Debe el gobierno estatal dar información objetiva de la detención de Suástegui: Garfias
*De las declaraciones de líderes nacionales del PRD de que la presa La Parota se tiene que hacer, el arzobispo indicó que la condición siempre debe ser que se considere la opinión de los pobladores y que se demuestre que se dan las condiciones de sustentabilidad ambiental
Aurora Harrison
El arzobispo Carlos Garfias Merlos dijo que el gobierno del estado debe de dar información objetiva sobre el motivo para la detención del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, y el porqué de su traslado a un penal de Nayarit.
En conferencia de prensa, el arzobispo indicó que la iglesia reconoce la laicidad del estado ante la discusión que se ha dado sobre la despenalización del aborto, y que es deseable que se reconozca la pluralidad de las ideas y que propicie el diálogo democrático en la discusión de asuntos públicos como esta iniciativa.
Un reportero pidió su opinión del pronunciamiento de dirigentes del PRD porque se haga la presa La Parota, en una aparente alusión a declaraciones del fundador de ese partido Cuahtémoc Cárdenas y del aspirante a la dirigencia nacional Carlos Navarrete, y respondió que “si las autoridades retoman las investigaciones y toman las opiniones de pobladores, si no se dan las condiciones de sustentabilidad terminar con esa posibilidad”.
Sobre la detención de Suástegui Muñoz indicó que “tenemos que darle seguimiento y conocer la información objetiva; en ese sentido será muy valioso pedir a las autoridades la información con la mayor objetividad posible, cuál es el estado tanto de la detención y en relación a su traslado, todo lo que se está realizando”.
Garfias Merlos argumentó que es importante tener información para en su momento interpretar ante un tema delicado, por la persona que se encuentra detenida como por la identificación con los líderes sociales que son representativos en Guerrero, y la vinculación del Cecop con el proyecto de la presa La Parota.
Un reportero recordó que luego de la detención de Suástegui Muñoz hubo pronunciamientos de líderes nacionales del PRD en el sentido de que la presa se tiene que hacer y que era recomendable que se construyera, a lo que el arzobispo respondió que “el tema de La Parota si se retoma tendrá que hacerse de acuerdo con el estudio e investigación que se ha realizado, yo creo que no es en razón de la presencia o no de un líder, en este caso del Cecop, sino en razón de tener los pro y contra y hacer el diálogo pertinente”.
Agregó: “debe de hacerse el planteamiento y si se dan las condiciones de sustentabilidad se podrá rehacer el proyecto, si no definitivamente que se acabe con esa posibilidad porque es un tema que se tiene que resolver lo más pronto posible, no es tema del parecer de un grupo sino de acuerdo con todos los procedimientos que deben aplicarse ante un proyecto de tanta trascendencia” que puede tener beneficios y perjuicios.
Al preguntarle si consideraba que no eran delito los señalamientos contra el vocero del Cecop de impedir el paso a las gravilleras y dejar sin agua a Acapulco, a lo que el arzobispo respondió que si la detención “fue un seguimiento a las denuncias formalizadas por algunas razones válidas… no podemos desde afuera emitir juicios, dar una sentencia, hay que aceptar los procesos institucionales y los procedimientos establecidos”.
En su comunicado, sobre la iniciativa de despenalización del aborto en la que se invoca a un estado laico, declaró que “la Iglesia reconoce la laicidad que define el carácter del comportamiento del estado laico con las confesiones religiosas y se sustenta en dos principios fundamentales: el primero el estado tiene que observar la más estricta neutralidad en la relación de las confesiones religiosas, y el segundo las iglesias no pueden ejercer autoridad sagrada sobre el poder político”.
Agregó que el estado tiene que procurarse un marco jurídico que haga posible la libertad de conciencia en el contexto de una sociedad abierta y plural, pero que si por estado laico se entiende a la separación real entre iglesia y el estado, por la autonomía de las realidades seculares como la política, la cultura, la educación, economía, con respecto a las instrucciones religiosas, más no de los valores morales universales arraigados en la naturaleza humana comprendidos por la razón humano, “estamos en la vía del respeto a la verdadera pluralidad y el enriquecimiento de la sociedad democrática”.
“Es deseable que se reconozca en el estado laico la pluralidad de ideas y se priorice el diálogo democrático en la discusión de asuntos públicos como lo es esta iniciativa. El respeto a la pluralidad de las posiciones fortalece la vida democrática y en este sentido es legítima la opinión de todos, incluidas las iglesias, en los procesos legislativos”, dijo.
Durante su conferencia el arzobispo habló de la Basílica de Guadalupe, donde estuvieron más de mil 500 peregrinos que caminaron desde la glorieta de Peralvillo hasta el templo y allí presentaron las dolencias de familias guerrerenses, como las que siguen a la intemperie por las lluvias del año pasado y los desplazados de las regiones de la sierra.
Además de los asesinados, de los secuestrados y de los desaparecidos, las familias indígenas que siguen postradas desde siglos, las familias que arrastran penas generadas por el desempleo, la emigración y la falta de oportunidades.
E indicó que la Iglesia quiere asegurar el compromiso con las familias guerrerenses de llevarles el Evangelio y la alegría.
Sobre el enfrentamiento en San Luis Acatlán entre miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que dirige Abad García García, y los afines de Eliseo Villar Castillo, Garfias Merlos lamentó el incidente que dejó un muerto, y consideró que debe intervenir el gobierno para que haya diálogo.
Agregó que se tiene que “poner mucho empeño en el diálogo y en resolver el conflicto entre esos dos grupos de la CRAC, porque pienso que la trayectoria que ha tenido la Policía Comunitaria como un proyecto importante de participación ciudadana y de colaboración en las comunidades en torno a la seguridad puede desvirtuarse, y será muy oportuna la intervención del gobierno”.




