El caso Ibáñez, expedientes de la Codehum y los guaruras, prioridades de la PGJE

De la corresponsalía, Chilpancingo El nuevo procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, dice que en estos momentos tiene tres cosas prioritarias que resolver:

Esclarecer el asesinato del empresario Javier Ibáñez Sandoval, que “lo han politizado algunas gentes para lucrarse del dolor de los deudos”.

El otro asunto que lo ocupa en estos momentos es analizar más de 20 recomendaciones de la Codehum que se negó a acatar su antecesor Rigoberto Pano Arciniega y en donde se señalan violaciones a los derechos humanos que han cometido agentes de la Policía Judicial, del MP y peritos.

Y finalmente, asegura, va a revisar la lista de los agentes judiciales que se encuentran en labores de guardaespaldas con funcionarios (incluido al gobernador René Juárez Cisneros) y ex funcionarios, y que en caso de que haya “un exceso” de comisionados “les vamos a reducir el número”.

Entrevistado en sus oficinas de la Procuraduría de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero se comprometió a lograr la detención del secuestrador Pedro Barragán González para esclarecer hasta sus últimas consecuencias el crimen de Javier Ibáñez.

Pero también advirtió que seguirá requiriendo al dirigente de la Canaco, Pioquinto Damián Huato a que comparezca para que pruebe de que autoridades oficiales protegen a los verdaderos asesinos intelectuales del empresario.

Sostuvo que este tipo de declaraciones que han hecho los dirigentes de las organizaciones empresariales (Canaco, Canirac y Coparmex) “entorpecen las investigaciones” del caso Ibáñez.

Recién designado por el Congreso local como procurador de Justicia en sustitución de Rigoberto Pano Arciniega, el ex director de Comunicación Social señala que va a revisar “municiosamente” la lista de agentes judiciales que cumplen funciones de guardaespaldas de funcionarios, ex funcionarios, empresarios y hasta deportistas como es el caso del portero de la selección nacional, Jorge Campos.

Según un informe oficial de la Dirección de la Policía Judicial del Estado, más de 250 elementos de esta corporación se encuentran en tareas de “guardaespaldas” con funcionarios y ex funcionarios y sus familias. El actual gobernador tiene para su seguridad y la de su familia 120 elementos de la PJE.

Ramírez Guerrero indica que aunque existe un acuerdo que se encuentra en el Periódico Oficial del Estado que firmó el propio gobernador donde se legaliza la protección policiaca a servidores y ex servidores públicos, “vamos a reducir los elementos a aquellos que tengan de más pero se seguirá brindando este servicio a quien le necesite por lo peligroso que representa su función pública”.

“Para nosotros este es un nuevo reto porque sabemos que estar en esta dependencia es una tarea difícil que requiere de tener tiempo y esfuerzo las 24 horas y la única limitación que tenemos es lo que establece y permita la ley”, dijo.

Señala que a unos días de que asumió el cargo, hizo el compromiso público de sacar algunos casos pendientes que han conmovido a la sociedad guerrerense como es el de lograr la detención de los autores intelectuales del asesinato del empresario Javier Ibáñez.

Dijo que la actitud de él no es entrar a un debate con los dirigentes de las organizaciones empresariales de la Canaco, Canirac y Coparmex que han rechazado los avances de la investigación.

“Nosotros le hemos puesto todo el interés para esclarecer este crimen (del empresario Javier Ibáñez) por eso a veces nos lastima, nos preocupa que lejos de recibir la colaboración o la cooperación de algunos ciudadanos se atreven en forma ligera a hacer señalamientos que no están dispuestos a venir a asentarlo en las actuaciones que hemos levantado porque el que sepa algo está obligado por ley a probarlo aportando pruebas”, externó.

Dijo que incluso él ya invitó en forma personal al dirigente local de la Canaco Pioquinto Damián Huato a que se presente a la Procuraduría a aportar las prubas y elementos que les permita ahondar más en la investigación para esclarecer el asesinato de Ibáñez.

–El dice que si le pasa algo en su integridad física responsabiliza al gobernador René Juárez ¿qué opina de eso?

–Por favor, el gobernador nada tiene que ver en este asunto. Lo único que hizo la Procuraduría fue mandarle un citatorio a un ciudadano que dice discrepar o que tiene elementos que aportar, entonces que los aporte.

Y señaló que el gobierno de René Juárez Cisneros y la Procuraduría de Justicia no va a permitir que el caso de Javier Ibáñez se politice “o se pretenda lucrar con el dolor de los deudos”.

Indicó que este tipo de situaciones (las declaraciones de los dirigentes empresariales) “entorpecen la investigación”.

Manifestó que una de las tareas prioritarias que tiene es la de “proceder conforme a la ley hacia adentro y hacia fuera de la Procuraduría a quien cometa un delito”.

Y sostuvo que las más de 20 recomendaciones por abusos que cometieron elementos de la Policía Judicial del Estado  que envió la Codehum al ahora ex procurador de Justicia, Rigoberto Pano Arciniega, se van a analizar y que en caso de que existan pruebas contra los judiciales acusados “habrá sanciones en su contra”.

“Habrá sanciones penales a los funciones que incurran en responsabilidades serias que sean constitutivas de delito”, añadió el procurador de Justicia.

–¿Cuál va a ser su relación con la Codehum?

–Desde el principio contacté con el presidente de la Comisión (Juan Alarcón Hernández) quien ha sido muy amigo mío porque es una persona que estimo porque hemos hecho vida pública y privada en Chilpancingo. Nos conocemos y siempre nos hemos respetado, prometimos, en una conversación telefónica que nos vamos a respetar y que todos nuestros actos serán apegados a la ley y tratar de llevar una relación de cooperación hasta donde la ley lo exige y lo permite.

–Siempre se ha hablado que en la Procuraduría hay dos poderes, uno es el que encabeza el procurador, y otro la Policía Judicial del estado, que hacer con esta situación?

–Mire aquí hay un solo poder es el procurador, y el único jefe que éste tiene es el Poder Ejecutivo.

–¿Qué responde a las acusaciones que le hacen los del PRD de que cuando usted fue secretario general de Gobierno durante la administración de José Francisco Ruiz Massieu también tuvo responsabilidad en los asesinatos y desapariciones de perredistas?

–Mire, yo no tengo ninguna denuncia en contra. El que afirma está obligado a probar, yo no soy delincuente, soy gente de convicciones. Todo mundo conoce mi trayectoria tanto profesional como política como un modesto ciudadano y a nadie lo he ofendido.