Exige Adela Román cesar a funcionario acusado de traficar plazas en la SPV

* No alcanza el presupuesto para incorporar a la Preventiva a los policías rurales, afirma la secretaria de Protección y Vialidad

Cristina Sierra * Durante la comparencia a puerta cerrada del lunes por la noche de la secretaria de Protección y Vialidad, María de los Angeles Nava Rojas, síndica procuradora, Adela Román Ocampo, exigió el cese del coordinador administrativo por tráfico y venta de plazas en la dependencia.

Regidores de PRI y PAN se retiraron de la sala de cabildo, donde se llevó a cabo la sesión privada –a la que no se permitió el acceso a la prensa y que duró cerca de tres horas– “porque no estuvieron de acuerdo con la actitud complaciente de la sindica Adela Román Ocampo”.

El panista Guillermo Cisneros Chegüe mencionó a El Sur que se sintió a disgusto en la comparecencia, pues “al parecer hay una buena relación entre la sindica Adela Román y la secretaria María de los Angeles Nava”, y reiteró “que así como le dio oportunidades a la actual secretaria, así lo debió hacer con  el ex secretario José Fernando Rodríguez Trujillo, pues ahora su actitud fue muy complaciente”.

Mencionó que así como él, también se retiraron los regidores priístas René Morales Barrientos, Julio César Bello Vargas y  Roberto Balbuena Naves. Sin embargo, se quedaron los regidores perredistas Yolanda Villaseñor Landa, Javier Secundino Sánchez, Marco Antonio López García, Manuel Abelardo Rivera, Avelina López Rodríguez  y la sindica Gloria Sierra López.

Asimismo, la sindica Adela Román solicitó “el cese total” de Juan Carlos Sánchez Castañón, coordinador administrativo de la SPV, por la venta de plazas de policías preventivos y agentes de Tránsito, quién además ha sido denunciado públicamente de acoso sexual a mujeres policías.

Durante su comparecencia, María de los Angeles Nava hizo un informe de los cinco meses que lleva al frente de la Secretaría, aunque no especificó su programa de trabajo desde que comenzó su labor.

Los temas que se abordaron fueron la seguridad en la zona urbana y la necesidad de incluir a los policías rurales como parte de la Policía Preventiva, a lo cual la titular dijo que esos elementos no son considerados policías y no tienen licencias de portación de armas, y que el presupuesto no alcanzaba para incorporarlos.

El panista Guillermo Cisneros solicitó los resultados del examen antidoping a los agentes de la SPV para cesarlos, pero la secretaria dijo que el reglamento le impide hacer mención de quiénes dieron positivo.

Otro aspecto fue la disparidad de las multas entre el transporte público y el privado. Además se le cuestionó el método para nombrar a los peritos de Tránsito, que en muchos casos tratan de salir beneficiados en los accidentes.