Moisés Alcaraz Jiménez

Gobernabilidad y cambios en el gabinete

 La gobernabilidad es un término complejo que engloba diversos aspectos de la ciencia política, la economía, la sociología y el derecho. Es un concepto acuñado en 1975 por el profesor Samuel T. Huntington, de la Universidad de Harvard –aún no aceptado por la Real Academia Española– que se refiere a la capacidad de mando en un entorno democrático y de respeto a las libertades públicas que puede alcanzar una sociedad. Su contraparte, la ingobernabilidad, es más usado en la actualidad y tiene múltiples interpretaciones con una connotación más política que académica o científica.

El término ingobernabilidad es empleado con más insistencia por sectores de oposición para descalificar o afectar la credibilidad y confianza de la población hacia un gobierno. En estos casos, son acusaciones cargadas de ideología y motivadas por asuntos partidistas o electorales que adquieren un sentido sumamente parcial y alejado de la realidad al acusar de incapaz o inepto a un gobierno por no atender las necesidades más apremiantes de la población, sin considerar la otra importante causa que puede generar la ingobernabilidad, como las condiciones  de extrema escasez de recursos que impiden, en particular a los gobiernos de países pobres, dar respuestas satisfactorias a las demandas sociales.

Por su insistente, tendencioso y superficial uso, el concepto ingobernabilidad se ha desgastado y se ha convertido en un lugar común que ya no expresa la idea que sus promotores políticos han querido transmitir y el término ha perdido todo impacto en la población.

Algunos estudiosos del tema identifican la ingobernabilidad con situaciones extremas de alteración del orden social, pérdida de institucionalidad, inoperancia de los tres poderes públicos y suspensión de las principales actividades productivas. Para este enfoque, el término es sinónimo de caos, de incapacidad gubernamental para garantizar la paz y el Estado de derecho y significa el surgimiento de la violencia generalizada.

Un análisis, lo más imparcial y objetivo posible, nos señala que Guerrero se encuentra muy alejado de situaciones de este tipo. Sin embargo, a últimas fecha y en especial a raíz del asesinado del empresario Javier Ibáñez Sandoval, surgieron nuevamente comentarios de algunos sectores que hablan de ingobernabilidad, e inclusive se llegó a pedir juicio político al titular del Ejecutivo estatal y la desaparición de poderes.

Las críticas que desde hace algunas semanas han lanzado diversos sectores sociales al gobierno del estado por las serias irregularidades y deficiencias en la procuración de justicia y los comentarios sobre este mismo tema que han inundado la prensa nacional en los últimos días, no son sólo producto de intereses partidistas o políticos, aunque mucho hay de ello, sino que también se originan porque a juicio de la población no se han tomado las medidas de la magnitud que el caso amerita para combatir de raíz la criminalidad, que se ha convertido en uno de los principales lastres sociales en Guerrero.

Por el contrario, el desprecio con que la Procuraduría ha tratado a la comisión estatal encargada de velar por los derechos humanos, es un mensaje que alienta la desconfianza y pérdida de credibilidad en el órgano responsable de procurar justicia e incrementa el sentir popular de que son las propias autoridades de esa dependencia las que promueven la corrupción y la impunidad.

Más que la pobreza generalizada en el estado o las incesantes protestas sociales que ella genera, ha sido el rubro de seguridad pública y de procuración de justicia el que está creando un clima de intranquilidad y ha sido la falta de voluntad política para atacar este problema la que ha levantado la ola de malestar social acompañada de la dura crítica de los medios nacionales de comunicación no vista de ese tamaño desde los días previos a la caída de Rubén Figueroa Alcocer.

En este contexto se habla de cambios en el gabinete, no obstante que los tiempos no son los más propicios para ello y al parecer más que beneficios vendrían a ser otro factor que podría complicar el entorno político y social. El único cambio plenamente justificado es el del procurador, cuya salida, por cierto, se prolongó innecesariamente, los demás que se rumoran resultan inexplicables si se les mira por el lado de la eficiencia, pues los funcionarios que se dicen serán removidos, han cumplido con la encomienda  no obstante las limitaciones presupuestarias.

Los cambios de servidores públicos no siempre garantizan el mejoramiento y cuando son continuos o se hacen de manera arbitraria no permiten consolidar los programas o proyectos, que si bien pueden tener completamente definidos sus objetivos, acciones y metas, los cambios de criterios, actitudes y aptitudes siempre los afectan, además de que la remoción constante en el gabinete da la impresión de un gobierno en permanente ensayo e improvisación con alta dosis de inestabilidad e inseguridad, con mayor razón cuando los relevos son sólo “enroques” y no se observan caras nuevas.

Existen dos principales causas que originan la ingobernabilidad: la incapacidad para gobernar y la escasez de recursos para atender las demandas sociales, o la mezcla de ambas que sería una razón más. El surgimiento de un escenario muy poco probable de este fenómeno en Guerrero, sería motivado más por la segunda que por la primera causa.

Bien o mal, los niveles mínimos de estabilidad social que el actual gobierno ha logrado, son el resultado de una política interna eficiente que ha evitado que la protesta social estalle en violencia. Existen áreas de gobierno que más que cambios, requieren invariablemente del más absoluto respaldo político. La gobernabilidad no permite que se ensaye, improvise o experimente con ella.