Piden 70 organizaciones defensoras del ambiente de México e internacionales el regreso de Marco Suástegui y su libertad

*Explican que el acoso e ilegalidad contra el vocero y otros integrantes del Cecop se debe a la resistencia desde hace 11 años a la imposición de la presa La Parota, en defensa de sus tierras y de sus formas de vida

Redacción

Acapulco

Unas 70 organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente exigieron que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el procurador Iñaky Blanco Cabrera, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, regresen a Marco Antonio Súastegui Muñoz a Guerrero, lo liberen inmediatamente, esclarezcan la violación a su derecho de defensa adecuada y garanticen la protección de su familia y los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop).
Aseguraron que “preocupados por estos hechos” y conscientes de la lucha contra la presa desde hace 11 años, ya comunicaron al Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michel Forst, las circunstancias y la criminalización a la que están sometidos el vocero y los integrantes del Cecop.
Encabezadas por el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos y la Coalición de Organizaciones Mexicanas para el Derecho al Agua, señalaron que el vocero del Cecop fue “brutalmente golpeado” por la Policía Investigadora Ministerial, que de manera inexplicable, ilegal y violatoria a sus derechos fue trasladado el Tepic aunque los delitos de los que se le acusa “no justifican esta medida” ni tiene sustento legal porque “no hay fundamento ni señalamiento directo”.
“Sabemos que Suástegui Muñoz fue brutalmente golpeado por agentes de la Policía Investigadora Ministerial en el momento de su detención y que no puede sostenerse en pie debido a los fuertes golpes que recibió en la columna vertebral y en un pie”, señalaron en un comunicado.
Agregaron que tienen conocimiento de que fue trasladado del penal de Acapulco al de La Unión “inexplicablemente”, de manera ilegal y violatoria de sus derechos, y de ahí enviado al penal federal número 4 de máxima seguridad en Tepec, Nayarit, sin que se tenga claro el motivo del traslado porque los delitos por los que es acusado no lo justifican, lo que viola el derecho a una defensa adecuada como marca el artículo 20 de la Constitución.
Consideraron que “esta situación de acoso e ilegalidad” se debe a la resistencia del Cecop desde hace 11 años contra la imposición de la presa La Parota, en defensa de sus tierras y de sus formas de vida, y recordaron que esto ha merecido la intervención de organismos nacionales e internacionales.
Puntualizaron que han intervenido “el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, del Relator Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada y del Relator Especial sobre la Situación de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas que han evidenciado las violaciones a los derechos humanos a las cuales han sido sometidas las comunidades desde que las autoridades han buscado desarrollar el proyecto”.
Agregaron que a esto se suman las acciones del Cecop para “poner un alto al despojo de material pétreo del río Papagayo” y la “fuerte tensión” con la empresa Gravillera Kimbar que lo acusa de despojo y tentativa de homicidio “aún cuando no hay fundamento ni señalamiento directo” de las tres mujeres involucradas.
Consideraron que “la criminalización a la cual está actualmente sometido el vocero del movimiento” coincide con la denuncia hecha por la ex Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya en 2012, en relación a los peligros que enfrentan los defensores de cuestiones ambientales relacionadas con la industria de extracción y los proyectos de construcción y desarrollo, quienes pueden sufrir atentados, intentos de asesinato, amenazados o detenidos y encarcelados de forma arbitraria.
El pronunciamiento es firmado por la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, el Proyecto Planeta Azul, Food and Water Watch, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, organizaciones latinoamericanas y francesas, defensores de derechos de Guadalajara, Querétaro, Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Puebla, Nayarit, Coahuila, Durango y el Distrito Federal, alianzas de los pueblos, centros de estudios sociales y culturales, sindicatos de trabajadores y el Cecop.
Además, fue enviado al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, al representante en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Javier Hernández Valencia, y al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos.