En un año, asesinatos, violaciones y más pobreza en la región indígena de Ayutla

* Asesinato de dirigentes presuntamente en manos de grupos paramilitares, las mujeres me’paa violadas por soldados, militarización de las comunidades, son parte de los hechos del 2001 y lo que va de 2002 * Demandan educación, salud y caminos los pueblos mixtecos y tlapanecos

Maribel Gutiérrez * La Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos (OIPMT) vivió un año más de represión, pobreza, marginación y violaciones a los derechos humanos, dice su coordinador, Arturo Campos Herrera, y señala los casos de las agresiones cometidas por efectivos del Ejército en Barranca Tecuani y Barranca Bejuco, las torturas a campesinos en Roca Colorada y el asesinato de cinco activistas.

Esos atropellos contra los pueblos indígenas de Ayutla en el último año se suman a la falta de respuesta a las demandas de justicia en el caso de la masacre de El Charco y de los 19 indígenas esterilizados con engaños en 1998, dice el dirigente en entrevista, con motivo del 11 Congreso de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 31 de marzo y primero de abril, en la comunidad mixteca de La Palma.

Campos Herrera cumple un año al frente de la Organización, después de que en el décimo Congreso, en el año 2001, cambió por primera vez la dirección, que durante una década estuvo encabezada por el maestro bilingüe Benito Narciso Morales.

Campos Herrera es campesino, mixteco, originario de la comunidad de San Felipe, y trabajaba como director de Desarrollo Rural en el ayuntamiento de Ayutla cuando fue elegido coordinador de la OIPMT, por mayoría de los representantes que asistieron al Congreso del año pasado.

Señala que no tiene asesores que le ayuden a escribir su informe de labores, que lleva al Congreso, en el que se analizarán las demandas principales de los pueblos indígenas de Ayutla, a fin de presentar un pliego petitorio a los gobiernos municipal, estatal y federal.

Entre los principales problemas en el último año, Campos Herrera señala las violaciones a los derechos huumanos cometidas por el Ejército, la falta de escuelas en las comunidades indígenas, y la falta de servicios de salud.

Da ejemplos: en las comunidades indígenas no hay secundaria técnica, algunas comunidades tienen telesecundaria, pero no hay escuelas completas. Tampoco hay un hospital en toda la región indígena, que tiene más de 20 mil habitantes, y los pacientes padecen, además de las enfermedades, los malos tratos que les dan en el Hospital General de Ayutla.

Señaló un caso: “El jueves se murió una niña en el hospital de Ayutla, era hija del compañero Manuel Catarino, nos pidió apoyo para el traslado a San Felipe. No les explicaron qué enfermedad tenía. Los tratan mal”.

En el Congreso participan autoridades, principales (las personas mayores del pueblo) y jóvenes de 40 comunidades mixtecas y tlapanecas.

Los asistentes llevarán las solicitudes de sus pueblos, y decidirán cómo gestionarlas ante el gobierno. Para eso, invitaron a funcionarios de la Secretaría de Salud, de Educación, de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Social, del Instituto Nacional Indigenista, de la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno estatal, y el viernes tenían la intención de invitar al alcalde de Ayutla, Fortino Caballero.

Un año de violencia

El coordinador recuerda los asesinatos de activistas de la Organización en el último año. En esos casos están el de Donaciano González Lorenzo, de la comunidad de Ocote Amarillo, el 8 de enero; Andrés Marcelino Petrona, de El Charco, el 26 de agosto; Severiano Lucas Petra, de La Fátima, el 19 de noviembre del 2000; y Eugenio de Ocotitlán, el 9 de agosto.

“Ellos eran los que participaban más dentro de la Organización, fueron asesinados por personas desconocidas, no hay investigación, exigimos que se castigue a los culpables de todas estas muertes y que se llegue a fondo, queremos saber quién está detrás de esto”, dice el coordinador.

Explica que estos indígenas asesinados eran líderes y por eso piensa en que son asesinatos por motivos políticos.

“A algunos no les parece quizás su trabajo como gestores de las demandas del pueblo. Puede haber mucha gente detrás de todo esto. Puede estar atrás el gobierno. En esta zona hay grupos paramilitares, y no descartamos que ellos hayan cometido esos asesinatos”, manifestó.

Cree que el móvil de esos asesinatos pudo ser tratar de debilitar a la Organización. Y agrega: “Por eso nosotros tenemos miedo, porque sabemos que nos puede suceder lo mismo. No tenemos enemigos personales, subimos a la sierra, pero tenemos miedo de los paramilitares o gente a la que no le convenga nuestro trabajo. Por eso denunciamos que corremos peligro”.

Las mujeres violadas por

soldados

Entre los hechos represivos incluye las recientes violaciones hechas por soldados del 41 Batallón de Infantería del Ejército de las indígenas me’paa Valentina Rosendo Cantú, el 16 de febrero en Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, y el 22 de marzo, de Inés Hernández Ortega, en Barranca Tecuani, municipio de Ayutla.

–¿Crees que estos hechos tengan qué ver con el hostigamiento del Ejército a la Organización?

–Creo que en el primer caso, es porque la comunidad está muy alejada de las cabeceras municipales, en este caso Barranca Bejuco está muy alejada de Acatepec, y está muy marginada. Ahí los soldados aprovechan para hacer maldades. No creo que era una agresión para la Organización.

“Pero ya el segundo caso, pensamos que sí, porque nosotros empezamos a defender a la gente y sucedió otro caso igual, y lo hicieron soldados del mismo Batallón. Puede ser en contra de la Organización. pero la gente está puesta para denunciar lo que pasa en otras zonas. Las comunidasdes mixtecas apoyan a las comunidades tlapanecas que sufrieron esos atropellos”.

Adelantó que se propone que uno de los puntos resolutivos del Congreso sea el apoyo a esas comunidades.

La militarización

A partir de la masacre de El Charco, el 7 de junio de 1998, uno de los problemas de la región indígena de Ayutla es la militarización. Se plantea como un punto del undécimo Congreso pedir la salida de los militares.

En el último año, se denunció, la incursión de tropas del Ejército a la comunidad mixteca de Roca Colorada, el 18 de septiembre de 2001, donde fueron torturados cuatro campesinos, por efectivos militares que querían que dijeran dónde estaban los guerrilleros del EPR o del ERPI.

Después se denunció que en la comunidadv de La Cortina, militares entraron a la casa de un señor para recoger un rifle. En los dos casos fueron tropas del 48 Batallón, con sede en Cruz Grande.

Proyecto de Policías Comunitarios

Se planteará en el Congreso la propuesta de dar más impulso a los Policías Comunitarios, que ya se están formando en la región indígena de Ayutla, pero no les permiten que porten armas y los quieren desarmar.

Señala Arturo Campos que hubo reunión en Cruz Grande, a donde fueron convocados los policías comunitarios, y ahí los jefes militares les dijeron que no se va a permitir que porten armas, sólo toletes.

“No estamos de acuerdo que se termine la Policía Comunitaria, porque sirve para mejorar la seguridad en la zona. Las comunidades de Ayutla quieren seguir el ejemplo de San Luis Acatlán y Malinaltepec, donde la Policía Comunitaria ha acabado con la delincuencia.

“Estamos seguros que es un buen proyecto. Que la gente cuide a sus ciudadanos. Es una tradición de los pueblos indígenas. Estamos en desacuerdo con que desarmen a los policías comunitarios. Respaldamos a los compañeros de San Luis Acatlán. Vamos a entrar con el proyecto de la Policía Comunitaria con más fuerza, no vamos a dejar que los militares vengan a mandar a nuestra zona, aquí tenemos gente honesta que puede estar en este proyecto.

“Además, queremos que el mismo gobierno apoye con una patrulla, transporte, radios de comunicación para mejorar la seguridad en esa zona”.

Afirmó que la falta de seguridad es uno de los mayores problemas de la región indígena, aunque esté llena de militares.

“Los militares no ayudan, sólo intimidan a nuestros compañeros”, afirmó.

Más pobreza

Destacó las demandas de educación y salud. Dijo que se necesita de un hospital arriba, en La Montaña, en la región indígena. Además muchos pueblos todavía no tienen energía eléctrica, faltan brechas en muchos pueblos, y agua entubada hay como en el 60 por ciento de las comunidades.

–¿Hay algún avance contra la pobreza?

–No vemos ningún desarrollo, ningún mejoramiento. Vemos que nuestros compañeros indígenas bajan con sus productos y que no tienen precio, están con el mismo precio de hace cinco o diez años, mientras que la gasolina ha aumentado mucho. Lo que la gente compra en Ayutla es muy caro. Hace cinco años, con lo que vendían compraban más cosas que ahora.

“Este año que pasó hubo sequía, no hubo apoyo a las comunidades. Se perdieron muchas cosechas, algunos pueblos no recogieron nada”.

–Qué hacen para vivir?

–Nuestra gente está emigrando mucho al norte, a Sonora, Guanajuato, o a Estados Unidos.

Sin justicia, en la masacre de

El Charco y los mixtecos

esterilizados

Pertenecen a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos las víctimas de la masacre de El Charco y sus familias. Por eso, desde 1998 una demanda es la justicia y el castigo a los responsables, y la indemnización a las viudas y los huérfanos conforme a la ley.

Arturo Campos Herrera dice que nada se ha cumplido: “El año pasado, el gobierno del estado dio un beneficio a las viudas, pero no como debe de ser. No se han indemizado, sólo les dieron un apoyo, 10 mil pesos, pero esa no es una indemnización. Pedimos que se haga justicia, que se reabra la investigación de la masacre de El Charco y se dé seguimiento para que se castigue a los culpables”.

Tampoco se ha cumplido con la indemnización a los 19 campesinos mixtecos esterilizados en 1998, y señala que después de que se difundió la denuncia de ese caso, se presentaron otros 13 mixtecos que fueron esterilizados en el mismo año, de la comunidad de El Camalote.

Informó que la Secretaría de Salud se ha comunicado con la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero para platicar con los afectados.

“Queremos que se haga justicia. Pedimos castigo a los culpables y que se indemnice a los afectados con la cantidad que fijen ellos”.