Votar “por nuestros derechos y no en contra de ellos”, exigen grupos de mujeres indígenas

*Son las que más expuestas están a morir por abortos clandestinos, recuerdan

Karla Galarce Sosa

Integrantes del Comité por una Maternidad Libre y Segura exigieron a los diputados que en comisiones votaron contra la iniciativa para despenalizar el aborto antes de las doce semanas, abandonar sus afinidades religiosas y legislar por la salud de las guerrerenses.
Miembros de la organización señalaron en conferencia de prensa que las mujeres de origen indígena y de raíz africana son las más expuestas a muerte por practicarse abortos clandestinos.
Señalaron que las bancadas del PRI y del PAN se negaron a recibir sus argumentos desde que el gobernador Ángel Aguirre Rivero presentó el documento en el Congreso local.
Durante su participación, Nadia Maciel Paulino, integrante del Instituto de Liderazgo Simone Beauvoir, dijo que el comité defiende la iniciativa por la despenalización del aborto debido a que está conformado por mujeres de origen indígena.
“Queremos que el Congreso escuche la voz de las mujeres indígenas que están en las comunidades, que tienen base social, que conocen la problemática muy de cerca y que las y los diputadas y diputados están encerrados y no conocen la realidad que estamos viviendo en las comunidades, las que están en la cárcel son indígenas y afromexicanas”, expresó Maciel Paulino.
Mencionó que una de las propuestas paralela a la despenalización del aborto es la educación sexual, mediante las áreas de salud reproductiva de la Secretaría de Salud, con métodos de anticoncepción a quien los solicite, debido a que Guerrero es la segunda entidad a nivel nacional con demanda de ese servicio, catalogada como “insatisfecha”.
“Consideramos que para la prevención primaria se debe trabajar en que las y los jóvenes estén informados y no se les nieguen los servicios; en el Distrito Federal se está realizando la interrupción legal del embarazo (ILE) con medicamentos (…) no queremos que las mujeres sean sometidas a legrados porque eso sería un gran riesgo para las mujeres”, comentó.
En relación al Estado laico, indicó que los diputados “pueden tener sus propias creencias religiosas, tienen libertad de conciencia, sin embargo ahora que están legislando, nosotras, el pueblo, fue quienes los elegimos, por lo tanto hoy les pedimos que voten por nuestros derechos, por la vida de las mujeres, por estos derechos humanos que tenemos y que dejen sus creencias religiosas a un lado porque están allí para que nos representaran y votaran por nuestros derechos y no en contra de nuestros derechos”.
Agregó que si se vota en contra de la despenalización del aborto, lucharán para que las mujeres tengan accesos de salud y un control sobre su sexualidad y su cuerpo.
Del comité de promoción por una salud materna y miembro de la casa de salud de la mujer indígena Manos Unidas, Adelina Valera Gregorio, pidió a los legisladores que analicen la situación de las mujeres indígenas.
“Nosotras llevamos tiempo trabajando con las mujeres indígenas y son las que más se perjudican y las más castigadas, porque hay mujeres indígenas por el aborto, por eso nosotros hemos estado trabajando por que se despenalice el aborto”, comentó Valera.
Añadió que su postura es defender la vida de las mujeres. “Sabemos que en las comunidades indígenas en algún momento han tenido algún tipo de aborto que son clandestinos”, comentó.
Habló que los trabajos que realizan se desarrollan en la región de La Montaña y Costa Chica.
Añadió que las mujeres, cuando se deciden a interrumpir su embarazo, toman cualquier cosa, hasta lo que les afecte en su salud e incluso se golpean a sí mismas para interrumpir sus embarazos.
Criticó que la ley sólo castiga a las mujeres cuando hay una interrupción del embarazo y no a los hombres, siendo que ambos participan en el proceso de concepción.
La integrante de la casa de la salud de Chilapa, Brígida Chaula Ramos, comentó que auxilian en las tareas que se realizan en el hospital de Chilapa por las mujeres que van a dar a luz. También pidió que los legisladores revisen de nueva cuenta la iniciativa.
Dijo que se sumaron a esta demanda “porque  buscamos que no mueran las mujeres porque decidan ser madres” y que lo hicieron desde 2009 cuando “se formó una red de parteras y promotoras del estado”.
Resaltó que aunque a nadie se le obliga a practicarse un aborto, “tampoco debe obligarse a que las mujeres sean madres cuando no lo desean, y sobre todo en las violaciones sexuales”.
La integrante de la asociación Comunidad Raíz Zubia, Adriana Villanueva Ramírez, subrayó que este año se han registrado 20 muertes maternas; en 2010 se registraron 53; mientras que 2011 fueron 69 muertes; 56 en 2012, y 43 el año pasado.
Abundó que en 2012, más del 91 por ciento de las mujeres que formaron parte de la estadística por muerte materna, recibieron atención médica de alguna institución pública.
“Es ineficaz el trabajo porque las mujeres han llegado con vida y fallecen (…) en 2010, el 47.2 por ciento de las mujeres que murieron hablaba lengua indígena, mientras que el 56.3 por ciento murió en una clínica u hospital o clínica de salud federal o estatal”, ahondó Villanueva Ramírez.
La joven activista destacó que la mayoría de las mujeres carecía de un control prenatal, además que aunque la cifra de muertes maternas se redujo, las que más murieron fueron las indígenas y afromexicanas.
También estuvieron la integrante de la casa de la salud de San Luis Acatlán, Apolonia Plácido Valerio, e Inés Porfirio Montalvo.
Al final, la secretaria técnica del Comité, Irasema Dircio Chautla, dijo que la diputada perredista Ana Lilia Jiménez Rumbo cambió su voto para que la iniciativa no avanzara.
“El aborto marca dramáticamente las diferencias sociales y afecta más a las mujeres pobres, a las indígenas, además que los gastos que erogan los abortos son mayores (…) el Comité no está a favor del aborto, está a favor de la salud y de la vida de las mujeres”, concluyó.