Demandan 70 organizaciones de México y del mundo la liberación de Suástegui
Piden 70 organizaciones defensoras del ambiente de México
e internacionales el regreso de Marco Suástegui y su libertad
e internacionales el regreso de Marco Suástegui y su libertad
*Explican que el acoso e ilegalidad contra el vocero y otros integrantes del Cecop se debe a la resistencia desde hace 11 años a la imposición de la presa La Parota, en defensa de sus tierras y de sus formas de vida
RedacciónAcapulcoUnas 70 organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente exigieron que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el procurador Iñaky Blanco Cabrera, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, regresen a Marco Antonio Súastegui Muñoz a Guerrero, lo liberen inmediatamente, esclarezcan la violación a su derecho de defensa adecuada y garanticen la protección de su familia y los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop).
Aseguraron que “preocupados por estos hechos” y conscientes de la lucha contra la presa desde hace 11 años, ya comunicaron al Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michel Forst, las circunstancias y la criminalización a la que están sometidos el vocero y los integrantes del Cecop.
Encabezadas por el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos y la Coalición de Organizaciones Mexicanas para el Derecho al Agua, señalaron que el vocero del Cecop fue “brutalmente golpeado” por la Policía Investigadora Ministerial, que de manera inexplicable, ilegal y violatoria a sus derechos fue trasladado el Tepic aunque los delitos de los que se le acusa “no justifican esta medida” ni tiene sustento legal porque “no hay fundamento ni señalamiento directo”.
“Sabemos que Suástegui Muñoz fue brutalmente golpeado por agentes de la Policía Investigadora Ministerial en el momento de su detención y que no puede sostenerse en pie debido a los fuertes golpes que recibió en la columna vertebral y en un pie”, señalaron en un comunicado.
Agregaron que tienen conocimiento de que fue trasladado del penal de Acapulco al de La Unión “inexplicablemente”, de manera ilegal y violatoria de sus derechos, y de ahí enviado al penal federal número 4 de máxima seguridad en Tepec, Nayarit, sin que se tenga claro el motivo del traslado porque los delitos por los que es acusado no lo justifican, lo que viola el derecho a una defensa adecuada como marca el artículo 20 de la Constitución.
Consideraron que “esta situación de acoso e ilegalidad” se debe a la resistencia del Cecop desde hace 11 años contra la imposición de la presa La Parota, en defensa de sus tierras y de sus formas de vida, y recordaron que esto ha merecido la intervención de organismos nacionales e internacionales.
Puntualizaron que han intervenido “el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, del Relator Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada y del Relator Especial sobre la Situación de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas que han evidenciado las violaciones a los derechos humanos a las cuales han sido sometidas las comunidades desde que las autoridades han buscado desarrollar el proyecto”.
Agregaron que a esto se suman las acciones del Cecop para “poner un alto al despojo de material pétreo del río Papagayo” y la “fuerte tensión” con la empresa Gravillera Kimbar que lo acusa de despojo y tentativa de homicidio “aún cuando no hay fundamento ni señalamiento directo” de las tres mujeres involucradas.
Consideraron que “la criminalización a la cual está actualmente sometido el vocero del movimiento” coincide con la denuncia hecha por la ex Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya en 2012, en relación a los peligros que enfrentan los defensores de cuestiones ambientales relacionadas con la industria de extracción y los proyectos de construcción y desarrollo, quienes pueden sufrir atentados, intentos de asesinato, amenazados o detenidos y encarcelados de forma arbitraria.
El pronunciamiento es firmado por la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, el Proyecto Planeta Azul, Food and Water Watch, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, organizaciones latinoamericanas y francesas, defensores de derechos de Guadalajara, Querétaro, Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Puebla, Nayarit, Coahuila, Durango y el Distrito Federal, alianzas de los pueblos, centros de estudios sociales y culturales, sindicatos de trabajadores y el Cecop.
