Maclovio Sautto Vallejo

Consejo Universitario

 El pasado 8 de mayo se reunió el H. Consejo Universitario (HCU) de la Universidad Autónoma de Guerrero con la finalidad de emitir las convocatorias a director y consejeros técnicos y universitarios de las distintas escuelas y facultades, así como las convocatorias para la selección de defensor de los derechos humanos universitarios y el contralor, que conforme la nueva Ley Universitaria habrán de vigilar el manejo adecuado de los recursos financieros y evitar el atropello de los derechos humanos por aquellos que tienen cualquier instrumento de poder, empezando por los profesores que tienen el poder de asignar calificación, hasta los distintos funcionarios de la administración, desde coordinadores, jefes de departamento y directores hasta llegar al rector, el penúltimo punto de la orden del día era conocer el nuevo organigrama de la administración central.

En el registro de consejeros, se proporcionó un documento titulado “Estatuto General”, que difiere desde el nombre, del documento que el 30 de noviembre del 2001, discutimos, modificamos y finalmente aprobamos.

Conforme a la Ley de la UAG, los universitarios teníamos 90 días hábiles, para elaborar el Estatuto que habrá de normar nuestro funcionamiento interno, apegado a la nueva legislación y por cierto el documento que aprobamos, decía exclusivamente Estatuto, pero esa no es la única diferencia, hay muchas más y quien las hizo no tiene idea de las implicaciones jurídicas que esto puede tener para nuestra universidad.

Lo primero que hay que destacar, es la presencia de la oposición en la reunión del CU, cosa importante para la vida democrática de nuestra universidad, sin lugar a dudas, es el Consejo el lugar donde deben debatirse las distintas concepciones que se tengan sobre la universidad y es el lugar donde los universitarios debemos asumir nuestros compromisos, no como ha venido ocurriendo con los grupos políticos que siempre han buscado los acuerdos en lo oscurito y sin hacerlos como deben hacerse, a los ojos de todos los universitarios y en la instancia adecuada. Ojalá y esto continué así por el bien de nuestra universidad.

Al inicio de la reunión, distintos consejeros llamamos la atención sobre el “Estatuto General” que nos fue entregado y el rector propuso la integración de una comisión para la revisión de dicho documento, la cual estaría integrada por el jurídico de la universidad y distintas comisiones del CU, a las que, se solicitó por parte de la oposición, se agregara la comisión de Reforma, que es quien debió elaborar el documento final.

La comisión tiene como tarea integrar el documento que tomamos como base para su discusión y hacer las modificaciones que en esa histórica reunión se hicieron, y en los desacuerdos que se presenten, habrán de acudir a escuchar las grabaciones de esa sesión, no se trata de que se pongan de acuerdo, o que voten las diferencias, es una comisión de trabajo que debe sustentar sus resultados con las evidencias que dejamos ese día.

Después de ese punto, fue cuestionada la Comisión Electoral, ya que de acuerdo al Estatuto –en cualquiera de las distintas versiones– la actual Comisión Electoral sólo está mandatada para la elección de rector, sin embargo cuando fue electa se le dio también la tarea de conducir el proceso de elecciones simultaneas de director y consejeros técnicos y universitarios; acordándose pasar esa discusión al último punto.

Cuando se pasó a la lectura y discusión de las convocatorias quedaron de manifiesto algunas imperfecciones que hay en la Ley de la Universidad, por ejemplo, está el requisito que para ser director de una dirección de posgrado hay que tener título de licenciatura, grado de maestro y de doctor. Se piden los tres papelitos, dejando a un lado a quienes estudiaron el doctorado en programas directos, que además son los que en la actualidad están promoviendo nuestras autoridades educativas a nivel nacional, tan sólo de la Facultad de Matemáticas hay tres compañeros que se encuentran haciendo programas de doctorado directo, en instituciones extrajeras registradas en el padrón de excelencia de Conacyt y que de continuar este error en nuestra legislación estarán vetados para conducir los programas de posgrado.

En las Escuelas del sector salud, no se tiene planeado los estudios de especialidad y subespecialidades que desarrollan los profesionistas de estas áreas, excluyendo, a los que tuvieron un desarrollo académico orientado a la profesionalización, como es el caso de las especialidades médicas. En este último caso se propuso que fuera la comisión académica del Consejo la que dictamine qué documentos cumplen los requerimientos. Otro punto que se objeto, fue la exigencia de presentar carta de antecedentes no penales, ya que esta sólo se expide en Chilpancingo, y por la brevedad del plazo no habrá tiempo suficiente para tramitarla, sobre todo, para las escuelas apartadas de la capital.

Finalmente, la última observación que hizo la oposición y fue rechazada, fue la exigencia de que se publicara la convocatoria como se acababa de aprobar, quedando el acuerdo, en que la comisión incorporará las observaciones hechas y procediera a su publicación.

El punto sobre la estructura administrativa, fue pospuesto, para lo que se integró una comisión que en un mes, tiene la obligación de presentar un nuevo organigrama de funcionamiento, ya que uno de los vacíos de nuestro Estatuto fue precisamente ese. Así como la definición y especificación de las unidades académicas que conforme a la nueva estructuración académica deben existir. Para esta ocasión se consideran unidades académicas, las escuelas y posgrados que tenían representación en el CU.

Lo primero que hay que reconocer es que la reforma está inconclusa, se requiere además de reconstruir el Estatuto, hacer los nuevos reglamentos ahí señalados, el más importante de ellos el Reglamento Escolar, Definir la nueva estructura administrativa, establecer los criterios para la aceptación de unidades académicas. Después de eso, ojalá y el CU asuma sus obligaciones que fundamentalmente son: a) Proponer, discutir y aprobar el presupuesto universitario de las unidades y dependencias universitarias. (Esto nunca se ha hecho, en el mejor de los casos solo hemos aprobado el presupuesto). Legislar, es decir, actualizar nuestra legislación y ajustarla a las nuevas necesidades sociales, el proceso de reforma debe ser permanente. (aunque no nos salió muy bien, ya lo hicimos durante los últimos tres años, la siguiente vez, nos debe salir mejor). Vigilar y verificar que la legislación se aplique adecuadamente, a través de sus comisiones, aunque esto último, lo hemos delegado en el contralor y en el defensor de los derechos universitarios, hay qué ver cómo funcionan.

Por último, habrá que esperar una vez publicadas las convocatorias a los puestos de elección, cuántos no quedan desiertos por falta de tiradores.