerrero y Nuevo León buscan la criminalización de la interrupción legal del embarazo.
Sobre el caso Guerrero, se detalló que la Red fue notificada de las campañas de desprestigio contra defensoras de derechos humanos a favor del aborto, a través de las cuales se les acusa de asesinas, de incitar al odio, la estigmatización y discriminación.
Consideró que estos actos evidencian la violencia sufrida por las defensoras, y “que no se puede aislar de la discriminación que todas las mujeres, en mayor o menor medida, enfrentamos por el solo hecho de ser mujeres y el riesgo que enfrentamos quienes defendemos los derechos humanos de las mujeres”.
De las agresiones físicas y verbales contra defensoras de derechos humanos en Guerrero, señala que comenzaron luego de que el gobierno del estado envió al Congreso local una iniciativa que busca despenalizar el aborto en la entidad, el pasado 5 de mayo.
Indica que el 28 de mayo, promotoras de la iniciativa asistieron a un debate público convocado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, donde fueron increpadas con gritos de panelistas y personas que se encontraban en el público, que les impidieron hablar con libertad.
Asimismo, el pasado 13 y 15 de mayo un grupo de defensoras a favor de una maternidad libre y segura en Guerrero fueron intimidadas cuando se encontraban afuera del Congreso del estado por personas que llevaban lonas y panfletos contra la propuesta, y las agredieron verbalmente.
De igual forma, señala que defensoras de derechos humanos en Nuevo León están preocupadas porque a partir de la reforma al artículo 1 de la Constitución de ese estado se busca elevar a rango constitucional el derecho a la vida “desde su inicio en la fecundación, hasta la muerte natural”.
Considera que esta iniciativa podría derivar en la criminalización y penalización contra las mujeres, además del incremento de abortos inseguros, violaciones a los derechos humanos y las garantías mínimas de las mujeres, así como la muerte a causa de abortos clandestinos practicados en condiciones insalubres o por métodos no controlados, como lo han documentado organizaciones civiles de nuestro país como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
En este clima de hostilidad y de estigmatización contra defensoras de derechos humanos, la Red instó a los Congresos locales de Guerrero y Nuevo León a que levanten la voz por las mujeres y a no retroceder en la garantía y ejercicio de sus derechos.
A las autoridades estatales y federales, exige garantías para realizar su labor en condiciones de seguridad y libertad “a fin de salvaguardar el derecho humano a la libre expresión, libre manifestación de ideas y el derecho a defender los derechos humanos”.
También expresa su preocupación por las leyes estatales que criminalizan a las mujeres por ejercer el derecho al aborto, pues desde octubre de 2008 a la fecha, 18 estados de la República han aprobado reformas a sus constituciones, en las que buscan reconocer “el derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”.
Considera que esta postura significa un grave retroceso en la lucha de las mujeres que trabajan por el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos.
La Red indica que en este movimiento observa la lucha de defensoras de derechos sexuales y reproductivos frente a la pretensión de prohibir a nivel constitucional la interrupción legal del embarazo, incluso en casos de violación.
En esta batalla, exige que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sean garantizados; que se generen políticas públicas que prevengan los embarazos no deseados; que se garantice el ejercicio pleno de la sexualidad; que se generen los debates necesarios sobre el tema con la participación directa de las mujeres; la participación de expertos y sin la injerencia religiosa, entre otras exigencias.