Además, fue enviado al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, al representante en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Javier Hernández Valencia, y al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos.
Aseguraron que “preocupados por estos hechos” y conscientes de la lucha contra la presa desde hace 11 años, ya comunicaron al Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michel Forst, las circunstancias y la criminalización a la que están sometidos el vocero y los integrantes del Cecop.
Encabezadas por el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos y la Coalición de Organizaciones Mexicanas para el Derecho al Agua, señalaron que el vocero del Cecop fue “brutalmente golpeado” por la Policía Investigadora Ministerial, que de manera inexplicable, ilegal y violatoria a sus derechos fue trasladado el Tepic aunque los delitos de los que se le acusa “no justifican esta medida” ni tiene sustento legal porque “no hay fundamento ni señalamiento directo”.
“Sabemos que Suástegui Muñoz fue brutalmente golpeado por agentes de la Policía Investigadora Ministerial en el momento de su detención y que no puede sostenerse en pie debido a los fuertes golpes que recibió en la columna vertebral y en un pie”, señalaron en un comunicado.
Agregaron que tienen conocimiento de que fue trasladado del penal de Acapulco al de La Unión “inexplicablemente”, de manera ilegal y violatoria de sus derechos, y de ahí enviado al penal federal número 4 de máxima seguridad en Tepec, Nayarit, sin que se tenga claro el motivo del traslado porque los delitos por los que es acusado no lo justifican, lo que viola el derecho a una defensa adecuada como marca el artículo 20 de la Constitución.
Consideraron que “esta situación de acoso e ilegalidad” se debe a la resistencia del Cecop desde hace 11 años contra la imposición de la presa La Parota, en defensa de sus tierras y de sus formas de vida, y recordaron que esto ha merecido la intervención de organismos nacionales e internacionales.
Puntualizaron que han intervenido “el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, del Relator Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada y del Relator Especial sobre la Situación de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas que han evidenciado las violaciones a los derechos humanos a las cuales han sido sometidas las comunidades desde que las autoridades han buscado desarrollar el proyecto”.
Agregaron que a esto se suman las acciones del Cecop para “poner un alto al despojo de material pétreo del río Papagayo” y la “fuerte tensión” con la empresa Gravillera Kimbar que lo acusa de despojo y tentativa de homicidio “aún cuando no hay fundamento ni señalamiento directo” de las tres mujeres involucradas.
Consideraron que “la criminalización a la cual está actualmente sometido el vocero del movimiento” coincide con la denuncia hecha por la ex Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya en 2012, en relación a los peligros que enfrentan los defensores de cuestiones ambientales relacionadas con la industria de extracción y los proyectos de construcción y desarrollo, quienes pueden sufrir atentados, intentos de asesinato, amenazados o detenidos y encarcelados de forma arbitraria.
El pronunciamiento es firmado por la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, el Proyecto Planeta Azul, Food and Water Watch, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, organizaciones latinoamericanas y francesas, defensores de derechos de Guadalajara, Querétaro, Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Puebla, Nayarit, Coahuila, Durango y el Distrito Federal, alianzas de los pueblos, centros de estudios sociales y culturales, sindicatos de trabajadores y el Cecop.
Además, fue enviado al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, al representante en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Javier Hernández Valencia, y al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos.
No está justificado el traslado de Suástegui ni hay pruebas del peligro a su seguridad en Acapulco, responde TlachinollanEl abogado del vocero del Cecop, Vidulfo Rosales, señala que con el traslado a Nayarit, el gobierno del estado busca entorpecer la defensa y alejarlo de su familia y de sus compañeros
RedacciónAcapulcoEl abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que el traslado del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Súastegui Muñoz, no está justificado en el expediente, en ningún momento su integridad estuvo en peligro por permanecer en un penal en Guerrero ni hay pruebas que lo avalen, sino que el gobierno estatal trata de entorpecer su defensa, alejarlo de su familia e imponerle “un castigo ejemplar” como ha hecho con otros luchadores sociales.
Señaló que urge que el Poder Judicial de la Federación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hagan contrapeso porque el gobierno “dizque de izquierda” de Ángel Aguirre Rivero está reeditando “esquemas represivos” de la década de los 70 para encarcelar en penales de máxima seguridad a opositores políticos violando sus derechos y sin que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos estatal (Codehum) intervenga.
Consultado vía telefónica, reiteró que el traslado a Tepic, Nayarit fue ilegal, desestabilizó a la defensa y los abogados continúan sin saber qué juzgado está resolviendo la situación jurídica ni pueden hablar con el vocero, y hoy partirán en su búsqueda.
Sobre las declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, de que corresponderá a un juez definir si hubo desacato del amparo que solicitó la defensa y que fue “por su seguridad”, Rosales Sierra dijo que no está justificado en el expediente, en el oficio al juzgado no se explican las causas, ni hay elementos objetivos o pruebas para acreditar que su presencia en un penal del estado lo ponía en riesgo.
“Son apreciaciones subjetivas que tiene, que hace el secretario de Seguridad Pública; evidentemente, el traslado representa una complicación a los derechos de defensa adecuada y a los derechos de familia”, señaló el defensor, y expuso que desde 2012 la Corte Interamericana Derechos Humanos (CIDH) estableció que los traslados a largas distancias del domicilio violan los derechos humanos “más allá de la argumentación que ellos quieran dar”.
Dijo que el traslado se le impuso “como un castigo ejemplar” por su posición política, su liderazgo, por tener una voz disidente y de lucha por los derechos de los pueblos de Cacahuatepec que resisten el proyecto de La Parota y los “saqueos” de empresarios al río Papagayo.
Explicó que por vía del amparo existente van a cuestionar y reclamar la ilegalidad del traslado y confió en que el Poder Judicial de la Federación, por medio de los juicios de amparo, haga un análisis exhaustivo porque urge que ponga atención en estas graves violaciones, porque se están utilizando indebidamente los penales de máxima seguridad, que son para delincuentes de alta peligrosidad y no para luchadores sociales.
Recordó que el caso de Marco Antonio Suástegui es “el más aparatoso, el más violento”, pero no es el único sino que el gobierno estatal ha actuado de igual forma para trasladar a luchadores sociales y dirigentes como los de la CRAC.
“El gobierno del estado reedita los esquemas represivos que se vivieron (incluso en la etapa de Porfirio Díaz cuando el penal de Lecumberri, de San Juan de Ulúa) en la etapa de los años setentas, cuando se utilizaban para llevar a todos los opositores políticos”, señaló y consideró que la CNDH, la Codehum y los jueces de distrito pueden constituir un control para que obliguen a la autoridad a regresar al vocero a Acapulco.
Sin embargo, lamentó que el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, diga que no pudieron ver el estado en que se encontraba Suástegui Muñoz porque cuando el visitador y la médica llegaron a La Unión ya no estaba, porque es evidente que se hizo para obstaculizar sus derechos y violando los tratados de la CIDH.
Señaló que tras la detención y ante el total hermetismo del gobierno, la defensa pidió la intervención de Navarrete Magdaleno para ubicar al vocero del Cecop, pero textualmente dijo “que estaba imposibilitado para conseguir información”.
Además, criticó el “acto desproporcionado de despliegue” de 200 efectivos del Ejército, la Marina, policías estatales y municipales, como informó el secretario de Seguridad Pública Estatal, que resguardan los pozos de la CAPAMA en el río Papagayo para evitar que sean tomados por los comuneros, y que además invade el territorio indígena.
“El presidente de Acapulco y el gobernador del estado de Guerrero debieran de utilizar ese despliegue policial para revertir los problemas de inseguridad que tanto padecen en Acapulco y que tanto padecen en el estado de Guerrero, la Tierra Caliente, es incontrolable la inseguridad pública”, exigió.
Señaló que urge que el Poder Judicial de la Federación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hagan contrapeso porque el gobierno “dizque de izquierda” de Ángel Aguirre Rivero está reeditando “esquemas represivos” de la década de los 70 para encarcelar en penales de máxima seguridad a opositores políticos violando sus derechos y sin que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos estatal (Codehum) intervenga.
Consultado vía telefónica, reiteró que el traslado a Tepic, Nayarit fue ilegal, desestabilizó a la defensa y los abogados continúan sin saber qué juzgado está resolviendo la situación jurídica ni pueden hablar con el vocero, y hoy partirán en su búsqueda.
Sobre las declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, de que corresponderá a un juez definir si hubo desacato del amparo que solicitó la defensa y que fue “por su seguridad”, Rosales Sierra dijo que no está justificado en el expediente, en el oficio al juzgado no se explican las causas, ni hay elementos objetivos o pruebas para acreditar que su presencia en un penal del estado lo ponía en riesgo.
“Son apreciaciones subjetivas que tiene, que hace el secretario de Seguridad Pública; evidentemente, el traslado representa una complicación a los derechos de defensa adecuada y a los derechos de familia”, señaló el defensor, y expuso que desde 2012 la Corte Interamericana Derechos Humanos (CIDH) estableció que los traslados a largas distancias del domicilio violan los derechos humanos “más allá de la argumentación que ellos quieran dar”.
Dijo que el traslado se le impuso “como un castigo ejemplar” por su posición política, su liderazgo, por tener una voz disidente y de lucha por los derechos de los pueblos de Cacahuatepec que resisten el proyecto de La Parota y los “saqueos” de empresarios al río Papagayo.
Explicó que por vía del amparo existente van a cuestionar y reclamar la ilegalidad del traslado y confió en que el Poder Judicial de la Federación, por medio de los juicios de amparo, haga un análisis exhaustivo porque urge que ponga atención en estas graves violaciones, porque se están utilizando indebidamente los penales de máxima seguridad, que son para delincuentes de alta peligrosidad y no para luchadores sociales.
Recordó que el caso de Marco Antonio Suástegui es “el más aparatoso, el más violento”, pero no es el único sino que el gobierno estatal ha actuado de igual forma para trasladar a luchadores sociales y dirigentes como los de la CRAC.
“El gobierno del estado reedita los esquemas represivos que se vivieron (incluso en la etapa de Porfirio Díaz cuando el penal de Lecumberri, de San Juan de Ulúa) en la etapa de los años setentas, cuando se utilizaban para llevar a todos los opositores políticos”, señaló y consideró que la CNDH, la Codehum y los jueces de distrito pueden constituir un control para que obliguen a la autoridad a regresar al vocero a Acapulco.
Sin embargo, lamentó que el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, diga que no pudieron ver el estado en que se encontraba Suástegui Muñoz porque cuando el visitador y la médica llegaron a La Unión ya no estaba, porque es evidente que se hizo para obstaculizar sus derechos y violando los tratados de la CIDH.
Señaló que tras la detención y ante el total hermetismo del gobierno, la defensa pidió la intervención de Navarrete Magdaleno para ubicar al vocero del Cecop, pero textualmente dijo “que estaba imposibilitado para conseguir información”.
Además, criticó el “acto desproporcionado de despliegue” de 200 efectivos del Ejército, la Marina, policías estatales y municipales, como informó el secretario de Seguridad Pública Estatal, que resguardan los pozos de la CAPAMA en el río Papagayo para evitar que sean tomados por los comuneros, y que además invade el territorio indígena.
“El presidente de Acapulco y el gobernador del estado de Guerrero debieran de utilizar ese despliegue policial para revertir los problemas de inseguridad que tanto padecen en Acapulco y que tanto padecen en el estado de Guerrero, la Tierra Caliente, es incontrolable la inseguridad pública”, exigió.
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